El impuesto del 2% que debían generar aplicaciones de reparto como Amazon, Uber Eats, Rappi, Didi y Mercado Libre en la Ciudad de México se encuentra sin aplicar.
La nueva contribución, propuesta por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y aprobada por el Congreso capitalino, se esperaba aplicar desde el 1 de enero al ser incluida en el Código Fiscal 2022 de la ciudad; sin embargo, la oposición de empresas e incluso repartidores han dejado este impuesto en el limbo.
“La mayor parte de estas aplicaciones se lleva sus ganancias fuera del país y no deja nada en México, entonces es justamente a eso donde se está aplicando, es algo que incluso a nivel internacional se está planteando.
“No es ni a los establecimientos y menos a los trabajadores y menos a los usuarios, es sobre las ganancias, que son alrededor del 40% –imagínense– lo que se paga que sale fuera del país”, defendió Sheinbaum el 6 de diciembre de 2021, antes de la aprobación de la iniciativa.
En febrero, la mandataria indicó que dicho impuesto aún no se aplicaba debido a que la secretaría de Administración y Finanzas capitalina debe publicar primero los lineamientos.
Este jueves Sheinbaum sostuvo que aún se mantiene la pelea contra los amparos interpuestos por algunas de las empresas más grandes de aplicaciones de reparto como Uber, Rappi y Didi.
“Son dos temas los que estamos haciendo: por un lado estamos hablando de las aplicaciones grandes, de las transnacionales, que tengan este 2% y por otro lado estamos trabajando junto a Secretaría del Trabajo Federal para garantizar que todos los trabajadores de las aplicaciones telefónicas tengan seguridad social, esas son las dos rutas por las que estamos yendo.
“Hay amparos y los estamos litigando”, respondió la jefa de Gobierno al ser cuestionada por Expansión Política en conferencia de prensa este 12 de mayo.
La capital no reportó ingresos por el impuesto para apps entre enero y marzo en el Informe de Avance Trimestral publicado por la Secretaría de Finanzas, pese a que fue aprobado en el Congreso capitalino en diciembre pasado y entraría en vigor el 1 de enero con el Código Fiscal 2022.
El impuesto ha encontrado oposición por varios frentes: asociaciones empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las empresas que interpusieron amparos en contra y los propios repartidores, quienes tocaron las puertas de diferentes instancias para pedir que no se aplicara el impuesto.
Saúl Gómez, vocero de Ni Un Repartidor Menos, explica que el rechazo de los repartidores surge al considerar que esto hará aún más difíciles sus condiciones de trabajo, pues desde el inicio del año han visto una baja en los ingresos de los repartidores que trabajan en motocicleta y bicicleta de entre un 20% y 30%, mientras para quienes reparten a pie ha alcanzado hasta un 80%.
“No nos estás quitando el 2% pero nos estás pagando cada vez menos. (…) Hay una baja de pedidos en este momento, para Uber hay un problema muy grande. Por ejemplo, los compañeros caminantes –que reparten a pie– no están recibiendo pedidos, los compañeros de otras modalidades están recibiendo más pedidos que ellos.
“Con este impuesto también de alguna manera pierden los pequeños restaurantes porque ellos pagan por estar en la plataforma”, señala en entrevista.
Integrantes de Ni Un Repartidor Menos acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde no aceptaron su amparo, pero sí fue aceptado en Tribunales de Distrito de la Ciudad de México, además de presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Comisión Nacional de Derechos de Humanos (CNDH), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred).
Federico Döring, diputado del PAN e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considera que desde el inicio la propuesta de impuesto para aplicaciones fue planteada de forma errónea, además sigue sin presentarse la iniciativa para dar un marco legal al trabajo a través de aplicaciones.
“No han logrado diseñar un mecanismo en el cual sea yo el que absorba el sobrecosto y no que lo trasladen al repartidor. También está pendiente todo lo que prometió José Luis Rodríguez (Díaz de León), como secretario del Trabajo se llenó la boca diciendo que el Gobierno iba a mandar una iniciativa para que tuvieran condiciones laborales dignas, seguridad social y tampoco llegó, se dedicó a la Revocación de Mandato.
“Quizá sea parte de la explicación, que el Gobierno de la ciudad dejó de existir esas semanas”, comenta el legislador de oposición.
Por su parte Polimnia Romana Sierra, diputada del PRD y quien logró incluir en el Código Fiscal que ese 2% no podía ser cobrado a los repartidores, considera que la medida fue una improvisación que difícilmente podrá ser aplicada.
“No podemos saber cuándo se va a aplicar porque no sólo parece que el Gobierno no lo tenía planeado, sino que no es muy transparente y ya lo hemos visto en otros casos. Lo que me queda claro es que este impuesto se lo sacaron de la manga en diciembre, porque si hubiera sido algo que ellos hubieran planeado, que hubieran por lo menos hecho el ejercicio de cuántas aplicaciones, cuántos repartidores, cuántas entregas, tendrían que tener un estimado.
“Si hubiera estado planeado desde el día 1 de enero estaría por lo menos echado a andar, pero es evidente que ni está echado a andar los mecanismos de cobro y mucho menos el cobro”, apunta la legisladora en entrevista.
El Gobierno capitalino proyectaba recaudar entre 100 y 200 millones de pesos al año por el impuesto a apps, según una entrevista dada por Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico capitalino, a Reuters en enero de este año, algo que no ha sucedido.
