La Fiscalía General de la CDMX nace en medio de pendientes

“Sheinbaum se une a la lista de mandatarios estatales que han impuesto, por la fuerza y a través de su mayoría legislativa, un fiscal a modo o, como ha sido el término, un fiscal carnal”, dijo Triana minutos antes de la toma de protesta de Godoy ante el pleno del Poder Legislativo, el 10 de diciembre.

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Ahora, además de ser una institución eficaz en la persecución del delito y el combate a la impunidad, la FGJ tendrá como uno de sus pendientes el dar respuesta a las observaciones de la Comisión de Derechos Humanos local, que, por ejemplo, ha detectado, filtración de información de las víctimas en tres de cada 10 expedientes por casos de feminicidio.

La procuraduría ha sido una de las dependencias capitalinas que más han recibido recomendaciones del organismo, entre las que se cuentan una por el caso de Paola Buenrostro, mujer trans asesinada, y de la activista Kenya Cuevas, quienes fueron criminalizadas y discriminadas durante la investigación judicial.

Otra recomendación es la relacionada con la violación a derechos humanos de periodistas cuya información fue filtrada, la primera en materia de libertad de expresión.

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La fiscalía también debe rendir cuentas por la muerte de tres personas mientras se encontraban detenidas en la zona de galeras de un Ministerio Público, así como por 176 casos de personas víctimas de tortura por parte de personal de la PGJ-CDMX.

Nueva institución, viejo presupuesto

Godoy será la responsable de concretar la transición de procuraduría a fiscalía, según lo que establece la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.

Uno de los principales cambios deberá ser la integración de una Unidad Interna de Combate a la Corrupción y la Infiltración de la Delincuencia Organizada, que deberá investigar a los elementos de la propia FGJ.

“A nuestra Policía de Investigación la encontramos abandonada, sin ningún estímulo, sin ningún o con muy poco equipo para trabajar, infiltrada por organismos, organizaciones delictivas muy fuertes”, reconoció Godoy durante su primer informe de labores ante el Congreso, el 10 de octubre.

A estas transformaciones se suma la conformación de 16 unidades operativas especializadas, entre las que se encuentran las de Investigación de Delitos de Personas Servidoras Públicas, Análisis Criminal, Análisis y Contexto de los Delitos de Género, y Protección y Asistencia a Víctimas.

Se prevé que el nuevo enfoque de la FGJ sea concentrarse en la persecución y judicialización de delitos de alto impacto que representen violaciones graves a derechos humanos, como homicidios, feminicidios, violaciones y secuestros.

En tanto, con los delitos de bajo impacto —que representan 43% de los delitos denunciados—, como robo de autopartes, riñas o daño a propiedad ajena, se espera que sean resueltos a través de mecanismos alternativos de solución de controversias.

Sin embargo, un punto que cuestionan los políticos de oposición es que a la nueva fiscalía se le asignó un presupuesto de 7,060 millones de pesos, apenas 30 millones más de lo que la PGJ-CDMX tuvo en 2018, pese a que el artículo 17 transitorio de la Constitución local indicaba que se debía crear un fondo especial.

Con estos recursos disponibles no solamente se tendrá que cubrir el proceso de transición, sino también se deberán realizar otras tareas, como crear el Fondo de Víctimas.

El diputado independiente Guillermo Lerdo de Tejada, quien en diciembre renunció al PRI, pidió quitar 300 millones del presupuesto del Congreso capitalino para asignarnos a la FGJ, pero esta propuesta fue rechazada.

“Si pretendemos que con esos recursos, que son los que necesita la procuraduría para operar (...) que con eso vamos a cubrir el proceso de transición en esta primera etapa, me parece de verdad imposible. No habrá transición, habrá simulación si no otorgamos los recursos necesarios”, señaló el legislador durante la discusión del Presupuesto de Egresos para 2020, el pasado 13 de diciembre.