La autonomía secuestrada
La autonomía constitucional debía proteger la investigación penal de las órdenes del poder.
Sin embargo, gobernadores y mayorías legislativas todavía pueden convertir nombramientos, permanencias y remociones en instrumentos de control.
Hay titulares que llegan con compromisos, administran silencios o utilizan el cargo como plataforma personal.
El problema tampoco termina en quien encabeza la institución.
Una fiscalía puede cambiar de titular y conservar redes que distribuyen plazas, filtran investigaciones, protegen intereses o administran impunidad. La autonomía se prueba cuando una investigación alcanza al entorno gubernamental, al financiamiento político, a intereses empresariales o a mandos vinculados con abusos. No se acredita en una toma de protesta.
El fiscal no puede ser un botín político
Uno de los puntos más delicados es la selección de quien encabeza la Fiscalía.
En distintas entidades, la designación corre el riesgo de convertirse en una negociación entre gobernadores, congresos y grupos partidistas. Así, una institución llamada a investigar al poder puede comenzar subordinada a quienes facilitaron el nombramiento.
Hay estados de nuestro país merecen atención especial por la dimensión de su aparato institucional, su complejidad territorial y el peso político de sus decisiones, como Chihuahua, Sinaloa y Michoacán; pero el riesgo no pertenece a un solo partido ni a una sola entidad.
Cuando la titularidad se reparte como cuota, premio o garantía de protección, la procuración de justicia se confunde con patrimonio del gobierno en turno.
El fiscal debe ser un ciudadano con independencia acreditable, solvencia ética, técnica jurídica penal y carrera ministerial comprobable.
No basta un título de abogado, una trayectoria burocrática o la cercanía con el gobernador.
Debe demostrar experiencia efectiva en conducción de investigaciones, integración de carpetas, litigación penal, valoración probatoria y coordinación con policías y peritos. La trayectoria debe verificarse mediante responsabilidades desempeñadas, resultados profesionales y antecedentes públicos, no mediante recomendaciones partidistas.
La selección exige convocatoria transparente, evaluación técnica independiente, comparecencias sustantivas, revisión de conflictos de interés y exposición pública de los vínculos relevantes de cada aspirante.
La autonomía no significa ausencia de controles: significa que las decisiones ministeriales se funden en la ley y puedan ser revisadas por mecanismos institucionales, no dictadas desde un despacho político.
Un fiscal sin experiencia ministerial puede conocer la administración pública, pero no necesariamente sabe conducir una investigación compleja.
Y quien debe su puesto a un acuerdo de protección difícilmente investigará a sus patrocinadores. La Fiscalía no puede ser una extensión del Ejecutivo ni una pieza de negociación legislativa.