Este lunes el INEGI informó, con cifras preliminares, 27,989 defunciones por presunto homicidio durante 2025, una disminución de 16.6% frente a los 33,550 casos definitivos de 2024, la cifra anual más baja desde 2016.
El Gobierno federal celebró el dato antes de que se secara la tinta del boletín. Y ahí está el primer problema, uno que ningún vocero quiere nombrar: México no tiene una cifra de homicidios.
Tiene dos. Y las dos le sirven a alguien distinto.
Por un lado, el INEGI construye sus Estadísticas de Defunciones Registradas a partir de certificados de defunción y actas del Registro Civil: cuenta cuerpos, no expedientes.
Por otro, el SESNSP contabiliza carpetas de investigación abiertas por las 32 fiscalías estatales: cuenta denuncias, no necesariamente muertes confirmadas como homicidio intencional.
La propia SSPC lo reconoció esta semana en un comunicado, al admitir que "las cifras absolutas presentan diferencias derivadas de las metodologías empleadas por cada institución", aunque insistió en que ambas fuentes "coinciden en su variación anual".
Que coincidan en la tendencia no es una virtud metodológica: es el mínimo aceptable.
Lo que debería inquietarnos no es si ambas curvas bajan juntas, sino que sigamos aceptando, como país, que la cifra oficial de vidas perdidas dependa de qué mostrador uses para consultarla.
El fantasma del subregistro y la reclasificación
Aquí es donde la crítica deja de ser técnica y se vuelve política.
Organizaciones especializadas en seguimiento de incidencia delictiva han documentado, con series propias construidas sobre datos del propio SESNSP, un patrón que no puede leerse como casualidad estadística: mientras el homicidio doloso reportado por las fiscalías muestra descensos, categorías vecinas —homicidio culposo, "otros delitos contra la vida y la integridad"— muestran incrementos simultáneos.
El análisis realizado por especialistas lo plantea sin rodeos: para reducir artificialmente las cifras de homicidio doloso, basta con reclasificar el caso hacia una categoría estadísticamente menos visible.
Es la vieja trampa administrativa disfrazada de mejora en la procuración: no se resuelve el problema, se le cambia de etiqueta.
Y funciona precisamente porque cada fiscalía estatal captura y clasifica sus propios expedientes, sin una auditoría externa que verifique si un cuerpo con herida de arma de fuego terminó archivado como "homicidio culposo" por decisión del ministerio público en turno, no por la evidencia forense.
No hace falta imaginar un complot para entender el incentivo.
Cada gobernador administra su propia fiscalía, su propio presupuesto de seguridad y su propia narrativa de resultados ante el electorado y ante el gobierno federal.
Un subregistro de un punto porcentual no altera la tendencia nacional, pero sí puede mover a un estado de la lista de "focos rojos" a la de "casos de éxito" en la conferencia matutina.
Mientras la validación de esos datos siga siendo un ejercicio de autorreporte —la fiscalía captura, el SESNSP compila, nadie verifica contra el expediente físico ni contra el certificado de defunción de manera sistemática y pública—, cualquier reducción oficial merece leerse con la misma sospecha con la que se lee una calificación que se pone a sí mismo el examinado.
La solución no es exótica ni requiere inventar instituciones: existe ya, en el papel, un mecanismo de conciliación de cifras de mortalidad por homicidio entre INEGI y SESNSP, vigente desde hace años, que rara vez se usa como vara de control público real.
Lo que hace falta es voluntad política para convertirlo en un mecanismo obligatorio y público de verificación cruzada, con auditorías forenses aleatorias sobre expedientes clasificados como no dolosos, y con sanciones administrativas para las fiscalías que sistemáticamente subregistren.
Mientras tanto, cada vez que un funcionario presuma una reducción de homicidios sin especificar de qué fuente, con qué corte y bajo qué metodología, ese dato no es una buena noticia: es una afirmación no verificable disfrazada de logro.
Y un país que decide cuántos muertos tuvo según a quién le convenga la cifra, no está resolviendo su problema de violencia.
Está resolviendo su problema de comunicación.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
