¿Cuáles son los objetivos?
Pablo Benlliure Bilbao, director de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), explicó que, por cada proyecto, quienes lo desarrollen deberán destinar un mínimo de 30% a vivienda social, aunque este porcentaje podría ser mayor.
En entrevista con Expansión Política, el funcionario señaló que no será necesario pertenecer a una organización de vivienda —como Asamblea de Barrios— para acceder a un inmueble, y que cualquier trabajador podrá utilizar créditos públicos.
“Es libre, claro que podrán acceder. Si el promovente es el Invi, entonces serán del Invi, pero si el promovente es un desarrollador probador se le compra al desarrollador con su crédito Fovissste o Infonavit. No está amarrado”, afirmó.
Además, habrá flexibilidad para que los desarrolladores ubiquen las viviendas sociales siempre y cuando sea dentro del mismo corredor de desarrollo.
“A cada predio habrá que hacerle su trabajo y además se van a poder combinar diferentes predios. Se puede tomar dos predios de esa zona y poner la vivienda social en otro predio más adecuado, pero no se vale fuera de los corredores”, aclaró.
Te puede interesar: Las leyes de la CDMX han permitido excesos en el desarrollo urbano: Aboitiz