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Problemas en la Ley de Extinción de Dominio; advierten modificaciones

Aún no se publica por el Ejecutivo la Ley de Extinción de Dominio, pero los diputados ya prevén reformas para evitar problemas derivados de la misma.
lun 29 julio 2019 06:53 PM
Héctor Gutiérrez Trejo
@Tedefrijol

La Ley de Extinción de Dominio ha generado preocupación entre legisladores debido a que, como quedó planteada por los diputados, afectaría la presunción de inocencia, abre la puerta a que ciudadanos inocentes pierdan sus propiedades, además de que crea una bolsa de recursos que podrá ser manejada discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.

Dicha ley, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, establece que el Estado podrá decomisar bienes relacionados a ilícitos como corrupción, huachicol y delincuencia organizada para obtener un beneficio económico que deberá ser usado exclusivamente por el gobierno federal, a través del coloquialmente denominado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, para financiar programas sociales prioritarios.

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En entrevista telefónica, la diputada Martha Tagle explicó que, aunque la extinción de dominio existe desde el 2008, la reforma recién aprobada lo que hace es desvincular dicha figura de lo penal, ya que la acción de extinción de dominio ahora se ejercitará por el Ministerio Público por medio de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil, lo cual permitirá agilizar todo el proceso.

Mencionó que, aunque ella considera necesaria la Ley de Extinción de Dominio y por ello votó a favor en lo general de la misma, en lo particular la reforma aprobada no tiene los candados necesarios que permitan una correcta implementación de la ley ni mecanismos que impidan actos arbitrarios que afecten a ciudadanos que no cuentan con los recursos suficientes para defenderse legalmente.

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Tagle indicó que, mientras que altas figuras públicas acusadas de cometer actos ilícitos pueden contar con un ejército de abogados, la ley podría vulnerar a ciudadanos inocentes, como jornaleros o campesinos, a quienes el crimen organizado los obliga a prestar su patrimonio para ser utilizado con fines ilícitos: por ejemplo, una parcela que es usada para sembrar amapola.

Otro problema, agregó, es que la Ley de Extinción de Dominio establece la venta anticipada de bienes de personas ligadas a actos ilícitos sin que haya una sentencia condenatoria, lo cual puede derivar en que, sin tomar en cuenta la presunción de inocencia, personas puedan perder su patrimonio de forma arbitraria.

“Un campesino que siembra amapola, porque es obligado a hacerlo por la delincuencia organizada, se le retirará la propiedad y tendrá que defenderse y demostrar que es inocente, por eso se habla de la presunción de inocencia, tendrá que demostrar que la propiedad es suya, que no actuó de mala fe, que fue amenazado”, dijo la legisladora de Movimiento Ciudadano.

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Otra de las preocupaciones de Tagle consiste en que todos los beneficios económicos que se obtengan a través de la extinción de dominio serán usados de forma discrecional y poco transparente por el gobierno federal.

Explicó que, mientras que en otros países los recursos obtenidos son usados para prevenir las causas que originan la delincuencia, así como para resarcir daños a víctimas, la reforma aprobada en San Lázaro establece que los recursos, sin pasar antes por el Congreso, serán utilizados para programas sociales como becas.

Tagle adelantó que junto con otros legisladores promoverá una reforma a la Ley de Extinción de Dominio con la finalidad de que se establezcan mecanismos que garanticen la protección de los derechos de los ciudadanos.

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No descartó que se pueda interponer una acción de inconstitucionalidad, para lo cual se requiere un tercio de la Cámara de Diputados.

“Estamos interesados en promover una reforma porque nos parece que la discusión de este tema no se dio como debería. Dejaron el tema sin mayor atención, no hubo una suficiente reflexión del tema y tenemos que promover una serie de modificaciones”, aseveró.

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Las críticas contra la Ley de Extinción de Dominio no sólo han venido por parte de la oposición, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, presentó una reserva contra la ley, la cual fue rechazada, con el argumento de que podría dar pie a arbitrariedades y abusos de poder.

Entre las preocupaciones que externó Clouthier en su reserva está el hecho de que una persona que arrendó su propiedad la pueda perder al acreditarse que, aunque haya sido sin su consentimiento, se utilizó para actividades ilícitas.

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Clouthier también externó su rechazo a la venta anticipada de bienes, pues una persona podría perder su patrimonio antes de que haya una sentencia que determine su inocencia o culpabilidad en un acto ilícito.

Como Tagle y Clouthier, otros legisladores, como la diputada Abril Alcalá han externado su preocupación sobre dicha ley.

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