El nuevo reglamento elimina dicha arquitectura. Ahora tres nuevos centros con funciones más integradas sustituyen a los anteriores: el Centro Nacional de Estándares, Evaluación y Certificación; el Centro Nacional de Información y Desarrollo Tecnológico; y el Centro Nacional de Gestión y Vigilancia de Fondos de Ayuda Federal. Además, se crea la Academia Nacional de Seguridad Pública y una Dirección General de Planeación Estratégica, Vinculación y Evaluación de Políticas.
Trabajar en pro de la dignificación policial
En mi opinión, esté diseño es clave para resolver un problema estructural: la precariedad laboral de los policías. México Evalúa ha documentado que muchos agentes de seguridad municipales apenas acceden a prestaciones básicas, cuando deberían contar con prestaciones de ley, seguridad social y esquemas complementarios. Insisto, no se trata de un problema menor. Hoy se presume de la reducción de la violencia, pero no tenemos cómo sostener resultados si la policía municipal no tiene incentivos mínimos.
Hay tres nuevas áreas especialmente importantes. La primera es el Centro Nacional de Estándares, Evaluación y Certificación. Su relevancia está en que puede convertir la dignificación policial en estándar nacional. El nuevo reglamento le permite trabajar sobre desarrollo policial, profesionalización, carrera policial y, de forma clave, bases en materia de salario digno y condiciones laborales. Si esa atribución se usa bien, el país podría pasar de recomendaciones generales a parámetros verificables: cuánto debe ganar un policía, qué prestaciones mínimas debe tener, qué condiciones de trabajo son aceptables y cómo debe evaluarse su cumplimiento.
La segunda es el Centro Nacional de Gestión y Vigilancia de Fondos de Ayuda Federal. Ésta puede ser la pieza decisiva. La dignificación policial no se concreta con discursos, sino con dinero. El problema histórico ha sido que la ley reconoce derechos, pero no siempre define cómo financiarlos. Por eso, una unidad dedicada a gestionar y vigilar fondos puede orientar recursos federales hacia mejora salarial, prestaciones, seguridad social, equipamiento básico y desarrollo profesional. Pero para que funcione necesita reglas claras: criterios de asignación, indicadores de cumplimiento, incentivos para municipios que avancen y consecuencias para quienes simulen.
La tercera es la Academia Nacional de Seguridad Pública. Dignificar no es sólo pagar mejor. También implica construir carrera, profesionalización, identidad institucional y capacidades. Una academia nacional puede ayudar a homologar formación, fortalecer estándares y vincular capacitación con desarrollo laboral. El riesgo sería reducirla a cursos. Su potencial está en articular formación, certificación, carrera policial y condiciones de permanencia.
Que el reglamento no sea letra muerta
El nuevo diseño institucional ofrece una oportunidad, pero no garantiza resultados. Para avanzar se requieren tres condiciones. Primero, recursos. La dignificación policial cuesta y debe financiarse de forma sostenida. No basta etiquetar fondos de manera genérica. Se necesita una bolsa específica o reglas de gasto que obliguen a destinar parte de los fondos federales a condiciones laborales. También se requiere cofinanciamiento local: si los municipios no ponen recursos propios, la agenda dependerá siempre de transferencias federales insuficientes.
Segundo, personal técnico. El SESNSP necesitará equipos capaces de costear prestaciones, revisar nóminas, estimar estados de fuerza, evaluar capacidades municipales, diseñar indicadores y acompañar a gobiernos locales. La dignificación policial no se implementa desde un escritorio federal; requiere asistencia técnica permanente y conocimiento de las realidades municipales.
Tercero, en lo que siempre se insiste, voluntad política. La dignificación policial compite contra inercias muy fuertes: el uso clientelar de las corporaciones, la improvisación presupuestal, la preferencia por operativos visibles y la tentación de seguir concentrando la seguridad en fuerzas federales. Sin respaldo presidencial, compromiso de gobernadores y corresponsabilidad municipal, el nuevo reglamento puede quedar en reorganización administrativa.
