Catorce días en las puertas de Morelia
Indaparapeo no es la Sierra ni Tierra Caliente. Es un municipio del oriente michoacano, vecino de Morelia, Queréndaro y Zinapécuaro.
En catorce días atacaron la base de operaciones interinstitucional, asesinaron al regidor priista Adán Rodríguez Ávalos y a su esposa, hubo un enfrentamiento nocturno con posible uso de drones y emboscaron a una patrulla de la Guardia Civil.
La respuesta llegó por etapas: demora, despliegue aéreo y terrestre, y al cierre de la semana seis detenidos con dosis de metanfetamina. Esa es la proporción del Estado: una amenaza de guerra contestada con aseguramientos de menudeo.
El Plan Michoacán cumplió un año con cifras que el gobierno federal presenta como éxito: 950 detenidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, caída de homicidios y 67 por ciento de avance en obras y acciones, con 118 mil millones de pesos previstos hasta 2030.
No discuto que los números existan. Discuto qué miden. Un detenido mide actividad policial, no control territorial.
Un homicidio menos en la estadística mensual no equivale a un comerciante que deja de pagar cuota.
El ciudadano de Indaparapeo, Charo o Queréndaro percibe quien cobra, quien amenaza y quien llega después de la balacera. Cuando la captura de un líder se vuelve el centro de la narrativa, la propaganda sustituye al diagnóstico.
Los liderazgos criminales se reponen en semanas; las economías de extorsión y las redes de protección política, no.
Mercenarios con rastro de tres años
En octubre de 2023, la propia Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó el desmantelamiento de una célula colombiana que fabricaba explosivos para drones. En mayo de 2025, el Ejército detuvo en Los Reyes a diez exmilitares colombianos tras una explosión que mató a soldados. La SSP estatal contabiliza 78 extranjeros detenidos entre 2025 y abril de 2026, entre ellos 34 colombianos y 30 venezolanos.
Con ese rastro, la pregunta incómoda es por qué seguimos tratando el fenómeno como hallazgo y no como patrón.
Detectar no exige espionaje exótico. Exige cruzar registros migratorios, ingresos por aeropuertos, detenciones previas, hospedajes, transferencias y reportes de inteligencia financiera, y mantener una unidad especializada de la Fiscalía que judicialice con tipos penales claros: delincuencia organizada, portación y tráfico de armas, fabricación de explosivos y delitos migratorios.
La deportación administrativa resuelve el problema migratorio y entierra el expediente penal, junto con la información que esos detenidos tendrían sobre quién los contrata, quién los paga y por qué ruta llegan. Un Estado que expulsa a su principal fuente de inteligencia confunde limpieza con eficacia.
Hay zonas del estado donde ningún orden de gobierno llega, y quien ha recorrido esos caminos lo sabe.
Un diagnóstico serio clasifica municipios por tipo de gobernanza criminal: control total, disputa activa, captura parcial de autoridades locales y presencia de baja intensidad. Cada categoría exige respuesta distinta, y hoy se aplica una sola lógica, centralizada y mediática.
El asesinato de un regidor, la extorsión a productores y el ataque a una base interinstitucional sugieren captura de la política local, no simple delincuencia común.
Proteger regidores con escoltas, sin inteligencia sobre quién los amenaza, equivale a asignarles el riesgo y abandonarlos. Una narrativa nacional de éxito sin mapa de territorios sin Estado es un parte de victoria redactado antes de la batalla.
El cielo como frente
Los drones cambiaron el cálculo táctico: abaratan el ataque, reducen el riesgo del agresor y multiplican el terror sobre la población.
La SSP estatal puso en marcha un sistema antidrones en la localidad de Charapendo, lo que confirma que la tecnología existe y se despliega de forma puntual.
Falta doctrina.
Una estrategia aérea completa necesita cuatro capas:
Ruta de corto, mediano y largo plazo
A noventa días:
A un año:
A cinco o diez años:
Legitimidad perdida
La crítica de fondo es de método. El Gabinete de Seguridad mide su éxito por insumos: detenidos, armas aseguradas, toneladas de droga.
El ciudadano mide su seguridad por resultados: si abre su negocio, si manda a sus hijos a la escuela, si el regidor de su pueblo sigue vivo.
Entre ambas escalas hay un abismo que llenan la desconfianza y la resignación. Ese abismo se llama legitimidad perdida.
Michoacán no necesita otro anuncio de captura. Necesita que el Estado explique por qué un ataque con posible uso de drones, tras una cadena de agresiones, tardó días en producir detenidos, y por qué tres años de rastro sobre instructores extranjeros no se convirtieron en una política.
Mientras no responda, la narrativa de éxito seguirá siendo un relato para la capital, no una realidad para Indaparapeo.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
