Cada mañana, en los despachos de funcionarios mexicanos, llegan comunicaciones de Washington que no son precisamente cortesías diplomáticas. Son directrices, condiciones y expectativas sobre cómo debe gobernarse la seguridad en nuestro territorio. Mientras tanto, en las calles de Morelia, Culiacán y Guadalajara, las comunidades se preguntaban quién realmente decide sobre su futuro: ¿los gobiernos que eligieron democráticamente o una potencia extranjera obsesionada con su propia agenda de seguridad?
La seguridad que otros deciden: cómo Washington gobierna desde nuestros despachos
Estados Unidos definió el problema, creó la solución, y nos obligó a implementarla; lo curioso es que el consumo en sus ciudades sigue intacto mientras México cuenta muertos.
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Esta pregunta no es nueva, pero cobra urgencia renovada en un momento donde los límites de la intervención se desdibujan peligrosamente.
¿Por qué Estados Unidos importa sus Guerras a territorios ajenos?
La estrategia de seguridad estadounidense opera desde una premisa geopolítica inquietante: cualquier amenaza a su seguridad —real o percibida— justifica acciones más allá de sus fronteras. La Guerra contra las Drogas, iniciada hace décadas, mutó en una filosofía de control territorial que trasciende la cooperación mutua para convertirse en imposición. México, por su proximidad geográfica y por ser territorio de tránsito, se convirtió en laboratorio de experimentación de estas políticas.
El fenómeno es simple de entender: cuando una potencia define la seguridad principalmente desde sus intereses internos, inevitablemente exporta esa definición. Los carteles de droga mexicanos son, para Washington, amenazas estadounidenses. Por lo tanto, las acciones contra ellos se justifican no como soberanía mexicana ejercida, sino como defensa estadounidense en territorio ajeno.
Esta lógica invierte completamente la responsabilidad: México debe actuar conforme a prioridades que Washington establece, no conforme a sus propias necesidades de seguridad pública integral.
Del fortalecimiento institucional al operativismo vacío
Hace años, USAID financiaba programas que parecían tediosos pero fundamentales: capacitación de policías locales, fortalecimiento de ministerios públicos, construcción de sistemas de justicia penal. Eran inversiones lentas, graduales, que respondían a la lógica simple de que la seguridad sostenible requiere instituciones sólidas. Pero esos programas tenían un problema para Washington: no generaban victorias espectaculares ni titulares de "operación exitosa".
Las operaciones contra objetivos de alto impacto —detenciones dramáticas, extradiciones que hacen historia— producen narrativas de éxito inmediato.
El Departamento de Justicia puede anunciar un arresto. Los medios celebran. Los políticos estadounidenses declaran victoria. Mientras tanto, los sistemas judiciales mexicanos siguen debilitados, los gobiernos locales sin herramientas, y las comunidades abandonadas a su suerte.
El costo de esta priorización es incalculable: un México más vulnerable porque depende de operativos externos en lugar de capacidades propias.
¿Debe México temer el castigo por desobediencia?
La pregunta revela la verdadera naturaleza de esta relación: una donde la subordinación es condición implícita de la cooperación. Cuando México negocia tratados de extradición, acuerdos de seguridad o acceso a financiamiento para seguridad pública, lo hace bajo la sombra tácita de represalias.
No es amenaza explícita. Es peor: es la comprensión compartida de que la resistencia tiene costos.
Los gobiernos mexicanos enfrentan una paradoja cruel: acceder a las demandas estadounidenses erosiona la legitimidad local y la soberanía, pero resistirse genera presiones diplomáticas, restricciones comerciales y bloqueos de cooperación.
En esta disyuntiva, México ha tendido a ceder, normalizando la injerencia como precio de la cooperación. Pero esta aceptación silenciosa es exactamente lo que Washington requiere: no ocupación militar, sino subordinación consentida.
La Insuficiencia del Derecho Internacional frente a potencias hegemónicas
Cuando Estados Unidos orquesta operaciones que resultan en la captura de personajes como Ismael Zambada sin involucramiento directo de autoridades mexicanas, o cuando respalda acusaciones contra gobernantes que desafían su agenda como Nicolás Maduro, el derecho internacional exhibe su fundamental debilidad. Las convenciones, los tratados, los marcos multilaterales son papel mojado frente a voluntad política de potencias con poder de veto en instancias globales.
El derecho internacional fue construido por vencedores de guerras mundiales. Protege principalmente a quienes pueden hacerlo respetar. Para naciones como México, los acuerdos internacionales funcionan como cadenas: nos vinculan a obligaciones que Washington puede ignorar cuando le conviene, pero que nosotros no podemos incumplir sin consecuencias. Esta asimetría no es accidental. Es estructural.
Límites realistas para la seguridad hegemónica
México y América Latina necesitan establecer, con claridad, umbrales que no se pueden traspasar.
Primero: operaciones en territorio nacional solo bajo mandato judicial mexicano y liderazgo de autoridades locales, sin excepciones.
Segundo: financiamiento de seguridad debe priorizar fortalecimiento institucional sobre operativos.
Tercero: reversión de extradiciones a juzgamiento en territorio mexicano con garantías de debido proceso internacional.
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Alternativas políticas para la seguridad soberana
México debe construir coaliciones regionales que establezcan normas compartidas sobre intervención. Una iniciativa latinoamericana sobre límites a la cooperación unilateral, refrendada por tratados, podría equilibrar asimetrías. Simultáneamente, inversión nacional robusta en capacidades propias de inteligencia, procuración y policía es imperativa. No se trata de rechazar cooperación internacional, sino de redefinirla desde paridad.
Conclusión: de la subordinación a la autonomía
La seguridad verdadera no se importa. Se construye.
México requiere no seguir aceptando agendas externas como destino inevitable, sino ejercer soberanía como acto político deliberado. Ello demanda gobierno fuerte, sociedad civil vigilante y diplomacia firme. Es camino lento. Pero es el único que permite dormir tranquilo sabiendo que el mañana lo decidimos nosotros, no Washington.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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