La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro marcan un punto de inflexión en el sistema internacional y un gran impacto en Latinoamérica. No solo por la magnitud del acto, sino porque colocan a México frente a una disyuntiva de fondo: aceptar la doctrina Monroe o apegarse a la doctrina Estrada.
El caso Venezuela impacta a México: entre la Doctrina Monroe y la Doctrina Estrada
La intervención trumpista en Venezuela reabre una tensión antigua entre nuestro país y EU. México ha optado históricamente por el pacifismo y la no intervención frente a las doctrinas imperialistas.
(Foto: X.)
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Desde el punto de vista jurídico internacional, el marco es claro. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Las excepciones son limitadas: legítima defensa frente a un ataque armado o autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. La operación en Venezuela no encuadra en ninguno de esos supuestos. Tampoco existe base jurídica para la captura de un jefe de Estado en funciones, quien goza de inmunidad personal conforme al derecho internacional consuetudinario.
La posición de la Casa Blanca es ilegal. El presidente Donald Trump ha defendido la intervención como una acción necesaria para restaurar el orden que a su patria conviene, combatir amenazas a su seguridad y evitar que actores extrahemisféricos consoliden influencia en la región. En su narrativa, el hemisferio occidental constituye un espacio de interés estratégico directo para Estados Unidos y la acción en Venezuela se presenta como una extensión de esa lógica.
Ese razonamiento remite a un marco político con profundas raíces históricas: la Doctrina Monroe. Proclamada en el siglo XIX, esta doctrina estableció la idea de América como esfera de influencia prioritaria de Estados Unidos frente a potencias externas. Aunque carece de valor jurídico en el derecho internacional contemporáneo, ha sido invocada recurrentemente, desde hace décadas, como justificación política de intervenciones, presiones y acciones unilaterales en América Latina.
El problema es que la Doctrina Monroe no forma parte del orden jurídico internacional vigente. No es una norma reconocida, ni una excepción aceptada a la prohibición del uso de la fuerza. Su reactivación discursiva, en un contexto posterior a la creación de la ONU, implica un choque directo entre una lógica de poder del siglo XIX y un sistema jurídico multilateral construido para limitar precisamente ese tipo de decisiones unilaterales.
Frente a estos hechos, México fijó una posición oficial inequívoca. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano condena y rechaza la intervención militar trumpista, señalando que constituye una violación al artículo 2, párrafo 4, de la Carta de la ONU, y reafirmó los principios constitucionales de nuestra política exterior: no intervención, solución pacífica de controversias y respeto a la soberanía de los Estados.
Esta postura se inscribe en una tradición diplomática con casi un siglo de historia: la Doctrina Estrada. Formulada en 1930 por el entonces secretario de Relaciones Exteriores Genaro Estrada, la doctrina fue una respuesta directa a las prácticas de “reconocer” o “desconocer” a gobiernos como mecanismos de presión política e intervención indirecta, particularmente en América Latina.
México sostuvo que no debía pronunciarse sobre la legitimidad de gobiernos extranjeros ni condicionar sus relaciones diplomáticas a juicios políticos sobre procesos internos. Mantener o retirar relaciones diplomáticas es una decisión soberana de diplomacia, pero calificar regímenes políticos para justificar acciones coercitiva es ilegal. Con ello, México buscó proteger tanto el principio de no intervención como su propia estabilidad frente a presiones externas en un sistema internacional asimétrico.
La Doctrina Estrada ha sido aplicada en momentos clave. México mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba tras la Revolución de 1959, cuando gran parte del hemisferio rompió vínculos bajo presión estadounidense. El mismo criterio se sostuvo durante los golpes militares en América del Sur en las décadas de 1960 y 1970, y más recientemente frente a crisis políticas en Honduras en 2009, Bolivia en 2019 y ahora Venezuela, evitando asumir un papel de árbitro sobre la legitimidad de gobiernos extranjeros.
En el contexto actual, esta tradición no solo es jurídicamente consistente; es estratégicamente racional. A México no le conviene normalizar una lógica en la que la Doctrina Monroe reaparece como sustituto del derecho internacional. Consecuentar esa visión implicaría aceptar que las reglas multilaterales son opcionales cuando chocan con intereses de poder.
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El argumento es lógico. Si México legitima una intervención bajo una doctrina política unilateral, mañana ese mismo razonamiento puede extenderse a otros escenarios. Para México, cuya relación con Estados Unidos es estructuralmente asimétrica, ese precedente no es abstracto: es un riesgo concreto.
La intervención trumpista en Venezuela reabre una tensión antigua entre nuestro país y Estados Unidos. México ha optado históricamente por el pacifismo y la no intervención frente a las doctrinas imperialistas. En el escenario actual, esa no es una postura ideológica: es una decisión de interés nacional.
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Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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