El principal termómetro de la seguridad pública en México son las cifras oficiales de homicidio doloso. Cada variación se interpreta como éxito o fracaso gubernamental. No obstante, las lecturas suelen ser coyunturales: mes a mes, año a año. Son útiles para captar el pulso inmediato de la violencia, pero dicen poco sobre su estructura.
Una década de homicidios dolosos, ¿qué dicen los datos?
La política de seguridad requiere diagnósticos finos que distingan entre reducción de violencia con Estado y sin él, y cuándo la violencia es por disputa criminal o por colapso institucional.
@BaVargash
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Observar los datos a lo largo de una década permite una lectura distinta: revela tendencias nacionales y estatales, rupturas y continuidades, así como trayectorias territoriales que permanecen ocultas bajo el promedio nacional. En ese marco, ¿qué nos dicen los homicidios dolosos registrados entre 2015 y 2025? A continuación, propongo una lectura en tres planos: qué muestran los datos, cómo explicar las realidades que proyectan y las implicaciones que esto tiene para la seguridad pública y la gobernabilidad.
Caleidoscopio de la violencia
De acuerdo con datos publicados recientemente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2015 y 2025 (años completos) se registraron 319,335 víctimas de homicidio doloso. El mínimo se observó en 2015, con 17,884 casos; el máximo, en 2019, con 34,721. El cierre de 2025 se ubicó en torno a 23,374 víctimas. Dos realidades emergen: México es hoy más violento que hace diez años, pero desde 2018 se observa una reducción sostenida: las cifras cayeron 31% entre ese año y 2025, y 22% tan solo entre 2024 y 2025.
A nivel estatal, sin embargo, los patrones divergen profundamente. Veinte entidades hoy son más violentas que hace casi una década. Los incrementos van de 0.4% en Jalisco a 266% en Oaxaca. En Colima, Morelos, Guanajuato, Tabasco y Oaxaca, los homicidios se duplicaron o más entre 2015 y 2025. Hidalgo, Campeche y Sinaloa muestran, además, aumentos constantes al comparar 2015, 2018 y 2024, atravesando distintos gobiernos.
En contraste, doce entidades hoy son menos violentas que en 2015. Las reducciones van de 7% en Quintana Roo a 79% en Coahuila, y once presentan descensos sostenidos entre 2015, 2018 y 2025.
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Los datos, por tanto, no narran una historia única. Describen un país fragmentado en trayectorias de violencia profundamente distintas que conviven bajo una misma estadística nacional.
En México todas las hipótesis caben
Esta diversidad obliga a abandonar cualquier explicación única. Hay al menos cuatro hipótesis relacionadas con el incremento o reducción de los datos oficiales. Estas explicaciones no son excluyentes ni uniformes. Se superponen y varían territorialmente. Por ello, la lectura de los datos exige una mirada diferenciada, no una narrativa homogénea.
Primera hipótesis: una mayor eficacia en el debilitamiento operativo del crimen organizado, principalmente bajo la conducción de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, este supuesto exige evidencia sólida que vincule política de seguridad y evolución de las cifras.
Segunda hipótesis: registros deficientes derivados de debilidades persistentes en policías y fiscalías, sobre todo locales. En varios territorios no existen mejoras institucionales claras que permitan atribuir cambios a mejores procesos de documentación, lo que obliga a considerar este escenario con cautela.
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Tercera: el establecimiento de hegemonías criminales. En estos casos, menos homicidios no implican más Estado, sino menor competencia armada entre grupos. Guerrero, Zacatecas y Chiapas ilustran este dilema: reducciones que conviven con claros indicios de dominación criminal territorial.
Cuarta: disputas criminales activas y fragmentación del control territorial, visibles en entidades como Sinaloa, Guanajuato y Colima, donde la violencia parece responder más a reacomodos violentos entre grupos criminales.
Finalmente, existen casos donde la reducción sí parece asociarse a fortalecimiento institucional local. En entidades como Yucatán o Querétaro se observa mayor profesionalización policial y políticas públicas más consistentes, lo que sugiere que, al menos en algunos territorios, la baja de homicidios podría responder a capacidades estatales reales.
El presente en vilo
Interpretar los datos inadecuadamente tiene consecuencias políticas. Si se asume que toda reducción equivale a éxito gubernamental, se corre el riesgo de normalizar formas de estabilización criminal que no fortalecen al Estado, sino que lo desplazan. Si, por el contrario, se ignoran las reducciones asociadas al fortalecimiento institucional, se pierde la oportunidad de identificar políticas replicables y construir capacidades locales donde hoy no existen.
La principal implicación es clara: la política de seguridad no puede diseñarse ni evaluarse únicamente desde lo nacional. Requiere diagnósticos territoriales finos que distingan entre reducción con Estado y reducción sin Estado, entre violencia por disputa criminal y violencia por colapso institucional.
Esto obliga a desplazar el debate de “si suben o bajan los homicidios” hacía una pregunta más relevante: ¿qué tipo de orden se está produciendo en cada territorio?
Leer los homicidios dolosos como una simple curva ascendente o descendente empobrece el debate público y distorsiona la política pública. Los datos de la última década no cuentan una historia única: describen un país fragmentado en trayectorias profundamente distintas de violencia, control criminal e institucionalidad.
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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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