La oposición acusa "deuda disfrazada"
Durante la discusión para su aprobación, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar aseguró que con la ley se cumplirá el mandato constitucional que indica que la deuda que se contrate debe ir a obra pública para la generación de utilidades y sanear las finanzas.
“Se acabó el cortoplacismo, se acabó la ocurrencia de hacer obras por acá y por allá”, dijo.
Destacó que para garantizar la correcta aplicación de los recursos se contará con el Consejo de Planeación Estratégica, el cual estará presidido por el Poder Ejecutivo. Será este organismo el que decidirá qué obras se realizan, monitorear qué falta y qué frena los proyectos.
Por otro lado, en cuanto a los financiamientos, reconoció que se estableció que estos no sean considerados como deuda pública.
Desde la oposición, advirtieron que se trata de un "ocultamiento" de la deuda.
Uno de los motivos por los que la iniciativa generó rechazo de la oposición fue una disposición incluida en el artículo 35bis, mediante la cual se autoriza el inicio de contrataciones aún sin contar con los recursos.
“Por excepción y con autorización de la Secretaría de Hacienda, el inicio de procedimientos de contratación antes de contar con las suficiencia presupuestaria definitiva”, dice el documento.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez cuestionó esta medida y señaló que con dicha ley se podrían tener repercusiones a futuro en términos de deuda, tanto para otras administraciones, como para las nuevas generaciones.
Sobre el Consejo que definirá las obras alertó que abre la puerta a la discrecionalidad, además de que no hay certeza de la solvencia de los recursos.
