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Diecisiete gubernaturas, un mismo guion reciclado. El plan de seguridad cabe en un spot

Votar por seguridad, al final, es decidir quién tendrá la obligación de rendir cuentas, apunta Alberto Guerrero Baena.
Quema de casillas y otros hechos violentos durante las elecciones 2024 en México
La seguridad no se conquista con un slogan; se construye con instituciones, información, presupuesto y perseverancia, escribe Alberto Guerrero Baena. (Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

El menú de siempre

Toda campaña de seguridad en México empieza igual: más policías, más patrullas, más armas y más tejido social. Suena a plan y es apenas un menú.

Cuando un candidato promete mano firme y cero impunidad no dice nada que pueda medirse, y lo que no se mide no se cobra.

En 2027 se disputarán diecisiete gubernaturas, cada una con su propio mapa criminal, y el ciudadano llega a la urna con una tarea absurda: distinguir al estratega del declamador escuchando spots de treinta segundos.

Eso tiene que cambiar.

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Votar por seguridad no exige tecnicismos; exige preguntas simples y la disposición de no aplaudir frases.

Las planteo aquí sin adornos, desde la experiencia de quien ha visto cómo se desmoronan los planes apenas cambia una administración o de quien dice planear y posteriormente no cumple con lo pactado con la ciudadanía.

Quien no pueda responderlas con datos, plazos y nombres no tiene un plan; tiene un simple eslogan con buena iluminación.

Diagnóstico o cuento

La primera prueba es elemental: ¿el candidato conoce el problema de su territorio o repite el de otro?

Un estado donde las organizaciones se disputan plazas y rutas no necesita lo mismo que uno donde domina la extorsión a comercios, ni que uno cuyo problema central es el robo con violencia en sus ciudades.

Si la propuesta sirve igual para Sonora que para Guerrero, no es propuesta: es plantilla.


Exija que el aspirante nombre qué delitos golpean su entidad, en qué municipios, con qué modalidad y quién impone reglas donde el Estado no las impone.

Esa es la gobernanza criminal, e ignorarla equivale a gobernar con los ojos vendados.

Exija también que cite fuentes públicas verificables: fiscalías, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las encuestas del INEGI y evaluaciones independientes de las cifras oficiales para hacer un contraste adecuado con la “realidad”.

Y recuerde algo incómodo: las cifras de incidencia reflejan denuncias, y buena parte de los delitos jamás se denuncia. Quien presume una baja sin mencionar la cifra negra le vende estadística, no seguridad.

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Más policías no es una política

Cuando alguien promete duplicar el estado de fuerza, hay que preguntar lo obvio: ¿con qué presupuesto, con qué perfil, con qué formación y en cuánto tiempo?

Reclutar es no es fácil; formar es infinitamente caro y lento. Una academia que gradúa elementos sin evaluación de confianza, sin carrera policial real, con sueldos que no alcanzan y sin equipo confiable, fabrica vulnerabilidad uniformada.

Quien ha trabajado en academias estatales y municipales sabe que el problema casi nunca es cuántos policías hay, sino qué policía, con qué mando y con qué respaldo institucional.

Un candidato serio habla de reclutamiento, profesionalización, servicio de carrera, condiciones laborales, supervisión interna y sanción a la corrupción. Uno que sólo habla de patrullas está hablando de fotografías.

El eslabón que nadie promete

El punto más débil del sistema es casi siempre el mismo: la investigación.

Se puede detener mucho y condenar poco.

La pregunta decisiva es qué ocurre después del arresto: ¿la fiscalía cuenta con analistas, peritos, unidades de investigación y cadena de custodia confiable?

¿Trabaja coordinada con la policía?

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Sin carpetas bien integradas, la detención es un trámite y la impunidad, la regla.

Pregunte al aspirante cuántas investigaciones terminan en sentencia, qué carga de trabajo soporta cada agente del Ministerio Público y qué hará con la fiscalía, que en muchos estados es un órgano autónomo que el gobernador no controla, pero sí condiciona con presupuesto, coordinación y presión política.

Si responde con un vago "me coordinaré", desconoce su propio terreno o lo está ocultando.

El municipio, el olvidado

Los alcaldes pesan más de lo que admiten.

La policía municipal es la primera respuesta y, en muchos lugares, la más precaria y la más expuesta a la captura criminal.

Un aspirante municipal debe explicar cómo evitará que su corporación se vuelva instrumento de un grupo, cómo transparentará los recursos que recibirá para seguridad, cuánto ganará un policía bajo su mando y cómo rendirá cuentas.

Prometer limpiar la policía sin describir el procedimiento es una frase de mitin, no una política pública.

Y hay un asunto que las campañas prefieren esquivar: la mezcla entre política y crimen en las candidaturas.

Revise trayectorias, financiamiento y los antecedentes de quienes rodean al aspirante.

El periodismo especializado y los propios analistas han advertido de forma reiterada sobre este riesgo; ignorarlo es una ingenuidad que se paga con vidas.

Cinco preguntas para no votar a ciegas

Propongo una regla mínima.

§ ¿cuál es su diagnóstico y de dónde lo sacó?
§ ¿cuánto cuesta su plan y de dónde saldrá el dinero?
§ ¿quién lo ejecutará y con qué perfil?
§ ¿en cuánto tiempo y con qué indicadores me rendirá cuentas, ya sea homicidio, extorsión, desaparición, denuncias o sentencias?
§ ¿cómo se relacionará con las fuerzas federales, con la Guardia Nacional y con la fiscalía, y bajo qué reglas?

Un plan que no responde estas cinco no merece un voto.

Añada un criterio más, el más barato y el más ignorado: el pasado.

Lo que un aspirante hizo cuando tuvo cargo, presupuesto y policías bajo su mando vale más que cualquier promesa.

Si gobernó y los resultados empeoraron, la explicación debe venir antes que la propuesta.

El voto como contrato

Las campañas prometen porque saben que el olvido es barato.

Después de la elección, el candidato desaparece del territorio y el ciudadano queda con un discurso que ya nadie recuerda.

Por eso conviene guardar la propuesta, exigirla por escrito y contrastarla cada seis meses con datos públicos. La seguridad no se conquista con un slogan; se construye con instituciones, información, presupuesto y perseverancia.

Diecisiete entidades votarán en 2027 con problemas distintos y la misma tentación: creer en quien grita más fuerte.

La alternativa es más incómoda y más útil: preguntar, comparar y cobrar.

El crimen organizado no se intimida con retórica; se debilita con instituciones que funcionan.

Y las instituciones no aparecen solas: se exigen desde la urna y se vigilan después de ella. Votar por seguridad, al final, es decidir quién tendrá la obligación de rendir cuentas.

*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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