Contra la violencia: comprender primero, intervenir después

Actualmente, 16 entidades se mantienen en escenarios preocupantes y cinco —Baja California, Sinaloa, Morelos, Guanajuato y Tabasco— registran condiciones críticas, con tasas elevadas de violencia letal y tendencias al alza, pese a haber sido intervenidas con prioridad por el Gobierno federal.

La estrategia nacional de seguridad: insuficiente

Los datos son contundentes: en los últimos 10 años los homicidios dolosos aumentaron 35.7%, las víctimas de otros delitos contra la vida 358% y las desapariciones 268.6%. La violencia no se está conteniendo; se está transformando, reproduciendo y ocultando ante la rigidez de los mecanismos institucionales de medición.

Los datos muestran que la estrategia nacional de seguridad —centrada mayoritariamente en el debilitamiento operativo del crimen organizado— es insuficiente, temporal y, en varios territorios, contraproducente. Al no estar acompañada de fortalecimiento institucional local, termina acelerando la fragmentación criminal y la intensificación de las disputas territoriales.

Tabasco es el ejemplo más reciente: su saldo pasó de negativo a muy negativo en el último monitor de México Evalúa, evidenciando cómo el combate frontal sin una base local sólida puede detonar escenarios de escalamiento.

Aunque existen experiencias exitosas como Yucatán o Coahuila, en las que sí se ha fortalecido a las policías y fiscalías locales, estos casos siguen siendo excepciones y no representan una tendencia nacional.

México enfrenta la urgencia de reorientar la política de seguridad hacia una lógica de pacificación estructural, que vaya más allá de la contención táctica. Debe fortalecer capacidades institucionales locales y anticiparse —no sólo reaccionar— ante la expansión del conflicto. Sin un cambio estratégico —que implica redefinir cómo se mide, analiza y entiende la violencia— el país continuará, en el mejor de los casos, administrando la crisis, no resolviéndola.

Las Jornadas para la Reducción de la Violencia Homicida

En este contexto, las Jornadas para la Reducción de la Violencia Homicida, organizadas por la Universidad Iberoamericana, El Colegio de México y México Evalúa, adquieren una relevancia decisiva. Su planteamiento parte de reconocer las limitaciones del homicidio doloso como indicador único y propone ampliar la mirada hacia otras expresiones de violencia letal, como la desaparición, el desplazamiento y el reclutamiento criminal.

El evento convocó a especialistas nacionales e internacionales para discutir el fenómeno desde una perspectiva comparada, territorial y multidimensional. A diferencia de otros espacios académicos, estas jornadas no se limitaron a describir la violencia: también ofrecieron rutas de acción.

El primer día abrió con una mesa que reposiciona el homicidio dentro del ecosistema de violencias invisibilizadas —como la desaparición o el desplazamiento forzado— y continuó con un diálogo comparado sobre América Latina, seguido de un panel sobre violencia contra juventudes y feminicidio, y otro sobre movilidad forzada. Este enfoque permitió vincular la letalidad con sus causas estructurales, las prácticas criminales que la sostienen y los impactos sociales que genera.

El segundo día profundizó en dimensiones específicas: homicidios de actores estratégicos (políticos, defensores, periodistas, liderazgos religiosos), ciudades que operan como escenarios de guerra urbana y patrones de reclutamiento para la comisión de homicidios. Esta aproximación territorial y funcional del conflicto criminal permite comprender la violencia no como un fenómeno homogéneo, sino como un sistema complejo de decisiones, incentivos e interacciones.

En el tercer día, que se llevará a cabo este viernes 28 por la mañana, encabezado por México Evalúa, se presentan nuevas aproximaciones metodológicas ante la insuficiencia del homicidio doloso como métrica por sí sola. Se discutirá el enfoque de Violencia y Pacificación , que mide de manera conjunta homicidios, feminicidios, víctimas de otros delitos contra la vida y desapariciones para capturar los mecanismos de sustitución delictiva y mejorar la precisión diagnóstica. Este modelo no sólo busca medir mejor, sino orientar políticas públicas capaces de prevenir la expansión territorial de la violencia letal y cimentar procesos sostenibles de pacificación.

La violencia no se administra: se resuelve

Lo que estas jornadas ponen sobre la mesa es contundente: México no puede seguir intentando resolver una crisis multidimensional con respuestas tácticas. La violencia homicida no se reduce con detenciones o decomisos aislados; se enfrenta construyendo capacidades institucionales locales, fortaleciendo la prevención social y reconfigurando la relación entre Estado, territorio y comunidad. Si la política pública actual ha demostrado ser insuficiente, este encuentro propone una hoja de ruta para repararla: comprender primero, intervenir después, y hacerlo no desde una lógica reactiva, sino desde la pacificación estructural.

No es casualidad que este evento ocurra ahora. Es una respuesta directa a un país que, frente a la crisis, ha optado por administrar la violencia en lugar de resolverla. Las jornadas ofrecen una alternativa: pensar el proceso de paz desde las evidencias, las experiencias territoriales y la colaboración interinstitucional. Si logramos convertir este espacio en hoja de ruta, entonces, más allá de analizar el problema, habremos dado por fin el primer paso para revertirlo.

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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.