Rubén Rocha, el gobernador acusado de proteger a Los Chapitos, retoma las riendas de Sinaloa
De académico y rector de la UAS a gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha construyó una larga carrera política que hoy enfrenta su mayor crisis por las acusaciones de Estados Unidos, que lo vinculan con Los Chapitos.
Rubén Rocha Moya, el reincorporado gobernador de Sinaloa por Morena, construyó buena parte de su trayectoria en las aulas, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la actividad política, antes de llegar al máximo cargo estatal en 2021. Originario de Badiraguato, su carrera combina la docencia, la investigación académica, la dirigencia sindical y universitaria con una prolongada participación electoral y legislativa. Recientemente también los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Rocha Moya es licenciado en Matemáticas por la Escuela Normal Superior de Oaxaca. Posteriormente obtuvo una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y un doctorado en Ciencias Sociales por la UAS, institución con la que mantuvo una relación profesional y política durante décadas. Dentro de la universidad fue secretario general y rector, además de encabezar el Sindicato de Profesores de la UAS.
El morenista anunció hoy que retomará el cargo de gobernador de Sinaloa para concluir su sexenio el 31 de octubre de 2027 y afirmó que como parte de la investigación de la Fiscalía General de la República, no hay evidencias de que haya incurrido en algún delito.
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Su incursión en la política electoral no comenzó con Morena. Antes de convertirse en uno de los principales cuadros de ese partido en Sinaloa, fue candidato a la gubernatura en 1986 y nuevamente en 1998. También ocupó una diputación local en el Congreso de Sinaloa y una senaduría. Posteriormente consolidó su presencia dentro del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En Morena llegó a desempeñarse como coordinador estatal.
Además de su actividad política y administrativa, Rocha Moya ha desarrollado una faceta como investigador y escritor. Entre sus trabajos publicados existen estudios relacionados con movimientos sociales, democracia y narcotráfico...
Estados Unidos presentó en abril formalmente una solicitud de detención provisional con fines de extradición con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.(Foto: Graciela López Herrera/ Cuartoscuro)
La llegada al gobierno de Sinaloa
En 2021, Rocha Moya consiguió finalmente la gubernatura de Sinaloa, después de dos intentos electorales previos. Su triunfo lo colocó al frente de uno de los estados con mayor peso en la historia del narcotráfico mexicano y lo convirtió en uno de los gobernadores identificados con la llamada Cuarta Transformación.
Sin embargo, su administración quedó marcada por cuestionamientos relacionados con la seguridad y por acusaciones de presuntos vínculos con grupos delictivos. Sectores de la oposición han señalado en distintos momentos que su campaña recibió recursos del narcotráfico, acusaciones que el gobernador ha rechazado.
Rocha Moya ha sostenido que su elección fue legal y que los gastos de campaña fueron revisados por las autoridades electorales. Frente a los señalamientos, ha insistido en que se trata de una campaña para desacreditarlo políticamente.
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El caso de Ismael “El Mayo” Zambada
Uno de los episodios que mayor presión generó sobre el gobernador ocurrió después de la captura y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.
En una declaración difundida después de su detención, Zambada afirmó que había acudido a Culiacán, Sinaloa, para participar en una reunión relacionada con una disputa política entre Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda. El propio Zambada sostuvo que Joaquín Guzmán López lo había invitado a esa reunión. En dicho evento ocurrió el secuestro de ''El Mayo'' y el homicidio de Cuén.
Rocha Moya rechazó la versión y negó cualquier vínculo con el narcotraficante. El gobernador sostuvo que quienes lo señalaban buscaban involucrarlo con el crimen organizado y llegó a afirmar que existía la intención de “hacerlo narco a fuerzas”.
Los señalamientos provocaron una fuerte presión política, aunque en ese momento Rocha Moya recibió el respaldo del gobierno federal. Andrés Manuel López Obrador defendió al mandatario, al igual que Claudia Sheinbaum, entonces presidenta electa. Ya como presidenta, Sheinbaum volvió a respaldarlo públicamente y negó, a finales de 2024, tener conocimiento de una investigación federal abierta contra el gobernador.
A través de una carta, Ismael "El Mayo" Zambada afirmó que él no se entregó voluntariamente ante autoridades de Estados Unidos, sino que fue secuestrado.(Foto: Cuartoscuro.)
La acusación de Estados Unidos
El escenario cambió con la presentación de una acusación formal ante una corte federal estadounidense. El documento del Departamento de Justicia coloca a Rocha Moya dentro de una presunta estructura de protección política y gubernamental relacionada con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación, cuando Rocha Moya buscaba la gubernatura en 2021 habría sostenido reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ''El Chapo''. Los fiscales estadounidenses sostienen que en esos encuentros se habría planteado un acuerdo: Los Chapitos apoyarían su candidatura y, a cambio, Rocha Moya permitiría la colocación de funcionarios favorables al grupo y le garantizaría condiciones para operar sin interferencia de las autoridades.
La acusación sostiene además que el respaldo del grupo criminal no habría sido únicamente financiero o político. Según los fiscales, integrantes de Los Chapitos habrían intervenido durante el proceso electoral mediante amenazas, intimidaciones y robo de boletas y urnas de candidatos opositores. El documento también afirma que policías estatales habrían recibido instrucciones de no intervenir ante algunos de esos hechos.
La tesis de los fiscales estadounidenses va más allá de la elección. Según la acusación, después de que Rocha Moya ganó la gubernatura habría existido otro encuentro con integrantes de Los Chapitos en el que se habría acordado que el grupo tendría control sobre la policía estatal de Sinaloa.
El documento señala asimismo que, durante su administración, Los Chapitos habrían conseguido influencia sobre distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia, entre ellas la Fiscalía estatal, la Policía de Investigación, la Policía Estatal y corporaciones municipales de Culiacán.
Uno de los casos mencionados por los fiscales es el de Alberto Jorge Contreras Núñez, a quien Rocha Moya habría designado como jefe de la Policía de Investigación con la aprobación de líderes de Los Chapitos. La acusación sostiene que posteriormente el funcionario habría colaborado con el grupo criminal mediante la liberación de integrantes detenidos y acciones contra enemigos de la organización.
Una acusación que alcanza el tráfico de drogas
La acusación estadounidense no presenta estos hechos únicamente como un caso de corrupción política. Rocha Moya aparece señalado dentro de una presunta conspiración relacionada con la importación y distribución de drogas hacia Estados Unidos.
El documento menciona específicamente fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina y sostiene que los acusados participaron en una conspiración cuyo objetivo incluía introducir sustancias controladas a territorio estadounidense.
Un gobernador bajo presión
Las acusaciones estadounidenses llegan después de casi una década de cuestionamientos políticos sobre la relación de Rocha Moya con grupos delictivos. En 2025, dirigentes y figuras de oposición llegaron a exigir su separación del cargo, mientras que el gobernador rechazó abandonar la gubernatura y sostuvo que quienes pedían su renuncia respondían a intereses políticos.
A esas presiones se sumó la versión de que Estados Unidos habría cancelado su visa desde 2025, información que comenzó a circular públicamente en abril de 2026. Rocha Moya no había reconocido públicamente esa situación y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó inicialmente desconocerla.
Ahora, la acusación formal presentada en Estados Unidos coloca al gobernador en una situación política mucho más delicada: los señalamientos ya no provienen únicamente de adversarios políticos o de declaraciones atribuidas a integrantes del crimen organizado, sino que forman parte de un expediente judicial estadounidense.
Rocha Moya, sin embargo, retomó hoy sus actividades como gobernador se Sinaloa, sin haber tenido consecuencias en México por sus presuntos vínculos criminales.
