El diputado Miguel Ángel Salazar, del PRI, propuso crear la Ley de Registro de Ofensores Sexuales para que aquellas personas que sean condenadas por uno o más delitos sexuales en la Ciudad de México sean inscritas en un sistema de información que no sería público.
En caso de ser un primer delito sexual su identidad quedaría dentro el registro por 20 años desde su liberación; mientras que en el caso de ofensores sexuales reincidentes sería de por vida.
“(El Registro de Ofensores Sexuales) es un sistema de información no público y gratuito, en el cual se resguarda la identidad, el perfil genético, las sanciones y medidas de seguridad que han sido impuestas a las personas condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad con fines sexuales”, indica la propuesta presentada ante el pleno.
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Las personas que figuren en esta base de datos serán aquellas que sean condenadas por estos delitos:
Al presentar su iniciativa, Salazar destacó que se tienen registrados al menos 18 feminicidios en la Ciudad de México durante la primera mitad de 2019; además de que las agresiones sexuales contra las mujeres se incrementaron un 2.56% respecto a 2018, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México.
“El abuso sexual es uno de los hechos violentos más graves que se puede cometer contra una persona. Ante el peligro de reincidencia que implican delitos sexuales por el riesgo que representan y el daño que causan a la persona y a la misma sociedad, existe la necesidad de que tanto las autoridades como la comunidad conozcan el paradero de aquellas personas que han sido sentenciadas por delitos de esta naturaleza”, explicó en tribuna el priista.
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El Registro de Ofensores Sexuales estaría bajo control de la próxima Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y la información solo podría ser consultada por un Ministerio Público, órgano jurisdiccional, Policía u organismos federales y estatales a cargo de la protección de niños y niñas.
La identificación de cada ofensor incluiría su nombre y seudónimos, huellas, ADN, domicilio, delito, sentencia y cumplimiento, así como datos del patrón en caso de tener trabajo.
Esta iniciativa se suma a la presentada por la jefa de Gobierno para crear un banco de ADN con la información genética de agresores sexuales y secuestradores, además de servidores públicos que trabajen en seguridad ciudadana y procuración de justicia, así como servicios de seguridad privada.
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La medida también es similar a la presentada por la diputada Leonor Gómez del PT, el pasado 30 de abril, la cual plantea que se requiere constancia de no registro como agresor sexual para personal médico y de enfermería, trabajo social y escuelas.
