Si el Ejecutivo se niega a moverla, el lugar correcto dentro de Hacienda es el de un organismo con autonomía técnica y de gestión, sin subordinación jerárquica del secretario en decisiones de casos.
Lo inaceptable es el statu quo: autonomía de discurso, subordinación de hecho.
Investigar sin preguntar a quién conviene
¿Cómo se investiga sin preguntar a quién conviene?
Con reglas que no dependan de la voluntad.
- Primero, todo reporte entra con folio y se clasifica con una matriz de riesgo pública en sus criterios: monto, patrón, jurisdicción, cargo.
- Segundo, las personas políticamente expuestas y sus redes superan automáticamente el umbral de análisis; el nombre no decide, el riesgo sí.
- Tercero, archivar un expediente exige dictamen fundado y revisión de una instancia externa.
- Cuarto, plazos máximos para decidir si se denuncia.
- Quinto, la denuncia ante la FGR se presenta con acuse y la UIF no suelta el caso hasta su judicialización.
- Sexto, informes semestrales al Congreso: expedientes abiertos, archivados, denuncias presentadas y sentencias obtenidas.
- Séptimo, rotación de analistas y trazabilidad de cada consulta. Lo que no deja huella no se audita; lo que no se audita se negocia.
Luz con método, no linchamiento
Aquí hay que ser preciso, porque la demagogia también contamina.
OFAC publica designaciones, con fundamento y procedimiento de exclusión; no publica la lista de personas bajo investigación, y hacerlo en México vulneraría la presunción de inocencia y la reserva de las carpetas.
Pero la UIF sí debe publicar, sin excusas, cada incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas con su fundamento, y reportar de forma agregada y puntual el destino de cada expediente.
No es capricho: la propia UIF informó 78 acuerdos de incorporación en 2025, y circulan versiones encontradas sobre qué tan accesible es esa lista. Si el instrumento es legítimo, debe resistir la luz.
Cuando la autoridad calla por sistema, el ciudadano supone selectividad, y la sospecha se vuelve costo institucional.
Las zonas ciegas
Finalmente, las zonas ciegas.
- El huachicol fiscal, que ya llegó a la tribuna, exige seguir el dinero de las importaciones simuladas hasta sus beneficiarios, no solo hasta los transportistas.
- Las empresas fachada y la facturación falsa siguen siendo el idioma común del lavado.
- El sector inmobiliario y los fedatarios son un agujero conocido.
- Los prestanombres de funcionarios rara vez se rastrean con la misma energía que los de un capo.
- El dinero ilícito en campañas, con 17 gubernaturas en juego en 2027, merece una ruta de análisis dedicada.
Y falta lo más elemental: no conozco una cifra pública consolidada de cuántas denuncias de la UIF terminan en sentencia.
Esa ausencia es, en sí misma, el diagnóstico.
El sistema de seguridad mexicano no necesita más conferencias sobre la neutralidad de la UIF. Necesita una UIF cuya neutralidad se pueda comprobar.
Propongo que esto no se resuelva con otro comunicado, sino con una iniciativa: reforma legal, protocolo público de casos y un calendario de implementación evaluable públicamente antes de que termine el sexenio
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-Biografía: Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
