La LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia congregó en Ciudad de México a la Fiscal General Ernestina Godoy y titulares de 32 ministerios públicos estatales. El mensaje fue “tranquilizador”: compromiso institucional, coordinación interinstitucional, erradicación de impunidad.
Los acuerdos sugieren transformación real. La viabilidad operativa, sin embargo, invita a preguntas incómodas que reclaman respuestas concretas.
El primer acuerdo ordena implementar nacionalmente el Registro Criminal de Armas como módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable. La propuesta es seductora, pero surge pregunta fundamental: ¿existe infraestructura institucional básica para que funcione?
Décadas de experiencia muestran patrón recurrente. Se implementan sistemas sofisticados en las capitales estatales, mientras agencias en municipios pequeños carecen de computadoras funcionales, conexión confiable e personal capacitado. Crear registro nacional sin resolver problemas estructurales previos es construir castillo sobre arena.
¿Qué porcentaje de las 600+ delegaciones ministeriales cuenta realmente con capacidad técnica para alimentar consistentemente este registro con información de calidad?
Sin respuesta verificable a esta pregunta, el acuerdo permanece en discurso sin transformar realidad operativa donde más importa.
Propuesta: Establézcanse auditorías trimestrales independientes sobre calidad de datos introducidos, con consecuencias claras para incumplimiento. Únicamente instituciones con estándares mínimos verificables deben alimentar el registro.
Otro acuerdo compromete consolidación de información estadística al Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, "asegurando calidad y confiabilidad".
Aquí la buena intención choca con realidad institucional. Académicos y organismos de derechos humanos han documentado inconsistencias notables entre reportes estatales y federales de homicidios, feminicidios y delitos graves.
Las causas incluyen presión política para mantener cifras bajas, falta de coordinación interinstitucional, ausencia de protocolos homologados y, frecuentemente, manipulación deliberada de números.
¿Qué cambió en este acuerdo que garantice confiabilidad actual?
¿Cuáles serán sanciones para manipulación?
¿Existirá auditoría externa independiente o únicamente revisión interna?
Sin respuestas concretas, los acuerdos sobre estadística son ejercicios de comunicación que mantienen ficción de transparencia sin transformar prácticas que generan desconfianza institucional profunda.
Propuesta: Crear un observatorio independiente integrado por académicos, periodistas y organismos de derechos humanos que audite bimestralmente la integridad de los datos, publicando la identificación clara de las instituciones con inconsistencias graves.
La conferencia presentó una "propuesta de convenio" de la Secretaría de las Mujeres para "impulsar cambios estructurales" con perspectiva de género mediante capacitación, intercambio de información y protocolos.
El lenguaje es loable. El problema es fundamental.
México continúa con tasas inaceptables de violencia contra mujeres. Datos muestran que muchos casos de abuso sexual nunca son denunciados porque víctimas desconfían de instituciones ministeriales. Capacitación y protocolos sin transformación estructural es asignatura teatral.
¿Cuáles son indicadores concretos de cambio?
¿Se aumentará carrera y salarios de ministerios públicos especializados en delitos contra mujeres?
¿Se modificarán mecanismos de designación para eliminar consideraciones políticas? ¿Existirá capacidad real de trasladar protocolos hacia las 32 entidades, incluyendo aquellas con crisis institucionales profundas?
Propuesta: Establecer pisos no negociables: salarios competitivos, selección meritocrática sin injerencia política, mecanismos de denuncia interna independientes, y evaluación externa publicada anualmente.
Lo que no aparece en los acuerdos explica la ineficacia recurrente del sistema: ausencia de verdaderas carreras ministeriales homologadas nacionalmente. En México, la mayoría de fiscales son designaciones políticas sujetas a cambios en cada gobierno estatal. No existe carrera profesional estable ni incentivos para especialización.
Un fiscal designado por consideraciones políticas, con inseguridad laboral permanente y salario inadecuado, no puede investigar eficazmente.
Un ministerio público que depende de voluntad política del gobernador no puede perseguir eficazmente delitos de corrupción cuando involucran actores políticos. Los sistemas más eficaces globalmente comparten característica común: carreras ministeriales profesionalizadas, independientes de ciclos políticos.
¿Por qué la conferencia no propuso reforma constitucional para carrera ministerial?
¿Por qué no planteó salarios nacionales homologados?
¿Cuál es razón política para mantener sistema que garantiza ineficiencia estructural?
Propuesta: Aprobar una reforma constitucional que establezca una carrera ministerial nacional basada en méritos, con evaluaciones independientes, inamovilidad laboral post-probatorio, salarios homologados federales, y procesos de selección con participación de academia, eliminando designación política directa.
Al leer los acuerdos, emerge un análisis honesto de ineficacia recurrente, sino ejercicio de comunicación institucional que mantiene intactas causas estructurales del fracaso. El verdadero obstáculo no es falta de registros, protocolos o sistemas estadísticos.
Es la politización sistemática de las instituciones que requieren autonomía profesional. Mientras los ministerios públicos sean piezas de ajedrez político, mientras la designación de fiscales continúe siendo un premio a lealtades políticas, mientras los salarios permanezcan a merced de ciclos presupuestarios controlados por ejecutivos locales, ningún acuerdo nacional producirá transformación real.
¿Están verdaderamente comprometidas las instituciones de procuración de justicia con la profesionalización, o estas conferencias son únicamente rituales que confunden actividad con transformación?
Los acuerdos requieren validación operativa rigurosa, evaluación externa independiente y, fundamentalmente, voluntad política de sacrificar estructuras que benefician a ciertos actores.
Hasta que no haya respuestas concretas a estas preguntas incómodas, las conferencias de procuración de justicia seguirán siendo espacios de pronunciamiento que dejan intactas las causas reales de la impunidad.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
