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Tras 40 años rentando, una familia se encuentra en riesgo al perder su ingreso

María Amparo era empleada antes de la pandemia, tras perder su empleo, ahora podría ser desalojada con su familia; su caso podría generar que el gobierno emita una política para personas vulnerables.
dom 11 septiembre 2022 07:00 AM
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Pese a las peticiones desde la sociedad civil, en la Ciudad de México no se han implementado subsidios ni moratorias a desalojos, sólo se tiene registro de una invitación hecha por Sheinbaum, en marzo de 2020, para que los caseros retrasaran el cobro de rentas.

María Amparo está por perder el hogar en el que ha vivido durante 40 años en la Colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, al no poder pagar la renta al quedarse sin ingresos por la pandemia de COVID-19. Como trabajadora independiente del sector bancario, los proyectos para los que la contrataban disminuyeron con el inicio de la emergencia sanitaria en marzo de 2020, a tal grado que en el último año solo ha cobrado por un proyecto.

“Con un proyecto al año no comes. Para poder sobrevivir he pedido ayuda de familiares, amigos, como se ha podido y la pequeña pensión que tiene mi mamá. Les pedía que me esperaran, todavía hice pagos de buena fe en diciembre (de 2020) cuando tuve un ingreso, pagué un mes y ya me habían demandado pero yo no sabía, hasta que me llegó la notificación”, dice a Expansión Política.

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Ella es el sostén económico de su familia compuesta por su hijo de 17 años, quien estudia la preparatoria en casa, así como de su madre de 85 años, quien requiere de un tanque de oxígeno para poder respirar, pues padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Sin poder llegar a un acuerdo con su arrendador, sin dinero para la mudanza, menos para rentar otro espacio, pues desde hace casi dos años vive al día, María Amparo, buscó algún apoyo del Gobierno de la Ciudad de México para personas en su situación.

“Yo que soy la responsable de esta familia tengo mucho miedo de no saber dónde ir, es difícil y estresante no saber dónde vas a quedar porque no tienes recurso para irte a otra vivienda.

“Nos sentimos tristes, descobijados, desprotegidos porque no sabemos dónde vamos a quedar y aquí hemos hecho una vida”, expresa María.

Se acercó a la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), quienes la han apoyado para defenderse ante el juicio civil de desalojo en su contra.

La organización ha ido más allá, al obtener un amparo que instruye a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a atender a personas que ante la pandemia de COVID-19 no han podido seguir pagando la renta de su vivienda.

 

Roberto Fraga Jiménez, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, determinó que la jefa de Gobierno debe realizar una evaluación de la situación actual de la población vulnerable respecto a su derecho a la vivienda.

La mandataria también debe generar la política correspondiente a fin de prevenir y mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia en personas inquilinas de la capital, señala la sentencia del juicio de amparo 567/2021-VI.

Mientras, el titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, debe realizar un análisis y difundir información sobre los efectos de generados en el acceso a la vivienda de arrendamiento e incrementos en desalojos, con motivo de la pandemia.

Pese a las peticiones desde la sociedad civil, en la Ciudad de México no se han implementado subsidios ni moratorias a desalojos, sólo se tiene registro de una invitación hecha por Sheinbaum, en marzo de 2020, para que los caseros retrasaran el cobro de rentas.

“En otros países se han implementado una serie de políticas de defensa a las personas inquilinas; el juez, justamente, notando que en la Ciudad de México eso no ha pasado solicita que la jefa de Gobierno analice la situación de las personas vulnerables en relación con el derecho a la vivienda y emita una política específica porque la pandemia, de manera formal, no ha terminado”, señala Maria Silvia Emanuelli, coordinadora de HIC-AL en México.

 

“Es una solicitud que hacemos a la ciudad desde el inicio de la pandemia, decidimos defender a esta persona porque nos parece que se encuentra en una situación muy grave que ejemplifica la de muchas otras personas, pero nuestro planteamiento inicial, a nivel federal incluso, fue una posible moratoria de desalojos y otras medidas”, agrega.

La abogada Carla Escoffié, quien litigó el amparo, señala que la omisión de las autoridades constituye una violación a los derechos humanos de vivienda y salud frente al COVID-19, en especial luego de que el relator especial de la ONU, Leilani Farha, definió la vivienda como la primera línea de lucha contra la pandemia en 2020 y llamara a los gobiernos nacionales y locales a tomar medidas para su garantía.

“Todas estas autoridades tenían distintas facultades para atender este tipo de situación de la pandemia, evidentemente no hay una ley que preveía la existencia de este fenómeno pero sí tenían la facultad de atender a grupos vulnerables ante situaciones contingentes o de emergencia que pudiesen afectar el acceso a la vivienda así como la salud y la posibilidad de establecer programas de vivienda emergentes.

“Consideramos que estas omisiones por parte de las autoridades constituyen una violación al derecho a la vivienda”, sostiene.

Con el tiempo en contra, familias como la de María Amparo esperan una respuesta de las autoridades ante el riesgo de perder sus hogares.

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