Recientemente, legisladores del partido Morena presentaron ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial , con el principal objetivo de retrasar las elecciones de 2027 a 2028 y modificar algunos de los aspectos más criticados del proceso electoral de personas juzgadoras. Sin embargo, es insuficiente para atender la crisis estructural que actualmente se atraviesa en materia de justicia.
Reforma a la reforma judicial. Cuidados paliativos ante una crisis estructural
La iniciativa carece de un verdadero diagnóstico que nos permita conocer las deficiencias del Poder Judicial más allá de las provocadas por la implementación del modelo de elecciones.
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Y es que durante la implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial de septiembre de 2024 , surgieron complicaciones en casi todos los ámbitos posibles: evaluación deficiente de aspirantes, problemas en la organización electoral y desigualdad en la contienda electoral, lo que puso en tela de juicio la efectividad del rediseño constitucional mismo.
Pese a no haber admitido las fallas previamente, ahora la nueva iniciativa propone enmendar algunas de ellas, entre otras cosas: establecer un modelo más estricto de evaluación de las personas candidatas a un cargo dentro de la judicatura, priorizando la práctica profesional y la certificación profesional por autoridades especializadas en la materia, como la Escuela Nacional de Formación Judicial. Además de convocar a elecciones de personas juzgadoras hasta 2028 y no en 2027 como se tenía previsto.
El aplazamiento de las elecciones y la creación de mecanismos más estrictos de evaluación pueden contribuir a estabilizar el sistema y, marginalmente, reducir la influencia política dentro de la judicatura, pero no significa que estos cambios se traducirán en una mejora real en el sistema judicial de manera inmediata, pues corren el riesgo de convertirse en ajustes meramente administrativos sin impacto profundo en la impartición de justicia.
La iniciativa carece de un verdadero diagnóstico que nos permita conocer las deficiencias del Poder Judicial más allá de las provocadas por la implementación del modelo de elecciones, por lo que, una vez más, no aborda problemáticas igual de importantes para la calidad de la impartición de justicia y que también sufrieron repercusiones tras la sustitución masiva de personas juzgadoras la jornada electoral judicial realizada en junio de 2025.
Por ejemplo, la evaluación del desempeño de las personas juzgadoras se mantiene igual –sólo para el primer año de ejercicio– cuando se pudo proponer que fuera de manera periódica y hasta el término del cargo. Igualmente se desaprovechó la inclusión de auditorías ciudadanas que permitan transparentar la rendición de cuentas de los órganos del Poder Judicial.
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En el mismo sentido, no se propone ninguna reforma en la estructura de la judicatura que beneficie su capacidad institucional –administración, organización y evaluación interna– y permita crear políticas públicas judiciales que mejoren el rendimiento de los juzgados y tribunales. Tampoco se modifica el modelo actual de perspectiva de género para evitar problemas como los observados en las primeras elecciones, en las que se registró la sustitución de candidatos ganadores por candidatas mujeres para cumplir requerimientos de paridad.
La modificación de algunos de los vacíos podría reducir alguno de los impactos negativos en el sistema judicial tras la Reforma constitucional al Poder Judicial de septiembre de 2024, pero aún es necesario realizar un análisis más profundo que permita construir un modelo de justicia independiente, con capacidad técnica y accesible para todas las personas por igual. No basta con atender las dificultades derivadas de la reforma.
Esto implica ir más allá de ajustes normativos y administrativos, para apostar por herramientas tecnológicas, sistemas de gestión transparentes y mecanismos de recopilación de datos que permitan evaluar con rigor el desempeño judicial. Solo así se podrán generar las condiciones para que la justicia sea accesible, imparcial y confiable, para que cualquier reforma no se convierta en cuidados paliativos, sino en el inicio de un cambio estructural que responda a las demandas de una sociedad que exige eficacia en la impartición de justicia.
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Nota del editor: Ximena Cruz Domínguez es Licenciada en Derecho por la UNAM. Es analista en la dirección de Análisis y Políticas Públicas de México Unido Contra la Delincuencia. Ha colaborado desde la sociedad civil en proyectos para democratizar la impartición de justicia local en materia penal y promover el uso de la perspectiva de género y de inclusión social en las audiencias orales. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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