“Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante: En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la Transformación”. Fueron las palabras que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, pronunció el pasado 16 de septiembre.
Los tres frentes determinantes de la batalla contra el huachicol
Es complicado saber a ciencia cierta qué ocurre en el interior de las Fuerzas Armadas. Se trata de instituciones opacas, ocultas bajo el manto de la seguridad nacional.
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El almirante Morales intentó zanjar el escándalo de corrupción que involucró a marinos de alto rango en una compleja red de contrabando de combustibles, defraudación fiscal y asesinatos políticos. Su discurso intentó realizar dos operaciones para limpiar el nombre de la Marina. Por una parte, dejó claro que la institución se purgó a sí misma de manera valiente y decidida. Por otra parte, dio por cerrado el caso: al desarticular esta trama, la institución quedó limpia de todo rastro de corrupción.
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La presidenta Sheinbaum respaldó el discurso del almirante Morales. También aprovechó para decir que las acusaciones contra los hijos del presidente López Obrador por su posible participación en redes similares de corrupción son falsas, al igual que los señalamientos contra el exsecretario Rafael Ojeda.
Estas declaraciones contradicen un discurso previo de la propia presidenta, en el que declaró que en este caso habría “ cero impunidad, tope hasta donde tope”. ¿Por qué la presidenta se contradijo? ¿Por qué el almirante Morales se apresuró a dar carpetazo al mayor escándalo de corrupción de las Fuerzas Armadas en tiempos recientes?
Son preguntas trascendentes para la consolidación del nuevo régimen político, en el cual está claro que las Fuerzas Armadas desempeñarán un papel central, pero se están definiendo —en medio de tensiones, jalones y empujones— las dinámicas, las reglas y el balance de poder de la relación cívico-militar.
Es complicado saber a ciencia cierta qué ocurre en el interior de las Fuerzas Armadas. Se trata de instituciones opacas, ocultas bajo el manto de la seguridad nacional. Además, pese a que proyectan una imagen de cohesión hacia el exterior, hay rivalidades y disputas políticas entre las distintas instituciones castrenses y dentro de cada una de ellas. Por si fuera poco, la militarización ha avanzado tan rápido que es difícil saber cuáles instituciones formales y cuáles facciones informales se quedaron con cada uno de los negocios públicos, partidas presupuestarias y facultades legales que se les han otorgado recientemente.
Sin embargo, se pueden desatar algunos nudos de esta telaraña de opacidad y confusión. En conversaciones privadas, algunos elementos de las Fuerzas Armadas me han expresado su preocupación por la “desviación” o “desnaturalización” que los cuerpos militares han sufrido por la excesiva delegación de responsabilidades y recursos durante el gobierno de López Obrador.
Desde su perspectiva, los militares están perdiendo su vocación de defensa de la seguridad, el territorio y la soberanía nacionales por estar enfocados en labores ajenas al ámbito tradicional de las Fuerzas Armadas. Además, algunos elementos castrenses han mostrado una “excesiva vocación empresarial” —un eufemismo para no decir lucro privado con recursos públicos—, por lo que “ha crecido el riesgo de corrupción en las Fuerzas Armadas”.
Se puede plantear como hipótesis que el almirante Morales comparte este sentir y por eso cooperó en la investigación para desarticular la red de huachicol fiscal. La voluntad de Morales —apoyado por otros liderazgos militares— y el empujón político adicional de las presiones de Estados Unidos habrían contribuido a que, bajo el liderazgo de Sheinbaum y el secretario García Harfuch, las autoridades mexicanas realizaran esta operación contra el huachicol fiscal.
No obstante, si el gobierno mexicano desea seguir desarticulando redes de corrupción que involucren a funcionarios civiles y militares, quedan tres frentes abiertos, todos ellos de enorme dificultad para la presidenta. El primer frente es Estados Unidos: el gobierno mexicano intentará seguir capturando mandos medios para paliar la presión de Washington, pero ¿será suficiente para la Casa Blanca o aumentarán las presiones para capturar a personajes de mayor impacto mediático?
El segundo frente es la relación cívico-militar: algunos líderes castrenses parecen dispuestos a cooperar para limpiar sus instituciones de “excesos”, pero solamente si son ellos quienes deciden cuáles acciones pueden considerarse abusos y quiénes son intocables. La presidenta produciría enormes tensiones en la relación con los militares si cruza cualquier línea roja, lo cual es especialmente complicado en este momento histórico, en el que el Estado es altamente dependiente de los militares para funcionar.
El tercer frente es plenamente político: el otorgamiento de recursos y facultades a la Marina y el Ejército durante este sexenio y el anterior ha creado las condiciones para que sea sencillo tejer redes de negocios irregulares y tráfico de influencias entre empresarios, políticos y militares.
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Si por presiones de Estados Unidos o por voluntad propia la presidenta decide investigar estas redes, tarde o temprano tocará intereses de miembros poderosos de la coalición gobernante y de las cúpulas militares. Sin embargo, si la presidenta decide dejar de indagar estos casos y hacerse de la vista gorda, sectores con “vocación empresarial” de las Fuerzas Armadas y cuadros mafiosos de la coalición gobernante se fortalecerán a costa de ella.
El desenlace de estos tres frentes, todos ellos de enorme delicadeza para la presidenta, marcarán el rumbo del nuevo régimen en sus relaciones con Estados Unidos, en la dinámica cívico-militar y en el balance de fuerzas en el interior de la coalición gobernante. De ese tamaño es la batalla.
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Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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