La austeridad armada; construir seguridad pública sin recursos

Esto contrasta con las metas planteadas en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 2 de septiembre de 2025, que estableció compromisos claros: fortalecer la policía municipal, ampliar los sistemas de videovigilancia, implementar protocolos de atención a víctimas y consolidar la coordinación interinstitucional. Todas ellas metas legítimas y urgentes, pero que hoy se topan con la dura realidad de un presupuesto limitado.

En suma, el Estado mexicano enfrenta el reto de mantener la ambición estratégica de la política de seguridad en un escenario de austeridad.

Análisis crítico de las limitaciones identificadas

- La primera limitación es estructural: la mayor parte de los recursos federales de seguridad se concentran en las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, lo que deja a policías estatales y municipales con márgenes mínimos para mejorar salarios, capacitación o equipamiento. El resultado es una dependencia creciente en la presencia militar, con el riesgo de relegar el fortalecimiento de la seguridad civil, base de cualquier sistema democrático.

- La segunda limitación es de gestión. A nivel local, existen altos niveles de subejercicio y baja capacidad administrativa en los municipios para ejecutar recursos, lo cual significa que incluso los fondos disponibles no siempre se traducen en mejoras reales. A esto se suma la fragmentación de programas federales y estatales, lo que genera duplicidades o esfuerzos inconexos.

- La tercera limitación es tecnológica. Las inversiones en inteligencia, bases de datos, interoperabilidad de sistemas y tecnologías de vigilancia han sido parciales y desiguales. Con presupuestos restringidos, la innovación tecnológica suele ser lo primero en sacrificarse, cuando en realidad es la vía más eficiente para multiplicar la capacidad operativa con menos recursos.

Propuestas innovadoras de solución

En este escenario de restricción, la clave no está en pedir más dinero —que difícilmente llegará— sino en optimizar y diversificar las fuentes de financiamiento, así como en rediseñar la forma en qué se usan los recursos.

- Consorcios regionales de seguridad: municipios y estados pueden unirse en consorcios para compartir infraestructura tecnológica (centros de mando, sistemas de cámaras, bases de datos). Esta fórmula permite abaratar costos y reducir duplicidades, fortaleciendo al mismo tiempo la coordinación regional.

- Alianzas público-privadas para tecnología: el sector privado puede aportar en áreas como videovigilancia, ciberseguridad y análisis de datos, a través de esquemas de coinversión supervisados por autoridades de seguridad. A cambio, recibe beneficios fiscales o certificaciones de responsabilidad social.

- Policía de proximidad con inteligencia comunitaria: en lugar de invertir en grandes despliegues, la apuesta debe ser en policías municipales entrenadas en inteligencia barrial, mediación de conflictos y uso de tecnología móvil para generar reportes en tiempo real. Esto cuesta menos y ofrece resultados inmediatos en la percepción ciudadana.

- Uso intensivo de tecnologías de bajo costo: aplicaciones móviles de denuncia, drones de bajo alcance para patrullaje en zonas críticas, y software de código abierto para análisis de datos. No todo requiere inversiones millonarias, sino creatividad en la integración de soluciones tecnológicas.

- Recuperación de activos criminales: redirigir a los fondos de seguridad municipal los recursos incautados a la delincuencia organizada. Esto no solo aporta liquidez, sino que envía un mensaje simbólico de justicia redistributiva.

Recomendaciones estratégicas

Ante la restricción presupuestaria, la estrategia debe moverse en tres direcciones simultáneas:

- Optimización: priorizar programas con mayor impacto probado, como la capacitación policial y el fortalecimiento de unidades de investigación. Evitar la dispersión en múltiples proyectos con baja efectividad.

- Colaboración: articular un frente común entre municipios, estados y federación, superando la fragmentación institucional. Las mesas de seguridad deben convertirse en órganos de decisión vinculantes y no solo espacios de diálogo.

- Innovación: incorporar modelos de seguridad basados en datos e inteligencia predictiva. No se trata de más patrullas, sino de mejores sistemas de información que anticipen y neutralicen riesgos.

Conclusiones prospectivas

La seguridad pública en México para 2026 enfrenta un dilema evidente: grandes metas con presupuestos reducidos. Pero lejos de ser un callejón sin salida, esta coyuntura puede convertirse en una oportunidad para forzar la modernización del sistema de seguridad. La restricción presupuestaria puede empujar a repensar estructuras, simplificar burocracias y abrir espacio a soluciones innovadoras.

Si se logra pasar de la lógica de gasto a la lógica de resultados, México puede sentar las bases de un modelo de seguridad sostenible, donde la eficacia no dependa solo de cuánto se invierte, sino de cómo se invierte.

La seguridad nacional no puede seguir descansando únicamente en fuerzas armadas con presupuestos crecientes, mientras las policías locales agonizan. El verdadero reto de 2026 es demostrar que con recursos limitados, pero con inteligencia, creatividad y coordinación, es posible fortalecer la seguridad pública sin hipotecar el futuro democrático del país.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.