Narcopolítica, soberanía… ¿y las víctimas?

Los sobrevivientes que lograron escapar o fueron rescatados por las autoridades regresaron a sus comunidades de origen para volver a encontrarse en la situación de miseria y exclusión social en la que estaban previamente a ser reclutados. Por eso, muchos de ellos mostraban igual coraje e indignación por las torturas y las vejaciones que por la estafa: porque no les pagaron lo que les prometieron y porque los apartaron de sus familias (muchas veces, desintegrándolas de manera permanente).

Hace poco más de un año, México se estremeció por el caso del Rancho de Izaguirre , un campo de reclutamiento forzado y entrenamiento operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en ese estado. También se trataba de un sitio de exterminio, donde los criminales cremaban personas y las desaparecían.

Por su dimensión y su brutalidad, se trata de casos emblemáticos, pero de ninguna manera excepcionales. Un informe publicado en 2023 por la organización Tejiendo Redes Infancia indica que entre 30,000 y 35,000 niños, adolescentes y jóvenes son víctimas de reclutamiento forzado cada año en México.

De acuerdo con cifras del gobierno federal , hay alrededor de 130,000 personas desaparecidas en México, entre las cuales las autoridades federales identifican tres grupos: 46,742 casos en los que hay datos incompletos, “lo que imposibilita la búsqueda”; 40,308 casos en los que se ha detectado que esas personas han realizado diversos trámites, como matrimonios o movimientos ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que indica que “son localizables” y probablemente no fueron víctimas de delito alguno; y 43,128 casos en los que el gobierno cuenta con información completa y sospecha que fueron víctimas de desaparición, pero no ha hallado rastros o indicios para encontrar a las personas desaparecidas.

Traigo a la mesa estos datos porque, como lo han demostrado diversos investigadores —Marcela Turatti, Jacobo Dayán, Claudio Lomnitz y Natalia Mendoza, entre otros—, el reclutamiento forzado del crimen organizado es una de las causas principales de desaparición en México. Es brutal: miles de mexicanos sometidos a trabajos forzosos o reclutados mediante engaños o estafas, aprovechándose de la inocencia y vulnerabilidad de los niños, adolescentes y jóvenes, o de la desesperación, pobreza y marginación que marca la vida de millones de personas en nuestro país.

Ésa es la realidad de México, un país donde modalidades de esclavitud y trabajo coaccionado siguen existiendo, donde la infancia y la juventud de miles de personas se marchita y se corrompe bajo el control criminal y donde miles de madres buscan a sus hijos diariamente, cavando con sus propias manos y descubriendo fosas clandestinas por doquier, muchas de las cuales contienen los restos de los hijos de otras madres que también están buscando a sus propios hijos en una lucha infatigable.

Es una doble tragedia: la de las personas desaparecidas que fueron asesinadas y sus restos fueron ocultos por el crimen organizado, y la de las personas que se ven obligadas a trabajar para los grupos delictivos, quienes las someten a su voluntad por medio de amenazas, violencia, coacción, manipulación, engaños y hasta torturas.

Y hay que añadir una tercera tragedia: la erosión de las víctimas en el discurso público y las decisiones políticas sobre seguridad. El oficialismo se limita a hablar de “defender la soberanía” y presumir que ha decomisado toneladas y toneladas de fentanilo. La presidenta Sheinbaum se niega a reunirse con las madres buscadoras y los colectivos de víctimas, pero no pierde oportunidad para enaltecer sus logros de seguridad. Sectores importantes de la oposición prefieren acusar a Morena de “narcopolítica” y promover un discurso de mano dura contra el crimen que hablar de las víctimas. Y muchos analistas y periodistas se enfocan exclusivamente en las presiones estadounidenses para extraditar a políticos con presuntos vínculos criminales.

Pero ¿las víctimas dónde quedan? ¿Y esos miles de cuerpos enterrados en fosas clandestinas, cremados en hornos improvisados o quemados en ácido? ¿Y esas miles de madres con las manos magulladas de tanto cavar la tierra y la voz ronca de tanto clamar por justicia? ¿Y esos miles de jóvenes esclavizados o coaccionados para hacer el trabajo sucio de los grupos criminales?

Que no se nos olvide: ellos y ellas deberían ser el centro de cualquier política de pacificación del país, de cualquier esfuerzo por reducir la violencia y la criminalidad, de cualquier agenda para construir un México más vivible para todas y todos. Si los políticos lo olvidan o lo ignoran con indolencia, desde la prensa nos toca recordárselo.

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Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.