Desde la presentación del Paquete Económico 2026, el pasado 8 de septiembre, se han analizado los diferentes sectores y sus aumentos o disminuciones en el gasto federal. En un contexto de escasez de recursos y diversas necesidades de inversión, siempre habrá ganadores y perdedores. El agua es de estos últimos, un sector que no ha logrado colocarse en las prioridades del presupuesto nacional.
Rezagos en infraestructura hídrica y recorte al presupuesto de Conagua en 2026
El déficit presupuestario en materia hídrica no permite avanzar en garantizar el Derecho Humano al agua. Es necesario hacer asignaciones presupuestales suficientes considerando los retos en el sector.
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Para 2026, el presupuesto propuesto a la Conagua asciende a 36,689 millones de pesos (cerca del 0.1% del PIB), lo que representa un 4.5% menos en términos reales respecto al aprobado el año pasado y un 46% menos respecto al 2024. De acuerdo con diversos especialistas, este nivel de gasto es insuficiente. Por ejemplo, la Red de Agua UNAM asegura que la inversión necesaria en temas hídricos tendría que ser del 1.5% al 2% del PIB . También, el Consejo Consultivo del Agua sugiere que se necesitaría un presupuesto por lo menos de 150,000 millones de pesos anuales para cubrir los requerimientos del sector y poder desahogar muchos de los proyectos hídricos nacionales. Hoy en día el gasto federal en agua es solo una cuarta parte de eso.
Si desglosamos más el presupuesto de la Conagua podemos ver que el 31% corresponde a gasto corriente (11,301 mdp), destinado a la administración y operación de la institución, y 69% a gasto de inversión, proyectado en 25,388 millones de pesos para 2026. Dentro de este último rubro, 21,208 millones se destinan a inversión física, la cual se canaliza a diversas obras de infraestructura hídrica, y 4,181 millones corresponden a programas y subsidios para entidades federativas y municipios, enfocados, principalmente, en agua potable y alcantarillado.
Uno de los elementos centrales del presupuesto de la Conagua es la inversión en obras de infraestructura. Existen muchos indicadores que muestran la necesidad de una mayor inversión en obras hidráulicas, como que el 35.5% de la población no tiene acceso al agua diariamente, o que existen 1,881 plantas potabilizadoras y de tratamiento se encuentran detenidas por falta de recursos para su operación y mantenimiento.
En ese sentido, y para promover el Derecho Humano al Agua, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 (PNH) contempla diversos ejes. Uno de ellos es la inversión en 17 proyectos estratégicos de infraestructura, con una inversión estimada de 122,600 millones de pesos durante el sexenio. Para hacer estos 17 proyectos realidad, en 2025 se invertirán 15,000 millones de pesos, mientras que para 2026 el presupuesto federal proyecta una inversión de 12,600 millones. La inversión que el gobierno federal realizará durante los dos primeros años del sexenio apenas cubre el 22.5% del costo total de los 17 proyectos prioritarios, dejando una inversión pendiente de 95,000 mdp (77.5% del total) para los últimos cuatro años de la administración de Claudia Sheinbaum. Con un flujo de inversión tan lento se corre el riesgo de no alcanzar la meta presupuestal establecida.
Dado el presupuesto restringido, el sector hídrico se ha visto afectado por los recortes presupuestales, por lo que no sorprende que algunas de las obras propuestas en el PNH se llevarán a cabo también con inversión estatal. Por ejemplo, el acueducto Solís–León, presupuestado en 15 mil millones de pesos, será financiado en partes iguales por el gobierno federal y el estatal . Lo cual hará que entidades asignen dinero a infraestructuras nacionales de gran escala dejando de lado rezagos que puedan tener en su infraestructura local. Además, el presupuesto federal no contempla aumentos significativos en los programas destinados a fortalecer a los estados y municipios.
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El déficit presupuestario en materia hídrica no permite avanzar en garantizar el Derecho Humano al agua. Es necesario hacer asignaciones presupuestales suficientes considerando los retos en el sector, pero también garantizar que fluyan oportunamente. Los proyectos hídricos requieren planeación, ejecución y mantenimiento, por lo que alcanzar las metas del sexenio depende también de una dispersión eficiente y oportuna de los fondos. Además, es indispensable que los gobiernos locales cuenten con la capacidad de invertir en su propia infraestructura. De lo contrario, seguirán sin margen para atender los rezagos que enfrentan en agua potable, drenaje y saneamiento.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Agustín Castillo .
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