"El problema de fondo es el modelo de comunicación política"

Cabe recordar al público lector que la figura de revocación de mandato fue establecida en la Constitución tras una reforma en 2019 que permite, a solicitud de la ciudadanía, determinar mediante votación la conclusión anticipada de la Presidencia por única ocasión durante los tres meses posteriores a la conclusión de su tercer año en el cargo. Es decir, después de la primera mitad del sexenio. Asimismo, se estableció que la votación no puede coincidir con ninguna jornada electoral federal o local. De este modo, se consideró que la figura objeto de la revocación de mandato- en este caso la persona titular de la Presidencia de la República- no debía participar en un proceso electoral en que se elijan otros cargos para evitar una intromisión indebida o inequidad en la contienda por el peso o arrastre de la figura de la presidencia.

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Esta consideración encuentra sustento en el modelo de comunicación política vigente desde 2008 que busca evitar que presidentes interfieran de manera indebida en un proceso electoral, como lo hizo Vicente Fox en la elección de 2006. Como parte de este modelo, entre otros aspectos, se estableció la obligación del funcionariado público de aplicar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad con imparcialidad sin influir en la equidad de las contiendas y de que la comunicación social de los gobiernos sea institucional e informativa, evitando la promoción personalizada. Así, parecería contradictorio, pero la persona cuyo mandato se pone a consideración de la ciudadanía en la revocación no tiene permitido exponer sus argumentos para conservar su encargo. Incluso, se determinó que solo el INE puede difundir el ejercicio, prohibiendo también la participación de los partidos políticos.

Ahora, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar consideró que, en nombre de la eficiencia, la eficacia y la economía, la revocación de mandato se debe hacer de manera concurrente con las elecciones intermedias. Ello, para ahorrar recursos logísticos y financieros y reducir la “fatiga electoral”. De este modo, propone que se ponga a la consideración de la ciudadanía la revocación del mandato de la presidenta a tan solo dos años de su ejercicio.

Ciertamente, no extraña la suspicacia que ha generado la iniciativa en torno a la posible intención del oficialismo de beneficiarse de la popularidad de la presidenta en diversas campañas en 2027. También se ha advertido de la complejidad operativa y logística de estos procesos, pues deben contemplar la elección de la segunda mitad de los cargos judiciales, de 500 diputaciones federales y elecciones locales en 17 entidades federativas. Pero, de todas las advertencias manifestadas al momento destaca, con justa razón, aquella en torno a la inequidad que se generaría en la contienda con la participación expresa de la presidenta en un proceso electoral con tantos cargos en juego.

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La realidad es que la inequidad en las elecciones por intromisiones indebidas del Ejecutivo ha sido un problema desde el primer año de la presidencia de López Obrador y la realización de conferencias de prensa diarias como elemento fundamental de la comunicación social del gobierno. En 2019, por ejemplo, partidos políticos de oposición se quejaron de que la transmisión de las conferencias del entonces presidente en los estados con procesos electorales en curso constituía propaganda gubernamental prohibida y violaba el principio de equidad. El Tribunal Electoral resolvió que la transmisión de la conferencia no era en sí misma una violación, sino que debía analizarse el contenido específico de lo que se difunde. Con ese criterio, en el proceso electoral de 2024, López Obrador fue denunciado por declaraciones emitidas en 86 conferencias y sujeto de al menos 40 solicitudes de medidas cautelares en su contra. Asimismo, la autoridad jurisdiccional determinó que el presidente tuvo una influencia indebida en los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila de 2023 y en las elecciones federales de 2024, sin posibilidad alguna de emitir una sanción.

En ese sentido, la inequidad en las contiendas electorales no dejará de ser un problema mientras se mantenga vigente un modelo de comunicación política que simplemente no es acorde a la realidad de la comunicación política de hoy. Basta con analizar las órdenes del INE para que Presidencia baje de sus plataformas digitales tal o cual mañanera, 24 horas después de que fue transmitida, una vez que ya fue retomada por todos los medios y reproducida por un sinfín de usuarios y plataformas. El modelo se encuentra rebasado por el ecosistema informativo en el que confluyen medios tradicionales, medios digitales, redes sociales y la lógica del ciclo informativo de 24 horas.

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Así, con el dominio de la agenda informativa y el efecto multiplicador garantizado, la cancha dispareja está prácticamente asegurada, independientemente de la concurrencia de la revocación de mandato con las elecciones intermedias. Más bien, de ser exitosa, la iniciativa de Ramírez Cuéllar constituye un clavo más al ataúd de la equidad en las contiendas electorales en México. Pareciera una excelente oportunidad para sostener un verdadero debate en torno a libertad de expresión, el ejercicio periodístico, la neutralidad del funcionariado público y la propaganda gubernamental en el marco de la discusión sobre una futura reforma electoral.

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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.