La nueva Ley Ambiental de la Ciudad de México, aprobada en el Congreso capitalino este 13 de junio, ha generado cuestionamientos entre colectivos y activistas.
La iniciativa fue promovida por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, en marzo de este año y aprobada por mayoría con 39 votos a favor y 11 votos por las y los diputados locales, para sustituir a Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que llevaba casi 25 años vigente.
Entre las organizaciones sociales que han criticado la nueva ley está el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBCA), el Colectivo Claudia Cortés y Suma Urbana.
Una de las fallas señaladas está en el mismo proceso de su elaboración, pues dicha ley no fue consultada con pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, pese a que este derecho se establece en el Artículo 59 de la Constitución capitalina.
“¿Cómo es posible que una ley que incide en el suelo de conservación y en los territorios de los pueblos cuyos bosques, ríos, canales, chinampas contribuyen a la preservación de los derechos medioambientales de los habitantes de toda la ciudad, no haya sido siquiera puesta a consulta previa con los pueblos, barrios y núcleos agrarios?
“No existieron ni siquiera foros públicos, avisos, sobre la discusión de esta ley. Mucho menos, la consulta indígena prevista a nivel constitucional”, se pronunció el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios en un comunicado tras la aprobación.
La Ley Ambiental no incluye la realización de una consulta indígena a pueblos y barrios originarios como requisito para autorizar megaproyectos.
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) solo deberá realizar una consulta vecinal, sin embargo esta será pagada por la misma empresa que busca construir el desarrollo y encargada a una empresa consultora, lo que de acuerdo con las organizaciones opositoras puede comprometer los resultados.
De ser rechazado el proyecto por los vecinos y no llegar a un acuerdo, la ley no impide a la Sedema autorizar el proyecto.
La Secretaría del Medio Ambiente también podrá autorizar a privados o entes públicos para el "el uso, goce, aprovechamiento y en su caso explotación" de espacios en inmuebles y zonas dentro de Áreas Naturales Protegidas, de Valor Ambiental, Áreas Verdes, Suelo de Conservación y unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, según establece el Artículo 88.
Los cambios de uso de suelo en Suelo de Conservación, así como en obras públicas que se realicen en Áreas Naturales Protegidas, se podrán autorizar sin hacer una evaluación de impacto ambiental, en los casos que se especifiquen en el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, de acuerdo con el Artículo 46 de la nueva ley. En la legislación anterior, esta evaluación era obligatoria en todos los casos.
Se elimina de la nueva legislación el artículo que limitaba el derribo de árboles en Suelo de Conservación, Áreas de Valor Ambiental y Áreas Naturales Protegidas, que antes se aplicaba solo en para proteger la vida de las propias planteas, personas o animales, o para la prevención de incendios.
También se elimina la protección de la ley anterior en la que se obligaba a conservar la extensión del Suelo de Conservación así como de las áreas verdes –parques, jardines, alamedas y arboledas– y estas de ser modificadas tendrían que compensarse en un área similar.
La Ley Ambiental deja incertidumbre, pues no se menciona que se mantenga vigente el Programa de Ordenamiento Ecológico, mientras se expide el Programa General de Ordenamiento Territorial, el cual el Gobierno capitalino ha intentado aprobar desde 2022, sin embargo los proyectos han sido rechazados por organizaciones sociales.
