La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) permite a una persona embarazada no continuar con la gestación a través de un procedimiento médico sólo por decisión propia hasta las 12 semanas (tres meses).
En contraste, la Interrupción Voluntaria del Embarazo establecía hasta 20 semanas (cinco meses) para solicitar este procedimiento en casos de violación, sin necesidad de que se presentaran pruebas o una denuncia formal por el delito, de acuerdo con el artículo 6 del proyecto de decreto.
La legislación fue aprobada el pasado 29 de abril tras una hora de debate pues los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) intentaron retirar la posibilidad de realizar un aborto en la vigésima semana de gestación, al considerar que ponía en riesgo la vida de la persona embarazada.
Organizaciones como GIRE, Fondo María e Ipas México, dedicadas a la defensa de los derechos reproductivos y de las mujeres, también rechazaron la ley pero desde una perspectiva distinta al considerarla un retroceso a los derechos humanos.
