Si el asesinato de un alcalde en funciones no bastó para activar un rediseño serio de la policía municipal —su reclutamiento, su cadena de mando, sus condiciones salariales, su doctrina operativa—, entonces el problema de Uruapan no es coyuntural ni personal: es estructural, y viene arrastrándose desde mucho antes de esta administración, sin que ningún gobierno —ni el anterior, ni el actual— haya asumido el costo político de encararlo de fondo.
Una corporación sin gerencia policial
Lo más preocupante no son los despidos en sí, sino lo que revelan sobre la ausencia total de planeación policial.
El propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que Uruapan ya arrastraba un déficit de elementos respecto al estándar nacional de estado de fuerza, y recordó que desde hace meses el mando de la corporación está a cargo de un elemento de las Fuerzas Armadas.
Traducido sin eufemismos: el municipio ni siquiera controla operativamente a su propia policía.
Depende de un mando militar externo porque no ha sido capaz de construir una estructura de mando civil profesional, con oficiales de carrera, planes de vida y carrera policial reales, y mecanismos internos de permanencia que no dependan de purgas administrativas hechas a modo.
A esto se suman las denuncias —no confirmadas oficialmente, pero consistentes en varios testimonios— de que algunos de los elementos dados de baja se encontraban todavía en proceso de acreditación de sus exámenes y desempeñaban funciones operativas de manera temporal.
Si esto es cierto, estaríamos hablando de una corporación que puso a cadetes en labores de prevención del delito y proximidad, sin haber concluido su formación reglamentaria, a ejecutar labores de vigilancia en desprotección total y que ahora despide a una parte de su estado de fuerza por no cumplir exactamente el requisito que ella misma no garantizó – o en todo caso gerenció- cumplir a tiempo.
Eso no es depuración: es negligencia administrativa disfrazada de rigor institucional.
