Complicidad criminal

El gran cuestionamiento es que para que la situación en el país haya llegado a estos niveles de violencia solamente se explica en función de la presencia de varios componentes simultáneos. Ciertamente que hay errores que provienen de décadas, como es el hecho de haber desatado la guerra contra las drogas y la violencia subyacente a partir de 2007. Eso provocó un enorme cúmulo de problemas porque el foco de la autoridad dejó de ser el tratar un problema de salud pública con herramientas regulatorias, médicas y de prevención. En su lugar se apostó en forma radical a la depredación en base a la extirpación del mercado de estupefacientes con la fuerza bruta (replicando políticas públicas punitivas que no han tenido éxito en ningún país democrático). Las consecuencias de tal yerro las vivimos desde entonces. La estrategia fundamental no ha variado en todo este tiempo, salvo por ajustes en formas de comunicación y perspectivas en prensa.

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No normalicemos

Sin embargo, en 2018 sí se dio un cambio relevante. Esto devino del hecho de que se develó frente a todos un pacto con el sector delincuencial. A partir de ese momento y durante todo el sexenio respectivo que terminó a fines de 2024, se dijo claramente que a las bandas criminales ya no se les perseguiría de forma alguna. Ahora en vez de ejecución de la ley habría abrazos. En lugar de estado de derecho se avalaría el pacto para que a cambio de apoyo electoral se les dejaría operar. Y vaya que lo hicieron. Han venido actuando a sus anchas en básicamente todas las latitudes, impactando la vida diaria ciudadana y toda la cadena económica sin excepción significativa alguna. Y los delincuentes sí cumplieron con hostigar, presionar y vulnerar los comicios para facilitar triunfos de Morena en múltiples lugares de la nación. Un acuerdo claro y visible. Una tragedia.

Si alguien tiene duda de que ese pacto existió lo que se requiere es abrir los ojos. El anterior presidente dijo claramente que en los procesos electorales la delincuencia se portaba bien, fue más de cinco veces a Badiraguato, se bajó de su vehículo para saludar a la madre del Chapo Guzmán, pidió que a ese delincuente se le llamare por su nombre formal y no por el apodo público, instruyó expresamente la liberación de Ovidio Guzmán, estableció la prioridad de reconocer los derechos humanos de los delincuentes (y jamás de las víctimas de ninguna especie), instruyó a las fuerzas armadas y públicas a no reprimir o perseguir a los delincuentes, etc. Si eso no refleja un acuerdo evidente con la delincuencia organizada, es entonces claro que la ceguera es crónica. El problema se salió de control para llegar hasta los niveles que se heredaron a la administración federal actual que tomó posesión el 1 de octubre de 2024. Generaron una verdadera bola de nieve.

El problema entonces es que la presidenta Sheinbaum heredó una situación gravísima. Como no se atreve a contradecir expresamente a su predecesor, entonces la solución al problema de inseguridad no es sencilla. Aunque por referencias del problema y de la necesidad de hacer ajustes se infiera que sí hay un cambio para abandonar la estrategia de abrazos, la evidencia es aún muy endeble para realmente pensar que hay una propuesta novedosa y seria que brindará resultados. Basta indicar que no hay a la fecha detenciones importantes, los delincuentes siguen operando, y lo que se ha hecho en gran medida obedece a reaccionar frente a las presiones del gobierno de los Estados Unidos. No se han minado las capacidades de las principales bandas delincuenciales. La inseguridad sigue siendo brutal.

Falta reflexionar además con lo que se ha hecho y dejado de hacer desde el poder. Ya hemos dicho que se hizo a un lado todo el proceso de procuración de justicia porque se pidió el apoyo de dichas bandas para el efecto de ganar elecciones. Esto implicó dejar que las bandas ampliaran su actuación a todo tipo de actividades lesivas como el homicidio, el secuestro, el robo, el tráfico de personas, la extorsión, y muchos otros delitos. Me detengo en el tema de extorsión en su modalidad de derecho de piso porque significa la renuncia más artera del Estado a sus obligaciones de proporcionar la más elemental base de seguridad y protección a actividades ciudadanas lícitas. Cuando la delincuencia se apodera de ese aspecto de libertad económica ya no existe casi nada por lo cual se pueda esperar crecimiento para el país y mucho menos seguridad o certeza empresarial.

Otro tema que es escandaloso es que a la delincuencia no solamente se le ha permitido proliferar, sino además se les ha involucrado en actividades en que se asocia con autoridades para demostrar una sociedad evidente en la generación de negocios ilícitos. Dos ejemplos evidentes y coaligados son los siguientes. El primer caso son las aduanas del país que ya operan en función de una sociedad entre bandas delincuenciales y autoridades federales. Esto quiere decir que a los que importan o exportan se les exige el pago de cuotas que se distribuyen entre los socios ilícitos si los particulares no quieren que se pierdan sus mercancías. El otro ejemplo fundamental es el caso del huachicol fiscal, una operación que justamente presupone el contubernio en aduanas al permitir que gasolina se importe como aceite vegetal para evadir el pago de impuestos y así generar un nivel estúpido de rentabilidad en la venta del combustible en gasolinerías que se prestan al esquema de robo tributario.

