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Reformar las fiscalías estatales: cirugía mayor o maquillaje estructural

Otra reforma, los mismos vicios con nuevo membrete. Si una estructura no investiga a quienes la controlan, no merece conservar intacto su diseño.
Entrada a la Fiscalía de chihuahua
Las fiscalías de los estados se siguen viendo como un botín político. (Foto: archivo)

Territorio y expediente
La crisis de las fiscalías estatales dejó de ser un asunto reservado a litigantes y policías. Es una falla de poder que se manifiesta en la víctima que denuncia y no recibe respuesta, en el comerciante cuyos videos nadie analiza, en la familia que busca a una persona desaparecida mientras su expediente cambia de escritorio y en el agente ministerial rebasado por cargas imposibles.

Desde el territorio, la conclusión es incómoda: en demasiadas entidades, investigar depende más de relaciones internas, prioridades políticas y capacidades desiguales que de una institución profesional.

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La autonomía secuestrada

La autonomía constitucional debía proteger la investigación penal de las órdenes del poder.

Sin embargo, gobernadores y mayorías legislativas todavía pueden convertir nombramientos, permanencias y remociones en instrumentos de control.

Hay titulares que llegan con compromisos, administran silencios o utilizan el cargo como plataforma personal.

El problema tampoco termina en quien encabeza la institución.

Una fiscalía puede cambiar de titular y conservar redes que distribuyen plazas, filtran investigaciones, protegen intereses o administran impunidad. La autonomía se prueba cuando una investigación alcanza al entorno gubernamental, al financiamiento político, a intereses empresariales o a mandos vinculados con abusos. No se acredita en una toma de protesta.

El fiscal no puede ser un botín político

Uno de los puntos más delicados es la selección de quien encabeza la Fiscalía.

En distintas entidades, la designación corre el riesgo de convertirse en una negociación entre gobernadores, congresos y grupos partidistas. Así, una institución llamada a investigar al poder puede comenzar subordinada a quienes facilitaron el nombramiento.

Hay estados de nuestro país merecen atención especial por la dimensión de su aparato institucional, su complejidad territorial y el peso político de sus decisiones, como Chihuahua, Sinaloa y Michoacán; pero el riesgo no pertenece a un solo partido ni a una sola entidad.

Cuando la titularidad se reparte como cuota, premio o garantía de protección, la procuración de justicia se confunde con patrimonio del gobierno en turno.

El fiscal debe ser un ciudadano con independencia acreditable, solvencia ética, técnica jurídica penal y carrera ministerial comprobable.

No basta un título de abogado, una trayectoria burocrática o la cercanía con el gobernador.

Debe demostrar experiencia efectiva en conducción de investigaciones, integración de carpetas, litigación penal, valoración probatoria y coordinación con policías y peritos. La trayectoria debe verificarse mediante responsabilidades desempeñadas, resultados profesionales y antecedentes públicos, no mediante recomendaciones partidistas.

La selección exige convocatoria transparente, evaluación técnica independiente, comparecencias sustantivas, revisión de conflictos de interés y exposición pública de los vínculos relevantes de cada aspirante.

La autonomía no significa ausencia de controles: significa que las decisiones ministeriales se funden en la ley y puedan ser revisadas por mecanismos institucionales, no dictadas desde un despacho político.

Un fiscal sin experiencia ministerial puede conocer la administración pública, pero no necesariamente sabe conducir una investigación compleja.

Y quien debe su puesto a un acuerdo de protección difícilmente investigará a sus patrocinadores. La Fiscalía no puede ser una extensión del Ejecutivo ni una pieza de negociación legislativa.

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La fábrica del expediente inmóvil

La debilidad se reproduce en las mesas de investigación: carpetas acumuladas, peritajes tardíos, policías rebasados, ministerios públicos absorbidos por trámites y sistemas informáticos incompatibles.

La saturación degrada evidencia, aleja testigos, retrasa diligencias y compromete procesos. Una carpeta abierta no equivale a investigar; una vinculación a proceso tampoco demuestra que el hecho esté esclarecido.

