#ColumnaInvitada | ¿De qué hablamos cuando hablamos de bienestar animal?

Sin embargo, cada vez que la realidad obliga a observar con detalle las condiciones en las que viven cientos de animales concentrados en un mismo espacio, la pregunta vuelve con fuerza: ¿qué entendemos realmente por bienestar animal y cómo se evalúa?

El bienestar animal no es una consigna ni una intención declarada. Es un estándar técnico, medible y verificable. No depende del nombre que se le dé a un lugar ni del relato que lo envuelve, sino de condiciones sostenidas en el tiempo: alimentación adecuada, atención veterinaria regular, control sanitario, espacio compatible con la especie, posibilidad de movimiento y reducción del sufrimiento evitable.

Desde 1965, las Cinco Libertades definidas por el Consejo de Bienestar de Animales de Granja del Reino Unido —y adoptadas después por la Organización Mundial de Sanidad Animal— funcionan como marco internacional.

En México, ese estándar no opera de forma vinculante. El bienestar animal sigue tratándose como un asunto de voluntad individual y no como una obligación estructurada, con criterios claros y mecanismos de supervisión.

Los datos muestran el tamaño del desafío. En el país se estima una población superior a 28 millones de perros y gatos, con millones viviendo en abandono o condiciones precarias.

Diversos estudios indican que hasta nueve de cada 10 perros que ingresan a espacios de resguardo no logran una adopción. Permanecen confinados durante meses o años, sin una estrategia real de egreso. El tránsito se detiene y la acumulación se normaliza.

Cuando se analizan las condiciones sanitarias en contextos de alta concentración animal, los patrones se repiten. Aparecen enfermedades infecciosas como leptospirosis, sarna demodéctica y tumores venéreos transmisibles.

Se suman padecimientos respiratorios, lesiones crónicas sin tratamiento y ausencia de protocolos de aislamiento. No se trata de episodios aislados ni de fallas puntuales. Son señales consistentes de espacios que operan por encima de su capacidad real.

En muchos casos, estos lugares se presentan públicamente como refugios. Utilizan un lenguaje asociado al cuidado y reciben apoyo social y donativos. Sin embargo, un refugio no se define por su nombre ni por su visibilidad, sino por su función.

Un refugio genuino es un espacio de tránsito. Los animales ingresan, se evalúan clínicamente, se estabilizan y el objetivo central es su salida hacia una adopción responsable o una alternativa digna. Cuando ese flujo se rompe y los animales quedan atrapados en una lógica de permanencia indefinida, el sistema deja de proteger.

La acumulación sistemática es un factor de riesgo: aceptar más animales de los que pueden atenderse con dignidad conduce al deterioro progresivo de las condiciones, incluso cuando existe compromiso personal. El cuidado efectivo exige límites claros y decisiones difíciles.

A este problema operativo se suma un vacío normativo. En México no existen criterios nacionales obligatorios sobre densidad animal, protocolos sanitarios mínimos, registros clínicos, planes de egreso ni transparencia financiera para espacios que concentran animales.

Tampoco hay inspecciones periódicas con consecuencias proporcionales. La falta de regulación favorece la opacidad y dificulta distinguir entre modelos responsables y prácticas que generan sufrimiento prolongado.

La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz. La esterilización masiva, gratuita y sostenida reduce la sobrepoblación y evita escenarios críticos. Cada peso invertido en prevenir nacimientos no deseados ahorra múltiples costos en rescate, atención médica, alimentación y confinamiento. Aun así, la prevención recibe menos atención pública que el rescate visible, a pesar de su impacto estructural.

Hablar de bienestar animal hoy implica asumir una postura clara. Implica dejar de romantizar la acumulación y comenzar a exigir estándares. Implica entender que el cuidado se mide en resultados observables y no en discursos emotivos.

Los caminos son concretos. Primero, avanzar hacia una regulación nacional que establezca estándares obligatorios para refugios y espacios de resguardo: límites de capacidad basados en recursos comprobables, protocolos sanitarios exigibles, registros públicos y planes de egreso. Segundo, fortalecer programas públicos de esterilización con presupuesto suficiente y continuidad territorial. Tercero, garantizar supervisión periódica con mecanismos de corrección y sanción cuando las condiciones se deterioran.

También hay responsabilidades sociales. Donar, voluntariarse o apoyar exige informarse, visitar, preguntar y conocer cómo se gestionan los animales. La participación informada protege más que la adhesión emocional. Exigir transparencia es parte del compromiso colectivo.

El bienestar animal no es un eslogan ni una imagen conmovedora: es un estándar que se cumple o se vulnera. Es la diferencia entre tránsito y acumulación, entre cuidado estructurado y sufrimiento prolongado. Porque cuando el cuidado pierde límites, controles y procesos, deja de ser cuidado.

Ese es el debate que hoy debemos dar. Y ese es el trabajo pendiente si queremos pasar de la reacción a la responsabilidad sostenida.

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Nota del editor: Carmela Rivero es presidenta de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.