Hace tiempo, un sabio y congruente político, de esos que hace mucho no hay en México, decía que los hechos se aprovechan, o no, pero no se discuten. El vergonzoso estado de la estructura judicial federal es un hecho, como también lo es la aversión de los militantes de la 4T a la cosa juzgada. El concepto surgió prácticamente con la actividad humana organizada. Sí, la humanidad encontró en este concepto una sólida base para construir y preservar el orden social, así como la estabilidad económica de la comunidad. Claro, al principio, no provino de la labor jurisdiccional, sino a partir de depositar en alguna persona, figura o institución la capacidad de zanjar diferencias de manera final y definitiva. Casi saliendo de las cavernas, el ser humano entendió que el mantener permanentemente abierta la puerta de los diferendos simple y sencillamente hacía imposible la concordia. Hasta la más primitiva y rupestre aldea contó con algo parecido a la cosa juzgada.
Cosa juzgada y sobrerrepresentación
El dejar un resquicio para regresar, una y otra vez, a confrontar circunstancias, enfoques y posturas frente a un hecho, simple y sencillamente, hace imposible el desarrollar actividades comerciales, industriales o profesionales. La idea de reservarse la posibilidad de cambiar ad libitum, lo que ya se decidió por parte de aquel que ha sido señalado como depositario de la confianza para dirimir conflictos, es incompatible con el progreso, y con la más elemental idea de civilización.
Entre salvajes, todo aquel se impone a macanazos a los demás, siempre ha tenido la aptitud de desconocer todo lo dicho por quienes le antecedieron. Ello no necesariamente producto de la mala fe. La barbarie es un gen natural en el ser humano, aunque no guste, ahí está. De tiempo en tiempo, domina, es por eso que surgen guerras y conflictos de gran escala. Los complejos, como la envidia, el rencor y el revanchismo están profundamente sembrados en el inconsciente humano. Dar poder a quien no está preparado para tenerlo, da ocasión a sacar a flote las más bajas pasiones, las expresiones más corrientes y los discursos más incendiarios.
El saber poner fin a las controversias de manera confiable, duradera y seria distingue a las naciones y los países. Hace décadas, he dicho que la única diferencia real entre los países desarrollados y los que no lo son, son sus poderes judiciales. Las sociedades más desarrolladas crecen y florecen sobre poderes judiciales robustos, respetables y merecedores de la honra comunitaria. Nuestro vecino debe más a una Suprema Corte, que ha sabido adecuar la ley a los tiempos, que a la tecnología o a la supremacía militar. Son una sociedad criticada por una, quizá excesiva, presencia de abogados quienes aparecen allá en todos los aspectos de la vida cotidiana. En el fondo aceptan y entienden las enormes ventajas de vivir en un ambiente de respeto a la ley, en el que se fomenta la aversión a la impunidad. Ese modelo es infinitamente superior al implantado por los que, cínicamente, se autonombran subdesarrollados, cuando la verdad es que son países pobres, e incapaces de estructurar un modelo exitoso de mediano o largo plazo. Me refiero a ese histriónico modelo que consiste en modificar y cambiar las leyes de manera inercial y constante, en el que se piensa que personajes populares, o simples hábiles traficantes del voto, pueden escribir en las leyes sin preparación técnica alguna, como si el voto popular fuera inspiración e iluminación en tan compleja tarea.
En Latinoamérica, lo común es que los legisladores sean parlanchines histriones que dicen saber cómo resolver la problemática nacional, cuando en realidad, no son sino gratuitos y arrogantes opinadores de todo, y conocedores de nada. Se les conoce por su muy ramplona formación académica y escasos logros profesionales, ello, piensan ellos, se suple con una apabullante verborrea y profusas exposiciones ideológicas que acomodan según el clima electoral. Claro, hay excepciones, por cierto muy contadas. Ha llegado gente preparada, pero su aportación al ordenamiento jurídico es prácticamente imperceptible, cada año tenemos peores leyes.
No nos engañemos, quienes hemos dedicado una vida al derecho o quienes, por cualquier otra razón, se desenvuelven el mundo jurídico, defendíamos la función, y no al madroño de intereses que la regenteaba, el año pasado defendíamos la esencial necesidad de la independencia y autonomía jurisdiccional. No a los pintorescos personajes que, fingiendo sapiencia, ocupaban y cobraban puestos que difícilmente se puede considerar merecidos. Sabemos que es falso lo que sostiene Javier Laynez, era una corte hecha de cuotas, diseñada por, y para cuates, en la que quien llegó a presidir lo logró simplemente por ser cercana a la operadora judicial de Peña Nieto, a pesar de haber integrado el Tribunal Colegiado de Circuito con mayor rezago en su circuito. La otrora presidenta para nada es una distinguida jurista, sino antes bien, una persona con los padrinos indicados.
