Plan B de la reforma electoral: ejes y perspectivas

Revocación de mandato

El primer eje plantea que este mecanismo debe ser sometido a votación en el tercer o cuarto año del periodo del poder ejecutivo. Una de las principales cuestiones es su realización el mismo día de la jornada electoral de los procesos intermedios o, en su defecto, en el año posterior a dichos procesos federales y poder solicitarse terminado el segundo o tercer año del periodo constitucional. Además, se propone la inclusión de reglas específicas y prohibiciones sobre la promoción y propaganda para los partidos, pero no así para el Ejecutivo.

La coincidencia temporal de alinear ambas jornadas electorales, aunque prohíbe la propaganda gubernamental y la contratación de propaganda por parte de los partidos políticos, permite que el Ejecutivo pueda promover la continuidad del cargo, con riesgo de trasladar la discusión al ámbito de la competencia electoral y generar condiciones inequitativas, pues se trata de un diseño institucional que puede generar zonas grises entre la promoción institucional y la propaganda electoral. Lo anterior puede afectar la equidad e incidir en la percepción del electorado, especialmente en la elección intermedia de la Cámara de Diputados, con la intervención del Ejecutivo.

Reducción de gastos en estados: impacto en cabildos y Congresos locales

El segundo eje apunta a la reducción del número de integrantes en los cabildos municipales, estableciendo que los ayuntamientos del país cuenten únicamente con un rango de 7 a 15 regidores como máximo. No obstante, este tema no siempre considera que los regidores son electos en una gran parte del país por representación proporcional, mecanismo diseñado para compensar las pérdidas en mayoría y asegurar la pluralidad en los cabildos, permitiendo que las minorías tengan presencia y voz en la toma de decisiones. Reducir el número de regidores crea el riesgo de limitar la diversidad política y dificultar la participación de partidos que obtienen menos votos, afectando la representatividad municipal.

Por otra parte, este segundo eje, en el caso de los congresos locales, busca limitar el presupuesto asignado a cada uno, fijando un tope del 0.70% del presupuesto de egresos de cada Estado para el funcionamiento de su respectivo Congreso.

La asignación de recursos a los Congresos estatales basada solo en el presupuesto de egresos puede parecer lógica, pero no necesariamente beneficia a todas las entidades por igual; los estados con economías más débiles o presupuestos bajos podrían ser los más impactados, dado que un presupuesto topado no refleja la realidad económica ni política de cada entidad federativa, sin olvidar que de los congresos locales dependen las entidades fiscalizadoras del gasto público, lo cual podría verse afectado ante ausencia de reglas claras.

Regulación de salarios y prestaciones de funcionarios electorales

El tercer eje aborda la regulación y, en ciertos casos, eliminación de beneficios para funcionarios electorales. El Plan B propone topes salariales y suprime bonos y seguros para equiparar salarios con el sector público. Esto busca promover austeridad y transparencia, pero puede generar controversias sobre la autonomía electoral y la atracción de talento especializado.

Aunque se han documentado excesos en el otorgamiento de beneficios, debe distinguirse entre remuneración y salario. La remuneración abarca prestaciones ligadas al cargo, como en el caso del Ejecutivo, mientras que el salario es solo el pago mensual. Los funcionarios electorales no tienen contrato colectivo porque son personal de confianza y están sujetos a criterios diferentes al resto del servicio público.

Implicaciones y controversias: equidad e impacto en partidos minoritarios

Las modificaciones propuestas han generado un intenso debate sobre sus efectos en la equidad electoral. Por un lado, la reducción de recursos podría profundizar las asimetrías entre partidos mayoritarios y minoritarios, afectando la competencia justa y la representación política. Por otro, los cambios en la revocación de mandato podrían limitar el ejercicio democrático. Diversos organismos destacan la importancia de condiciones justas para todos y la preservación de la autonomía de las instituciones electorales ante presiones políticas.

El Plan B de la reforma electoral ajusta el sistema a nuevas condiciones políticas y financieras, pero enfrenta retos en equidad, representación y autonomía institucional. Su aplicación debe vigilarse para preservar la integridad democrática y la pluralidad política en México.

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Nota del editor: Jean Paul Huber Olea y Contró es Licenciado en Derecho por la UNAM y catedrático por oposición de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la misma universidad, y Maestro en Mercadotecnia y Publicidad por la Universidad Anáhuac. Es consultor político con más de 30 años de experiencia en materia electoral. Es expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP), miembro de la Asociación Internacional de Consultores Políticos (IAPC) y actualmente es Notario Público, Presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Colegio Nacional del Notariado Mexicano desde 2020. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.