En México, la seguridad municipal continúa siendo el eslabón más débil del sistema nacional de seguridad pública. A pesar de las reformas, los programas federales y los discursos de profesionalización, los municipios siguen atrapados en un modelo ineficiente, fragmentado y sin capacidad real de respuesta ante la criminalidad local. La precariedad institucional, la falta de planeación estratégica y la dependencia de recursos federales sin etiquetado efectivo han convertido a la seguridad municipal en un espacio de simulación más que de prevención.
Seguridad municipal, el laboratorio del fracaso federal
Cada error de política pública se multiplica en los municipios, donde la falta de planeación y recursos convierte los programas nacionales en ejercicios de simulación.
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Un diagnóstico estructural: instituciones frágiles y modelos obsoletos
El 90 % de los delitos del fuero común se cometen y denuncian en el ámbito municipal, pero menos del 30 % de los cuerpos policiales locales cuenta con condiciones mínimas de profesionalización. Esta disparidad refleja un problema estructural: el modelo municipal de seguridad en México carece de una arquitectura institucional sólida. Los cuerpos policiales se encuentran atrapados entre la subordinación política de los alcaldes y la ausencia de una política nacional coherente que los articule.
A pesar del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC), aprobado en 2019, la mayoría de los municipios no ha podido adoptarlo plenamente. El modelo propone un esquema de policía de proximidad con enfoque preventivo, basado en la evaluación del desempeño y la justicia cívica. Sin embargo, su implementación ha sido desigual y, en muchos casos, simbólica. Las carencias operativas —infraestructura mínima, ausencia de tecnología, falta de capacitación y rotación constante del personal— han impedido consolidar su aplicación real.
Las causas estructurales de la ineficiencia
El principal obstáculo no radica solo en los recursos, sino en la fragmentación institucional. México tiene más de 1,800 corporaciones municipales de policía, muchas de ellas con menos de 50 elementos, sin mando operativo certificado ni estructura administrativa. La falta de coordinación entre niveles de gobierno impide generar información confiable, estandarizar procedimientos o evaluar resultados.
A esto se suma la dependencia presupuestal. La desaparición del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) en 2021 desarticuló los mecanismos de financiamiento local. Aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) mantiene fondos para capacitación y equipamiento, estos no están etiquetados específicamente para los municipios, lo que provoca discrecionalidad y opacidad en su aplicación. En la práctica, muchos gobiernos locales carecen de recursos para sostener patrullas, armamento o capacitación, mucho menos para implementar políticas integrales de seguridad y justicia cívica.
El resultado es un modelo de seguridad dependiente del improviso: municipios que operan con policías mal pagados, sin controles internos, y con estructuras administrativas más políticas que técnicas. Este círculo vicioso perpetúa la vulnerabilidad institucional y la penetración criminal en gobiernos locales, generando territorios ingobernables donde el Estado municipal es, a menudo, una figura nominal.
La ausencia de evaluación y rendición de cuentas
La imposibilidad de medir resultados constituye otro eje crítico. En teoría, el MNPJC exige mecanismos de evaluación continua y coordinación con los Consejos Estatales de Seguridad. En la práctica, los sistemas de información son incompletos, los indicadores son inconsistentes y la rendición de cuentas se diluye entre niveles de gobierno.
No existe un sistema uniforme de indicadores de desempeño policial municipal; las auditorías se concentran en el gasto, no en el impacto. Sin datos comparables ni trazabilidad presupuestal, las políticas locales carecen de evidencia empírica. Esto genera una cultura de simulación: se reportan programas de proximidad, prevención o patrullaje sin resultados verificables, mientras la ciudadanía percibe un deterioro constante en la seguridad cotidiana.
Consecuencias del fracaso municipal en seguridad
La ineficiencia municipal tiene consecuencias nacionales. La ausencia de un modelo local funcional multiplica la carga sobre las policías estatales y la Guardia Nacional, consolidando un esquema de militarización progresiva de la seguridad pública. En lugar de fortalecer las capacidades municipales, la estrategia federal ha tendido a sustituirlas, debilitando el principio de subsidiariedad que sustenta el sistema de seguridad pública.
El impacto no es solo operativo, sino político y social: los municipios pierden legitimidad frente a la población, las comunidades normalizan la violencia y el tejido social se erosiona. En los hechos, el Estado municipal deja de ser garante de derechos y se convierte en un gestor periférico de programas federales sin autonomía ni capacidad técnica.
Propuestas para una transformación real
Superar este colapso institucional exige un rediseño integral del modelo municipal de seguridad, con medidas concretas y viables:
a) Creación de Fondos Municipales de Seguridad con etiquetado obligatorio. El SESNSP debe restablecer un esquema de financiamiento directo, condicionado al cumplimiento de metas de profesionalización, evaluación y transparencia. El presupuesto debe ser público, rastreable y con indicadores de impacto.
b) Regionalización operativa de municipios pequeños. La creación de comandos regionales intermunicipales permitiría optimizar recursos, homologar estándares de operación y reducir la vulnerabilidad de corporaciones con escasa capacidad humana o técnica.
c) Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Policial Municipal. Este mecanismo debe generar indicadores comparables sobre patrullaje, tiempos de respuesta, percepción ciudadana y resultados operativos, vinculados al acceso a fondos federales.
d) Fortalecimiento de la justicia cívica. Sin juzgados cívicos funcionales ni personal capacitado, el MNPJC seguirá siendo letra muerta. Se requiere invertir en infraestructura institucional local que permita resolver conflictos menores y prevenir la escalada delictiva.
e) Profesionalización con enfoque territorial. Los programas de capacitación deben adaptarse a las condiciones socioeconómicas y delictivas de cada región, con módulos de mediación comunitaria, análisis de inteligencia local y gestión preventiva del territorio.
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En efímeras palabras…
El fracaso de la seguridad municipal en México no es resultado de la falta de voluntad, sino de un modelo estructuralmente inviable.
Sin recursos etiquetados, sin evaluación real y con instituciones fragmentadas, el municipio se mantiene como el eslabón más frágil del sistema de seguridad. La transformación requiere asumir que no hay seguridad nacional posible sin seguridad local. Fortalecer la base municipal, con autonomía, recursos y evaluación efectiva, es la única vía para reconstruir la confianza ciudadana y devolverle al Estado su capacidad de proteger desde lo más cercano: el territorio cotidiano.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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