Ella es el sostén económico de su familia compuesta por su hijo de 17 años, quien estudia la preparatoria en casa, así como de su madre de 85 años, quien requiere de un tanque de oxígeno para poder respirar, pues padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
Sin poder llegar a un acuerdo con su arrendador, sin dinero para la mudanza, menos para rentar otro espacio, pues desde hace casi dos años vive al día, María Amparo, buscó algún apoyo del Gobierno de la Ciudad de México para personas en su situación.
“Yo que soy la responsable de esta familia tengo mucho miedo de no saber dónde ir, es difícil y estresante no saber dónde vas a quedar porque no tienes recurso para irte a otra vivienda.
“Nos sentimos tristes, descobijados, desprotegidos porque no sabemos dónde vamos a quedar y aquí hemos hecho una vida”, expresa María.
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Se acercó a la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), quienes la han apoyado para defenderse ante el juicio civil de desalojo en su contra.
La organización ha ido más allá, al obtener un amparo que instruye a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a atender a personas que ante la pandemia de COVID-19 no han podido seguir pagando la renta de su vivienda.