La legitimidad de una elección se construye a partir de la confianza que se genera a lo largo del proceso electoral, de manera que la voluntad ciudadana que se manifiesta a través del voto libre y auténtico sea el reflejo fiel de lo que le electorado desea.
#ApuntesElectorales | Elecciones sin legitimidad. Una catástrofe anunciada
La reforma al Poder Judicial hundirá a la justicia del país en una lógica de intereses políticos, económicos y lentitud en la impartición de justicia, que generará un retroceso de décadas para México.
@EspinosaSilis
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Esta legitimidad depende de varios factores, entre ellos, que las reglas del juego estén preestablecidas con suficiente antelación, pues ello genera certeza entre los competidores y el electorado, que la actuación de la autoridad electoral sea independiente e imparcial, que la competencia se lleve a cabo en condiciones de equidad, y que no haya terceros buscando incidir en la elección y coaccionar la voluntad ciudadana, entre otros.
Un factor fundamental para la legitimidad de una elección es la observación electoral, que consiste en la presencia de ciudadanos y organizaciones, nacionales e internacionales para vigilar el desarrollo del proceso electoral. La observación electoral llevada a cabo de manera seria y responsable, a partir de una metodología y un análisis de cada uno de los elementos de la elección se convierte en un factor de legitimación o deslegitimación de la elección.
En estas elecciones judiciales la observación electoral ha dado cuenta del desaseo con el que se han llevado a cabo este proceso y de su falta de integridad. A lo largo del proceso electoral judicial diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Observatorio Electoral Judicial (oej.mx), han señalado todas las condiciones que representan una falta a la integridad de las elecciones.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos integrada por especialistas técnicos de diferentes países de la región, en su informe preliminar sobre las elecciones judiciales mexicanas, señaló de manera puntual los vicios y deficiencias de este proceso, principalmente hago énfasis en aquellas que para mí son más relevantes y demuestran la falta de legitimidad de una elección que nunca debió ser.
- El proceso de reforma al Poder Judicial se llevó a cabo de manera apresurada, sin un debate honesto, plural y compresivo, no se hizo un análisis técnico de las problemáticas de la justicia y del propio Poder. La reforma generó una profunda polarización.
- Las elecciones judiciales pueden politizar al Poder Judicial, subordinando las decisiones técnicas de los jueces a intereses políticos, incentivando que los jueces fallen conforme a la opinión pública en lugar de apegados al Estado de Derecho.
- El método de evaluación para definir las candidaturas carece de criterios claros y definidos, no garantiza la idoneidad de los perfiles, ni evita su politización.
- Las restricciones presupuestarias a las autoridades electorales limitaron la organización de la elección y afectaron la accesibilidad del voto.
- La geografía electoral judicial generó desigualdad en la representatividad, no hubo criterios claros para definir las circunscripciones, lo cual da sospechas de intencionalidades políticas.
- La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales, sumado a la gran cantidad de cargos a elegir complica la organización de la elección y genera riesgos de intereses partidistas en las elecciones judiciales.
La OEA concluye su informe con una afirmación que me parece demoledora: “La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”.
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Para casi todos, excepto el oficialismo, es claro que estamos ante unas elecciones que carecen de legitimación, así lo dejan ver no solo las organizaciones que hicieron observación electoral, sino también la bajísima participación que es muestra del rechazo ciudadano. Aunque los autores de la reforma no lo quieran ver y repliquen con lugares comunes y pataletas, es un hecho que esta reforma al Poder Judicial va a hundir a la justicia del país en una lógica de intereses políticos, económicos y lentitud en la impartición de justicia, lo cual generará un retroceso de décadas para México.
No tengo esperanzas en que el gobierno o la mayoría legislativa busquen una contra reforma que realmente mejore la justicia, pero sí espero que al menos desde la oposición y la sociedad civil abramos los ojos para hacer frente de manera unida a la catástrofe que viene para la justicia y la democracia.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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