Las decisiones que el sustituido pleno decidió, tuvieron tintes políticos, respondiendo a los hilos y tejemanejes que articulaba quienes les llevaron a la silla. El progresismo del que habla el entenado de Videgaray fue pantalla y caballo de batalla promocional, no se trató de logros más allá de un maquinado plan para saciar el apetito de grandes segmentos de votantes. Periódicamente, y por auscultación, sí, como producto de encuestas y sondeos, lanzaban mendrugos jurídicos, a modo de poder seguir mercando y traficar con todo tipo de negocios de los grandes intereses. Sin embargo, aún ese grupúsculo de nuncios de los grandes intereses siempre reconoció límites y supo sortear temas difíciles, encontrando salidas que, si bien muchas veces carecieron de solidez técnica, acusaban de una mediana presentabilidad.
Esa artificial instancia no duró más que tres sexenios, ya que son producto del proceso arrasador que decretó Zedillo, lo que hiciera con el único propósito de hacerse de la última palabra, por eso, nadie peor que él para criticar o denostar lo que hiciera el macuspano, como también lo es el duranguense, para hoy hacer señalamientos. Sus posturas en lo fiscal, abiertamente en conflicto de interés, derruyeron importantes salvaguardas de justicia tributaria. Quienes lo pusieron, no fueron defraudados, lo volverían a poner. Su supuesto progresismo y compromiso judicial no pasa la prueba de la risa.
No, no son herederos de aquella que implantó la Constitución del 57, sino producto de un nuevo modelo acomodaticio, con el que, quien alcanzó el poder tras la muerte de Colosio sin trayectoria para ocupar el puesto. El arribista encontró el ansiado alivio, a lo que pensó serían las decisiones de un sanedrín de reproche político, acusación y hasta fuente de una eventual reclusión. En el fondo, al Doctor Z, lo movió el mismo móvil que está detrás de la razia que la 4T trata de hacer pasar ahora por avance constitucional. La calidad técnica de la mayoría, no todos, de los propuestos como ministros de la que, en 1995, fuera Suprema Corte, hizo parecer que sólo se trataba de una “época” más. Pero no es así, sin duda fue un golpe a la institucionalidad, ya que derruyó a un poder constituido de un plumazo. Pero con todo, mal que bien, seguíamos pareciendo estado de derecho. No faltó mucho para que los nuevos dictadores del derecho se convirtieran en todo aquello que supuestamente remplazaban, algunos, incluso, rivalizaron con Atanasio González, destacando, claro, Aguirre Anguiano y Pérez Dayan.
La ministra Lenia Batres, en tan sólo unos cuantos meses, ha dejado claro que lo que fuera el máximo tribunal ahora no es sino un cenáculo errático, impreparado y sin voluntad alguna, carente de talento y de hechuras a la altura del reto. Quizá no se le haya explicado a la señora Batres, pero los proyectos que se presentan no pesan más que el papel en el que están escritos, ya que no alcanzan la calidad de sentencia, sino hasta que son procesados y votados favorablemente por quienes integran el pleno.
El engrose es para perfeccionar, y también, para enmendar y corregir, las no poco comunes pifias, errores y descuidos que los ministros de antes, y, por supuesto, los de ahora, cometieran. La mayoría reprobó y retiró el párrafo de marras. Su inclusión o inserción en la resolución final no sólo contraviene la normativa aplicable, sino la inveterada práctica de cualquier tribunal que se respete. Es simplemente una aberración. Es preocupante, cuestionable, y, desde luego, reprochable, que la mayoría no haya tomado el lugar que le corresponde frente a los justiciables, y que el presidente del órgano colegiado desconozca o rehúya uno de sus más elementales deberes. El párrafo debió ser retirado, y su conservación no hace sino dejar claro que no tenemos un tribunal que se respete, ni merezca ser respetado.
Pero si en realidad quieren debatir frente a la nación vulgares y grotescos fraudes que no debieron dar lugar y origen a la causa juzgada, empecemos por aquella votación del impresentable Tribunal Electoral que, con desparpajo, cinismo y deslealtad, dio inició al proceso de derrumbe de la vida institucional y democrática, sí, a la destrucción de aquello que fundará la Constitución de 17 y que hoy ya no existe. Desde el 2018, los fraudes surgidos desde la entraña del poder han cobrado carta de naturalización, pero, sin duda alguna, uno de los que ya ocupa un lugar destacado entre los más aberrantes fraudes de la historia nacional es ese, el que nos arrebató, con machicuepas legales, las instituciones constitucionales; el que hizo burla de la división de poderes y puso en manos ajenas al interés nacional los altos puestos de la federación, ese fraude, es cosa juzgada, y, por supuesto, debiera ser el primero de la lista.
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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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