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La CDMX encabeza juicios de extinción de dominio, pero las condenas van lentas

El asesinato de dos menores de origen mazahua en una vecindad del Centro Histórico puso en la mira de nuevo los inmuebles usados por el crimen organizado en la CDMX.
dom 22 noviembre 2020 11:59 PM
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Los juicio de extinción de dominio promovidos por la CDMX, sin resultados.

Restos de sangre en el cuarto de una vecindad fue la prueba con la que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) confirmó que el número 86 de República de Cuba es el lugar donde Alan Yahir de 12 años y Héctor Efraín de 14 años fueron torturados, asesinados y descuartizados.

Con un altar a la Virgen de Guadalupe en el patio y cables eléctricos colgando de los barandales, así como cuartos con techos de lámina improvisados en la azotea, desde hace años corría en esta vecindad el rumor de que alguno de los vecinos era parte de la Unión de Tepito.

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Este crimen ha puesto la atención sobre el uso de las vecindades del Centro Histórico como puntos de operación de grupos crimen organizado en la capital, que son usadas desde espacios para ocultarse de las autoridades, distribuir drogas y, en este caso, cometer homicidios.

La Ciudad de México es la entidad con más juicios de extinción de dominio ha promovido en el país, en un intento de debilitar al crimen organizado para despojarlo de bienes hasta el 31 de julio, de acuerdo con el informe presentado ante el Senado por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha iniciado 16 juicios, adelante del Estado de México con 14 procesos y Guanajuato con 10 desde que se puso en marcha la Ley Nacional de Extinción de Dominio en agosto de 2019.

Sin embargo, un año más tarde de los juicios iniciados por la Fiscalía capitalina 14 se encuentran en trámite, dos en desestimiento por considerar que el bien no representa un interés económico para el Estado y ninguno ha alcanzado sentencia.

Los juicios iniciados por la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio capitalina son por el equivalente a 33 millones 14,867 pesos en bienes y representan el 35% de los 46 que se han iniciado en todo el país en todo un año.

Este tipo de herramientas son útiles para contener el crecimiento de las organizaciones criminales y debilitarlas, pues no basta con realizar la detención de miembros o líderes sino que es necesario perseguir su riqueza, sostiene Octavio Martínez Camacho, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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“Para luchar contra el crimen en el país se necesitan tres ingredientes: explotar la figura de los testigos colaboradores; es importante pegarle al crimen en los recursos económicos y esto es a través del sistema financiero; y también en los bienes con la extinción de dominio”, explica el abogados en entrevista con Expansión Política.

Para el experto el problema no se encuentra en la ley, pues explica que para iniciar un juicio de extinción de dominio no es necesario tener una sentencia condenatoria en contra de una persona ligada al crimen organizado, basta con que las fiscalías locales logren presentar ante un juez elementos de prueba que acrediten el vínculo del bien en la comisión de delitos de alto impacto como delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, extorsión, trata de personas o corrupción, entre otros.

“Es un proceso autónomo civil que no tiene que ver con lo penal, por ejemplo la presunción de inocencia aquí no se aplica. Es más, no es necesario un proceso penal en contra de la persona para aplicarle la extinción de dominio.

“Tenemos agentes que no son especialistas y deficientes investigaciones que cuando llegan a un juez y el dueño o titular de la casa se va a defender. Entonces si tenemos investigaciones débiles donde no acrediten los fiscales que precisamente esa casa está relacionada con el crimen organizado o con alguno de estos delitos no va a prosperar la extinción de dominio”, indica Martínez Camacho, socio de la firma HMSC Abogados.

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Para el diputado Federico Döring, del PAN, una de las primeras muestras de la incapacidad de la Fiscalía capitalina para aplicar la extinción de dominio es el operativo en una vecindad Tepito usada para almacenar drogas odenado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en que los 30 detenidos fueron liberados después por un juez y nunca se anunció un intento de expropiar el inmueble.

“La extinción de dominio tiene que aplicarse cuando sepas que el propietario del inmueble está vinculado con el delito o tenía conocimiento de los hechos. No lo van a lograr si la Fiscalía no logra acreditarlo.

“La Fiscalía tiene pésimos resultados en términos de obtener sentencias en este tema y casi todos”, señala el secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México.

El legislador panista indica que se complica además en el caso de las vecindades del Centro Histórico que son habitadas por distintas personas que tienen parte de la propiedad o donde, incluso, no está claro quién es el dueño.

“No basta con que alguien que vivía ahí tenga vínculo con el crimen organizado sino que los demás tengan conocimiento”, sostiene el legislador del PAN.

El diputado Jorge Gaviño, del PRD, considera que la prioridad de la Fiscalía debe ser castigar los delitos y evitar que queden impunes para evitar que se repitan y una de las herramientas es la extinción de dominio, aunque reconoce que llevar a cabo este proceso en propiedades con las características de las vecindades del Centro Histórico presenta obstáculos.

“La extinción de dominio tiene utilidad cuando es un bien considerable, pero cuando hablamos de vecindades donde viven muchas familias, donde tal vez no sabemos con certeza si todas las personas que viven ahí estuvieron involucradas o sólo un inquilino, la extinción de dominio no va a resolver el problema.

“Lo que hay que hacer para golpear al crimen organizado es seguir la ruta del dinero, contar con inteligencia oficial y efectivamente utilizar la extinción de dominio cuando esto le pegue en el centro al crimen, pero es algo que se debe evaluar”, sostiene el diputado integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino.

Hasta el momento es incierto el destino que tendrá la vecindad de República de Cuba 86, donde a unos 600 metros del Palacio Nacional desde donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, presuntos integrantes de la Unión de Tepito terminaron con las breves vidas de Yahir y Héctor.

“Vamos a ver (si se aplica la extinción de dominio), ahí tiene que informar la Fiscalía, es parte de una estrategia que están siguiendo de una serie de investigaciones que se están desarrollando”, respondió al ser cuestionada la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante una conferencia de prensa el 6 de noviembre.

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