El entorno político y regulatorio en México está entrando en una fase distinta. No se trata únicamente de nuevas leyes, reformas o funcionarios, sino de un cambio más profundo en la forma en la que el poder público decide, regula y se relaciona con las empresas.
Lo que las empresas deben entender sobre asuntos públicos y regulación para enfrentar 2026
Comprender cómo se toman realmente las decisiones dentro del gobierno se ha convertido en un factor determinante para operar con certidumbre.
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De cara a 2026, muchas organizaciones seguirán analizando el contexto con las herramientas del pasado. Otras entenderán que el verdadero reto está en leer el entorno con nuevas claves y ajustar su estrategia institucional con anticipación.
Uno de los principales errores que cometen hoy las empresas es asumir que las decisiones públicas responden únicamente a criterios técnicos. En la práctica, las decisiones se construyen en capas: prioridades políticas, narrativas públicas, equilibrios internos, presiones externas y, solo después, criterios regulatorios. Comprender cómo se toman realmente las decisiones dentro del gobierno se ha convertido en un factor determinante para operar con certidumbre.
A esta nueva lógica se suma un Congreso que, en el ciclo 2026–2030, operará de manera más centralizada y con menor margen para la negociación tradicional. Los tiempos legislativos serán más cortos, los espacios de influencia más acotados y el costo de reaccionar tarde significativamente mayor. Para las empresas, esto implica pasar de una estrategia reactiva a una de anticipación legislativa permanente.
El entorno regulatorio local también se volverá más exigente y necesario, particularmente para las empresas globales que operan en México. Más allá del cumplimiento normativo, habrá un mayor escrutinio sobre impacto social, competencia, precios, cadenas de valor y percepción pública. En este contexto, la regulación no solo se aplica: se comunica políticamente. Ignorar esa dimensión incrementa el riesgo operativo y reputacional.
Además, factores que antes parecían lejanos —como la relación México–Estados Unidos, el nearshoring, las tensiones comerciales o la reconfiguración geopolítica— hoy inciden directamente en decisiones regulatorias, permisos e inversiones. Esto también en un contexto importante del inicio de las negociaciones del T-MEC.
Otro elemento clave será la capacidad de las empresas para construir narrativas que resuenen con las prioridades del gobierno. No se trata de renunciar a la identidad corporativa, sino de entender qué lenguaje, qué argumentos y qué enfoques generan apertura institucional. En el contexto actual, una narrativa mal construida puede cerrar puertas que, de otra forma, estarían abiertas.
En paralelo, las crisis regulatorias locales serán más frecuentes. Inspecciones, auditorías, sanciones o cambios súbitos de criterio forman parte del nuevo entorno. La diferencia entre una crisis contenida y una crisis escalada estará en la preparación previa, la velocidad de respuesta y la capacidad de interlocución institucional. Hoy, no anticiparse es asumir el riesgo.
Las empresas más avanzadas ya están incorporando inteligencia de datos a su estrategia de asuntos públicos. Monitoreo legislativo, análisis de actores, alertas regulatorias y construcción de escenarios permiten anticipar movimientos del entorno antes de que se materialicen. La información oportuna se ha convertido en una ventaja competitiva.
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Todo esto ocurre, además, en un contexto de poder más distribuido. Estados y municipios tendrán un rol cada vez más relevante en permisos, inspecciones y operación diaria. Las estrategias exclusivamente federales dejarán de ser suficientes. Entender y gestionar la influencia multinivel será indispensable para operar sin fricciones.
Finalmente, la interacción con el gobierno exigirá mayores estándares de compliance político y gubernamental. La trazabilidad, la transparencia y la correcta gestión de relaciones institucionales ya no son buenas prácticas: son requisitos para proteger a las empresas de riesgos legales y reputacionales.
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Nota del editor: Andrés Díaz Larios es Socio y Director en DAP – Despacho de Asuntos Públicos. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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