La ley del Instituto de Planeación: la pelea que viene en el Congreso de la CDMX

Federico Döring, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, asegura que con el dictamen actual existe el riesgo de dar demasiado poder a la Jefatura de Gobierno. Entre los posibles escenarios, advierte que esta podría contar con la afirmativa ficta para el aval al Plan General de Desarrollo de la CDMX, cuya vigencia será de 20 años, y para el Plan General de Ordenamiento Territorial, con validez de 15 años.

Esto se deriva de que ambos instrumentos deben ser elaborados por el Instituto de Planeación y enviados por la Jefatura de Gobierno al Congreso, donde los diputados —según se contempla— tendrían seis meses para votar estos documentos, y si se cumpliera ese tiempo, en automático se tomarían por aprobados.

Los legisladores de oposición advierten que por eso es vital quién será designado para dirigir el Instituto de Planeación, en cuyo nombramiento ven riesgos porque creen que no hay un proceso de selección abierto.

“El riesgo es que imponga la visión corrupta de Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) a través de un funcionario que tenga antecedentes de corrupción”, dice Döring en entrevista.

“Ahora, ella (Sheinbaum) tiene la posibilidad de imponernos esa visión no seis años, sino 20 o 15. Todos los controles democráticos que la sociedad le reclamaba, y que el Constituyente pensó, ella los diluyó e hizo nulos a través de su mayoría”.

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La organización Ruta Cívica ha coincidido en señalar riesgos en la designación del director del Instituto de Planeación. La agrupación considera que hay peligros dado que el nombramiento estará a cargo de un Comité de Selección “a modo”, pues cinco de sus integrantes serán elegidos por la Jefatura de Gobierno a partir de una convocatoria.

Una segunda figura es el Comité Técnico de Selección, conformado por 11 integrantes aprobados por mayoría calificada en el Congreso capitalino, con el fin de nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno, del Directorio Técnico y del Consejo Ciudadano del Instituto de Planeación.

“Lo volvió opaco (el proceso) para, a través de invitaciones, no convocatorias públicas, designar a los que van a integrar parte de la Junta de Gobierno y, más grave, serán quienes propongan al director”, dice Döring.

“Es un procedimiento completamente opaco que va a generar carnales, insaculados in vitro por el gobierno de la ciudad, a través de los designios de Claudia Sheinbaum”, insiste.

En contraste, la diputada de Morena Guadalupe Chavira, presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, considera que existen suficientes etapas y filtros de selección para estos nombramientos, con participación del gobierno y del Congreso.

“No es que el día de mañana amanezca Claudia y diga ‘este es mi Comité de Selección’. Ella tiene que emitir una convocatoria abierta, pública, para que se inscriban quienes quieran, y de ellos tendrá que seleccionar a los mejores perfiles”, argumenta.

“Una vez seleccionado, mandará la propuesta al Congreso y nosotros tendremos que evaluar si la propuesta que ella nos mande cumple con esos requisitos (…) El Ejecutivo propone pero el Legislativo vota”, sostiene.

Este mes, el dictamen con la Ley Orgánica del Instituto de Planeación se regresó a comisiones. En ese proceso, solo se excluyeron del dictamen los artículos que definían cómo las alcaldías propondrían sus planes de ordenamiento territorial, lo que apunta a que las reglas sobre los nombramientos se queden como están.

Döring señala que, ya que las designaciones están definidas desde la Ley del Sistema de Planeación, no hay posibilidad de cambiarlas en la Ley Orgánica sin generar una contradicción legislativa.

“La batalla que queda en esta ley es la Oficina de Participación Ciudadana, darle a esa oficina suficiente calado para que sí nos consulten de a de veras y no sea una farsa, una simulación”, afirma.

Sin embargo, para Chavira, hay una confusión en las funciones de esta oficina, pues será solo para consultar información sobre usos de suelo, polígonos de actuación o autorizaciones de obra.

Además, dice la legisladora, el Plan General de Desarrollo tendrá que ser consultado, de acuerdo a la Constitución, por la jefa de gobierno en acompañamiento del Congreso capitalino. La participación ciudadana a través de recepción de propuestas, opiniones y consultas públicas se dará a través de otros organismos como la propia Jefatura de Gobierno.

“Hay la confusión de que la Oficina de Atención Ciudadana será de consulta pública ciudadana. No es una oficina para hacer la consulta pública, es decir, determinar si un pueblo, barrio o colonia está a favor del cambio de un uso de suelo”, dice Chavira.

“Eso lo hace otra autoridad, no lo hace el instituto, el instituto solo otorga información”, insiste.

Con ese contexto de diferencias entre partidos, se prevé que el dictamen con la Ley Orgánica del Instituto de Planeación se vote en el pleno del Congreso capitalino la próxima semana.