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¿Quién gobierna?

Estamos hablando de un nivel absurdo de problemas de inseguridad propiciados por la propia inercia de autoridades que se han coludido obscenamente, pisoteando sus obligaciones y exponiendo a todo el país. La criminalidad compartida entre delincuencia y servidores públicos, en una dimensión que necesariamente involucra a las más altas esferas de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de fuerzas armadas. Una situación gravísima por donde se le vea. Un golpe artero a las finanzas públicas. La locura total.

Nos referimos también al hecho de que la ciudadanía en su conjunto ya no pueda seguir siendo expuesta a los flagelos de la delincuencia organizada. En ese contexto mención especial a que el empresariado debe ser una fuente principal de resistencia y contestabilidad ante autoridades corruptas. Salvo Coparmex y Concamin, ninguna otra organización empresarial está dando la batalla en estos temas. No es lógico que los empresarios en sus distintas modalidades y tamaños estén siendo tan pasivos cuando el riesgo estructural es tan evidente y lesivo. Es urgente que todos los empresarios paren su complacencia antes de que sea demasiado tarde y no tengamos una solución viable a la penetración delincuencial en el devenir del país.

Es entonces esa relación absurda e ilícita entre autoridades y delincuentes la que en gran medida ha sido el combustible de reclamos fundados por parte del gobierno federal actual de los Estados Unidos para el efecto de que cese dicha complicidad en México. Esto pasa por muchos gobernadores y otros funcionarios de alto perfil (actuales y previos) que aparecen en la lista de personas que no son bien vistas por nuestros vecinos del norte (muchos de ellos incluso ya con visas canceladas y/o investigaciones en su contra). Para ello los americanos piden, más bien exigen, que haya ayuda de su contraparte mexicana para combatir a los delincuentes porque los habitantes de Estados Unidos se han visto afectados con el tráfico de drogas y la generación de inseguridad.

Aunque una intervención militar extranjera en territorio nacional es indeseable, también lo es que no aceptemos apoyo en inteligencia y tecnología para derrotar a quienes tanto daño hacen a la nación. La inacción y tolerancia de las autoridades mexicanas es lo que para Estados Unidos es evidencia de una situación anormal. Una situación que apunta a que la autoridad mexicana no quiere derrotar a los delincuentes (evidenciando sus intereses comunes). La complicidad criminal ya llegó a su límite absoluto antes de que vengan reclamos más fuertes o incluso acciones unilaterales. El tiempo y el margen de maniobra para México se agotó ya.

P.D.1. Seguimos expresando la solidaridad con todos nuestros paisanos en Estados Unidos. Sigue la persecución iracunda de personas por cuestiones raciales, destruyendo familias, violando derechos humanos, y propiciando que se lastimen muchos negocios en que la mano de obra latina no se reemplaza por nadie más. Un absurdo y enorme tristeza como se le vea.

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La opacidad como regla

P.D.2. La situación de las instalaciones aeroportuarias en la CDMX va de mal en peor. Vaya que nos hace falta Texcoco y tener el desempeño económico que hubiera permitido para todo el país. No entiendo cómo vamos a hacer un buen papel en cuanto tengamos el Mundial de la FIFA en menos de un año. El engaño permanece hasta que sea imposible no saber que el tráfico aéreo debe crecer y el proyecto cancelado es indispensable. Seguimos pagando la hipoteca de la casa que se mandó destruir. Iracundo.

P.D.3. Jamás avalaré forma alguna de violencia. Sin embargo, la escena reciente de golpes en el Senado es la consecuencia directa de la estrategia populista de polarización y de nulificar el diálogo con cualquier persona que tenga opiniones diferentes. Este gobierno ha cultivado por ya más de siete años un régimen de odio e intolerancia. Además, con un hostigador profesional como el oportunista e inoportuno legislador que hasta hace poco fungió como presidente del Senado, es explicable que se hayan perdido los estribos y generado las agresiones respectivas. Ojalá esto cambie pronto.

P.D.4. La guerra comercial con Estados Unido sigue dando mucho de qué hablar. A nuestro país se le sigue haciendo difícil el tránsito a una solución favorable e integral. Gran parte de las complicaciones es que Estados Unidos está exigiendo que México pare de incumplir con el Tratado por tantos caprichos y medidas unilaterales adoptadas en el sexenio previo. Las facturas se pagan y nos están retando a que corrijamos los abusos. Las cosas como son.

P.D.5. El tema de baches no es ya un mero tema de inconvenientes. Ahora estamos viendo como en el país se desmorona la infraestructura de comunicaciones por el nulo sistema de mantenimiento y reparaciones. Las consecuencias no son solo demoras o molestias. Son ahora temas de daños estructurales, lesiones económicas, e incluso problemas de inseguridad porque los vehículos que se detienen o dañan propician asaltos, robos y otros efectos adversos. Mal y de malas cuando ves que las autoridades no hacen nada por remediar una omisión evidente y lacerante.

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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.