La rotación constante elimina memoria investigativa: conocimiento de territorios, patrones delictivos, informantes y conexiones entre casos. Sin carrera profesional, estabilidad, protección y evaluación por desempeño, la capacitación se reduce a cursos que no modifican la operación.

El costo para las víctimas

El sistema acusatorio exige investigación científica, conducción jurídica, coordinación policial y respeto a los derechos humanos.

La Constitución asigna al Ministerio Público la conducción de la investigación y el Código Nacional de Procedimientos Penales distribuye responsabilidades entre agentes ministeriales, policías y peritos. En la práctica, la coordinación queda atrapada en disputas burocráticas, dictámenes tardíos y víctimas obligadas a peregrinar entre oficinas.

La impunidad también se fabrica antes del tribunal: indicios mal preservados, entrevistas deficientes, cadenas de custodia rotas, hipótesis únicas, falta de análisis patrimonial y ausencia de seguimiento.

Endurecer penas no corrige expedientes mal construidos. Tampoco basta contar denuncias atendidas o detenciones anunciadas; hay que informar cuántos hechos se esclarecen, cuántas víctimas reciben reparación y cuántas investigaciones resisten el escrutinio judicial.

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¿Reformar o demoler?

Crear otra fiscalía, agencia paralela o aparato especial merece cautela.

Cambiar organigramas no elimina corrupción, lealtades políticas ni incompetencia; puede duplicar atribuciones, fragmentar información y abrir nuevos espacios para repartir cargos. Sin esas capacidades, será un membrete costoso sobre los mismos vicios.

Pero otra reforma cosmética sería irresponsable.

Hay que distinguir capacidades recuperables de estructuras capturadas. Donde existan equipos profesionales y controles funcionales, corresponde fortalecer. Donde se acrediten corrupción, encubrimiento sistemático o subordinación política, hacen falta investigaciones independientes, remociones conforme a derecho y rediseño profundo.

Una reconstrucción verificable

La reconstrucción exige nombramientos abiertos, presupuesto suficiente y rendición de cuentas. También demanda reconstruir las carreras ministerial, policial y pericial mediante ingreso por mérito, formación continua, salarios competitivos, protección frente a amenazas y ascensos por desempeño. La profesionalización se comprueba en la calidad de entrevistas, dictámenes y judicializaciones.

La evaluación debe abandonar las cifras de actividad. No basta contar denuncias, detenciones, órdenes cumplidas o carpetas concluidas. Los datos deben desagregarse territorialmente y someterse a auditorías externas. Sin comparabilidad, cada fiscalía seguirá calificándose a sí misma.

El indicador de la voluntad

La prueba más exigente es investigar al poder: al entorno del gobernador, al financiamiento de campañas, a redes empresariales y a mandos policiales. Una fiscalía que persigue adversarios y exhibe detenciones de bajo costo funciona como extensión del gobierno. La independencia se demuestra en casos incómodos, con resoluciones fundadas y protección a denunciantes, testigos y personal investigador.

Los ciudadanos no necesitan otra ceremonia ni una agencia bautizada con promesas. Necesitan titulares con autoridad jurídica y experiencia, no padrinos; fiscalías que produzcan verdad judicial, protejan víctimas y desarticulen las condiciones que reproducen delitos.

La pregunta no es si las fiscalías merecen sobrevivir.

Si una estructura no investiga a quienes la controlan, no merece conservar intacto su diseño; pero derribarla sin capacidades, salvaguardas y continuidad procesal solo trasladará el desastre. Y si el fiscal necesita agradecer políticamente su cargo a quien gobierna, la autonomía nació hipotecada.

La reforma tendrá sentido cuando las fiscalías dejen de ser botines de poder y sus titulares sean elegidos por mérito, independencia y capacidad para investigar.

Solo entonces podrán servir a la justicia y no a quienes gobiernan.

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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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