Molotov y balazos después, todo sigue perfectamente narrado.
El viernes 30 de octubre, de madrugada, lanzaron una bomba molotov contra un negocio de las calles Cupatitzio y Morelos, a unos metros de la Pérgola Municipal. Horas después balearon un consultorio en la colonia Sol Naciente.
La prensa local reportó que el primer ataque estaría ligado a extorsión. No se reportaron víctimas, pero quien extorsiona calcula la respuesta de la autoridad antes de encender la mecha.
La víspera, la Fiscalía de Michoacán había detenido a la secretaria de Bienestar del Ayuntamiento.
Así llega Uruapan al primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo.
El artículo 115 constitucional pone en manos del municipio a la policía preventiva y la seguridad pública. No es una cortesía que se delega cuando el problema crece.
Es una obligación que se cumple con policías evaluados, pagados, equipados y supervisados. Ni el Plan Michoacán, que ya evaluamos y encontramos mal focalizado, ni la Guardia Nacional ni el Ejército sustituyen esa primera línea: llegan cuando ella falla.
Quien ha reclutado y capacitado policías municipales sabe que formar uno toma meses y perderlo toma una mañana.
Esta columna documentaba el desorden de la gestión de Manzo tres meses antes de su asesinato. Su muerte, el 1 de noviembre de 2025, fue un golpe para las emociones de Uruapan y para el país.
Pero el duelo no es un indicador de gestión.
Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal sustituta el 5 de noviembre de 2025. Casi doce meses después hay tiempo suficiente para medir.
La vara es pública y se llama política pública basada en resultados.
La ENSU del INEGI, publicada el 23 de octubre, registra que 80.0% de los adultos de Uruapan considera inseguro vivir en su ciudad. Es menos que el 83.1 de junio, aunque la prensa especializada reporta que el INEGI no clasifica esa baja como estadísticamente significativa, y la ciudad sigue entre las diez primeras del país.
El dato más severo es otro: la proporción que considera efectivo al gobierno de su ciudad cayó de 39.0 a 26.3%, una de las tres mayores caídas nacionales.
Poco más de uno de cada cuatro uruapenses ve eficacia en su ayuntamiento.
En homicidio doloso, Uruapan encabeza el registro estatal de 2026 con 98 casos, según datos de la Fiscalía General de Michoacán ( también cuestionable). Bajó 29.5% frente a los 139 del periodo previo, menos de la mitad del ritmo estatal, que fue de 53.1.
En extorsión acumula 61 carpetas, segundo lugar de Michoacán. La Fiscalía sostiene que el trabajo coordinado ha reducido los índices; la reducción existe, pero es la menos pronunciada entre los municipios más violentos.
En agosto, una red de extorsión en Uruapan y Ziracuaretiro fue golpeada por la SSPC, la Defensa, la Guardia Nacional y la FGR, con inteligencia del CNI.
Ninguna de esas siglas es municipal, por lo menos en el territorio que gobierna el Movimiento del Sombrero.
A principios de septiembre el ayuntamiento dio de baja a policías que no acreditaron control de confianza. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla habla de 109; los afectados, de al menos 150.
Depurar es obligatorio. Depurar sin reemplazo es abandonar.
Bedolla estima que el estado de fuerza ronda o está por debajo del 20% de lo debido; admitió no tener el dato exacto y es parte en la disputa, así que su cifra se toma como estimación, no como auditoría.
Lo documentado es la contradicción. La alcaldesa atribuyó las bajas a una indicación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el gobernador lo negó, dijo que de 70 aspirantes propuestos este año 39 reprobaron y que Uruapan no solicitó evaluaciones de permanencia para los separados.
Una de las dos versiones es falsa.
Ambas dejan una corporación en el hueso, y el 26 de octubre el estado tuvo que anunciar policías de proximidad de su corporación (Guardia Civil - SSP Estatal) para cubrir lo que el ayuntamiento debía cubrir y sostener.
Reestructurar es planear con prospectiva responsable, metas a corto y mediano plazo responsables, reclutar, formar, mandar y equipar.
Hasta hoy, lo visible es la improvisación y la falta de objetivos firmes en materia de seguridad.
El 29 de octubre fue detenida Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar, por encubrimiento por favorecimiento en la investigación del homicidio de Manzo.
La prensa reporta que ya había sido citada tres veces sin presentarse y que fue multada, que es madre de un exescolta de Manzo y tía de su ahijado, detenido por el crimen.
Es una imputación: rige la presunción de inocencia y una jueza de control definirá su situación. La alcaldesa acusa uso político de la Fiscalía y la imperiosa necesidad de desestabilizar su gobierno por parte de actores externos.
Su dicho merece el mismo escrutinio que el de la Fiscalía, pues que ambos han utilizado esta investigación como plataforma pública de acusaciones, inconsistencias y uso político en la investigación, para diferentes actores electorales en la coyuntura actual preelectoral.
Aun así, una titular que elude tres citatorios ministeriales plantea un problema de gobernabilidad, no de relato.
Hay otro episodio. Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Manzo y con base laboral desde 2021, denunció que la despidieron tras ampliar su declaración y pedir que se investigue el vínculo de la alcaldesa con Samuel García Rivero, señalado en la prensa como presunto partícipe del crimen y con un vínculo muy cercano con la alcaldesa. Ella lo atribuye a represalia.
A los tribunales laborales corresponde decidirlo; al ayuntamiento, explicar por qué una funcionaria que declara ante la Fiscalía sale de la nómina y los motivos reales de su despido.
El luto merece respeto y no sustituye a una política de seguridad.
Tampoco debe usarse como credencial para gobernar ni como blindaje frente a la crítica. La violencia política de género existe y protege a mujeres reales; por eso su invocación exige rigor y técnica jurídica, no emociones.
El Tribunal Electoral de Michoacán resolvió en octubre que las expresiones del senador Fernández Noroña contra la alcaldesa no la configuraban. Eso no le quita el derecho a denunciar las acusaciones que en materia de violencia política de género corresponde, si se siente agraviada, pero al Tribunal con base en objetividad, técnica jurídica y apego a la legislación le toca sentenciar y no con base a subjetividad.
Tampoco convierte en machismo la crítica a una nómina policial vaciada o a un gabinete que falta a citatorios o cuestionable por los cotos de poder que se han engendrado dentro del propio Ayuntamiento y las consecuencias que tiene para cualquier trabajador que denuncia el abuso laboral.
Evaluar a una autoridad por resultados es tratarla como lo que es: una autoridad.
Las exigencias son verificables: publicar el estado de fuerza real y un calendario de reclutamiento y evaluación; informar cuántos policías se han enviado a evaluación este año; y decidir públicamente si los funcionarios sujetos a proceso permanecen en el cargo.
Uruapan necesita policías, un gabinete que atienda a la justicia, un ayuntamiento que rinda cuentas y que le de certeza a sus ciudadanos que puede ser un territorio libre de lo que hoy, por ineficacia gubernamental, lo aqueja.
El resto es liturgia.
*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
