Una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó a la Ciudad de México sin Sistema Local Anticorrupción y desde mediados de enero puso al Congreso capitalino a trabajar para remediar esa situación.
El diputado Carlos Castillo, de Morena, fue el primero en presentar una iniciativa de ley para llenar ese vacío que quedó en la CDMX, que hoy por hoy es la única entidad del país sin una instancia articulada para combatir los actos corruptos.
“La mayoría de las veces la Corte te invalida artículos, pero es muy raro que invalide toda una ley. No tienes un ordenamiento legal que te quede vigente mientras legislas. Al ser un tema novedoso, constitucional para la Ciudad de México, no tienes una normatividad abajo que te quede mientras legislas”, advierte Castillo, acerca de las dificultades que actualmente encara la capital.
“Te quitan la Ley del Sistema Anticorrupción y quedas en el limbo legal”, señala el legislador, quien preside la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el Poder Legislativo local.
En su fallo de enero, el pleno de la Corte determinó invalidar por completo la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Ahora, el Congreso capitalino comenzará a discutir esta semana las propuestas para una nueva legislación, sumando las iniciativas presentadas los legisladores Mauricio Tabe, del PAN, y Guadalupe Chavira, de Morena.
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Castillo adelanta que lo más probable es que el Poder Legislativo local repita la selección de los cargos que quedaron sin sustento tras la invalidación de la Corte. Esto implica volver a elegir a los integrantes de la Comisión de Selección, del Comité de Participación Ciudadana y de la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción, además de los contralores internos de los órganos autónomos.
Además, el diputado Eduardo Santillán, de Morena, propone que, en lugar de rehacer una ley específica para la Fiscalía Anticorrupción, esta normatividad sea incluida dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), instancia que reemplazó a la anterior procuraduría y que hoy es encabezada por Ernestina Godoy.
“Ya no vamos a dictaminar, meter una iniciativa y aprobar una Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, sino que en la misma Ley Orgánica de la Fiscalía General se le abrieron dos apartados: uno para el fiscal electoral y otro para el fiscal anticorrupción”, detalló recientemente.
Dentro de este proceso, uno de los principales pendientes es definir quién ocupará uno de los puestos clave del sistema: el de fiscal anticorrupción.
Esta decisión depende del Consejo Judicial Ciudadano, mismo del que dos de sus integrantes renunciaron tras acusar presiones desde el Congreso para que Ernestina Godoy quedara como fiscal general.
Dentro de ese contexto, Rebeca Moreno, coordinadora de la organización Ruta Cívica, la cual ha seguido el proceso para crear el Sistema Anticorrupción en la ciudad, advierte que ya hay un retraso de dos años y medio en su implementación y armonización respecto de la ley nacional en la materia.
Por ello, considera que no vale la pena iniciar desde cero la discusión de la ley, sino que habría que retomar la legislación que ya se tenía tras las reformas hechas por el actual Congreso, la más reciente en enero de este año.
La @SCJN invalidó la Ley del Sistema y de la Fiscalía Anticorrupción CDMX por irregularidades en el proceso de aprobación. Hay que hacer nuevas leyes, con procesos transparentes y abiertos: publicar iniciativas y dictámenes en Comisiones y en pleno @Congreso_CdMex para su debate pic.twitter.com/ZSRCcQBwIE
— Ruta Cívica (@RutaCivica) February 4, 2020
“Hacemos un llamado a procesos de transparencia y participación de la ciudadanía en los órganos del Sistema Local Anticorrupción. Por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana, ahora que ya se encuentra instalado, en realidad no ha tenido ningún diálogo con la ciudadanía”, dice.
La coordinadora de Ruta Cívica señala que la importancia del Sistema Anticorrupción está en combatir este problema entendiéndolo también como un fenómeno sistémico y no como algo extraordinario, culpa de un solo individuo.
“Si no tenemos un Sistema Local Anticorrupción, vamos a seguir juzgando delitos chiquitos creyendo que estamos erradicando la corrupción al meter a la cárcel a individuos, cuando en realidad lo que tenemos que identificar es el problema del sistema”, alerta.
Para Moreno, ahora que el Congreso se alista a armar el nuevo marco normativo en la materia, hay que identificar factores como qué huecos tienen las instituciones que abren la puerta a la comisión de actos corruptos.
Es una oportunidad de hacer un aparato institucional en la Ciudad de México que observe fallas institucionales que permiten la corrupción”.
