En entrevista telefónica, la diputada Martha Tagle explicó que, aunque la extinción de dominio existe desde el 2008, la reforma recién aprobada lo que hace es desvincular dicha figura de lo penal, ya que la acción de extinción de dominio ahora se ejercitará por el Ministerio Público por medio de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil, lo cual permitirá agilizar todo el proceso.
Mencionó que, aunque ella considera necesaria la Ley de Extinción de Dominio y por ello votó a favor en lo general de la misma, en lo particular la reforma aprobada no tiene los candados necesarios que permitan una correcta implementación de la ley ni mecanismos que impidan actos arbitrarios que afecten a ciudadanos que no cuentan con los recursos suficientes para defenderse legalmente.
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Tagle indicó que, mientras que altas figuras públicas acusadas de cometer actos ilícitos pueden contar con un ejército de abogados, la ley podría vulnerar a ciudadanos inocentes, como jornaleros o campesinos, a quienes el crimen organizado los obliga a prestar su patrimonio para ser utilizado con fines ilícitos: por ejemplo, una parcela que es usada para sembrar amapola.
Otro problema, agregó, es que la Ley de Extinción de Dominio establece la venta anticipada de bienes de personas ligadas a actos ilícitos sin que haya una sentencia condenatoria, lo cual puede derivar en que, sin tomar en cuenta la presunción de inocencia, personas puedan perder su patrimonio de forma arbitraria.
“Un campesino que siembra amapola, porque es obligado a hacerlo por la delincuencia organizada, se le retirará la propiedad y tendrá que defenderse y demostrar que es inocente, por eso se habla de la presunción de inocencia, tendrá que demostrar que la propiedad es suya, que no actuó de mala fe, que fue amenazado”, dijo la legisladora de Movimiento Ciudadano.
