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#ColumnaInvitada | Implicaciones de las redadas migratorias en Los Ángeles

Este episodio reactiva debates estructurales sobre los límites del poder presidencial, el federalismo estadounidense y la autonomía de las entidades subnacionales.
mar 10 junio 2025 06:03 AM
Protestas en Los Ángeles: últimas noticias de las redadas contra migrantes
Ante la fuerte reacción ciudadana, la Casa Blanca autorizó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y puso en alerta a 700 marines para “proteger instalaciones federales” y “contener disturbios”, apunta José María Ramos.

Entre el 7 y el 8 de junio de 2025, el gobierno federal de Estados Unidos, bajo la nueva administración estadounidense, lanzó una serie de redadas “militares” de ICE (Immigration and Customs Enforcement) en diversos puntos de Los Ángeles, deteniendo a decenas de personas, incluidas familias trabajadoras, en centros de detención federales y lugares de trabajo informales. Cerca del 47% de los angelinos se identifican como hispanos. Paramount, el suburbio obrero y mayoritariamente latino donde al menos 20 personas fueron arrestadas el sábado, es 82% latino (Krauze, 2025).

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Ante la fuerte reacción ciudadana —que incluyó protestas multitudinarias, quema de vehículos y enfrentamientos con agentes federales— la Casa Blanca autorizó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y puso en alerta a 700 marines para “proteger instalaciones federales” y “contener disturbios”.

Si California fuera un país, sería la quinta economía del mundo. Los Ángeles, Ca. tiene la mayor población nacida en el extranjero de todo el país. Hay residentes provenientes de al menos 130 países. Casi 40% de los angelinos son inmigrantes. Es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. La mayor comunidad salvadoreña fuera de El Salvador. La mayor comunidad coreana fuera de Corea (Krauze, 2025).

Implicaciones en la relación gobierno federal–ciudad de Los Ángeles

1. Confrontación legal y político-administrativa

- El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la movilización de tropas como “ilegal” y presentó una demanda federal, argumentando que la administración federal violó la Posse Comitatus Act al usar fuerzas armadas en funciones de seguridad civil sin su aprobación

- La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenó la militarización de la seguridad pública y advirtió que esta estrategia exacerba la desconfianza entre la comunidad mexicana y las instituciones locales, socavando la cooperación con la policía municipal y el Departamento de Sheriff.

Implicaciones en la relación bilateral con México

1. Reacción diplomática y protección consular

- El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que al menos 42 ciudadanos mexicanos fueron detenidos en esas operaciones, de los cuales cuatro ya fueron deportados sin garantía plena de debido proceso

- La presidenta Claudia Sheinbaum urgió a Washington a “respetar la dignidad humana” y garantizó apoyo legal y consular para los migrantes, mientras México intensifica la movilización de cónsules en Los Ángeles para monitorear condiciones de detención.

2. Tensión en temas de cooperación fronteriza y migratoria

- El endurecimiento de las políticas migratorias y el uso de fuerza militar en territorio californiano podrían llevar a México a revisar mecanismos de colaboración, presionando por mayor respeto a derechos humanos y participación equitativa en decisiones bilaterales.

En 2023, la comunidad migrante ocupó el 38% de todos los empleos en el área metropolitana de Los Ángeles. Un tercio de los trabajos en California está en manos de personas nacidas fuera del país. Su impacto económico es profundo: los inmigrantes generan cerca del 32% del PIB estatal —más de 715,000 millones de dólares al año—. (Krauze, 2025).

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(Obligatorio)
Internacional

Manifestaciones antirredadas en Los Ángeles incrementan tensiones

A manera de resumen, algunos impactos de las redadas de Los Ángeles, CA:

Reconfiguración del conflicto federación–entidades subnacionales en EU

Las redadas migratorias y el despliegue de tropas federales sin coordinación con el gobierno estatal ni con las autoridades locales de Los Ángeles profundizan una dinámica de confrontación entre la Casa Blanca y gobiernos demócratas en estados y ciudades santuario. Este episodio reactiva debates estructurales sobre los límites del poder presidencial, el federalismo estadounidense y la autonomía de las entidades subnacionales en temas de seguridad, derechos civiles y administración de justicia.

Debilitamiento de la gobernabilidad urbana y de la legitimidad institucional localLa presencia de tropas federales en funciones de orden público genera un “efecto disuasivo” en las comunidades migrantes, inhibiendo el acceso a servicios públicos esenciales, como la salud y la educación, así como la colaboración ciudadana con las autoridades municipales. Además, compromete la capacidad de los gobiernos locales para actuar como garantes de derechos, debilitando su legitimidad ante sectores sociales históricamente marginados.

Radicalización de los discursos políticos y judicialización de la política migratoriaLa crisis en Los Ángeles fortalece narrativas polarizantes: por un lado, el discurso de “ley y orden” promovido por el gobierno federal; por el otro, el discurso de defensa de derechos humanos promovido por gobiernos progresistas locales y estatales. Esta polarización derivará en una mayor judicialización de la política migratoria, con litigios en cortes federales que podrían escalar a la Suprema Corte de Justicia, y que redefinirán los márgenes de acción en materia de control migratorio y uso de fuerza.

Impactos humanitarios y efectos estructurales en comunidades transfronterizasLas detenciones masivas, deportaciones expeditas y el uso de la fuerza militar generan efectos traumáticos en comunidades mexicanas y centroamericanas asentadas en Los Ángeles, afectando no sólo la estabilidad individual y familiar, sino también la economía informal, las redes comunitarias y los ecosistemas culturales locales. Estos impactos se proyectan también hacia el sur, al aumentar la presión sobre ciudades receptoras de migrantes deportados en México y Centroamérica, donde las capacidades institucionales ya son limitadas.

Las redadas migratorias impulsadas por el gobierno federal los días 7 y 8 de junio de 2025 en Los Ángeles no sólo generaron una crisis humanitaria y tensiones político-institucionales a nivel local, estatal y federal, sino que también provocaron efectos económicos en una de las regiones metropolitanas más dinámicas y diversas de Estados Unidos.

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Los Ángeles, como ciudad santuario y núcleo económico con una alta concentración de población migrante —regular e irregular—, mantiene una interdependencia crítica entre su economía local y la fuerza laboral migrante. El uso intensivo de operativos de detención, acompañados por el despliegue de personal federal y militar, produjo una disrupción súbita en sectores clave como la construcción, los servicios, el comercio minorista y la logística. A ello se sumó un clima generalizado de temor que afectó el consumo, la operación de pequeñas y medianas empresas y el funcionamiento de cadenas productivas.

Uno de los efectos de las redadas es la interrupción en sectores económicos con alta presencia de trabajadores migrantes.

Las redadas tuvieron un impacto inmediato en industrias locales que dependen de fuerza laboral migrante, tanto documentada como indocumentada, como:

- Construcción, especialmente en obras privadas residenciales y de renovación urbana.
- Servicios de alimentos (restaurantes, catering, procesamiento agrícola en zonas periféricas).
- Servicios de limpieza, cuidado de personas y trabajo doméstico.
- Logística y transporte urbano, incluyendo repartidores y operadores de almacenes.

La ausencia súbita de trabajadores podría provocar cancelación de turnos, retrasos en entregas y encarecimiento de servicios en áreas clave de la economía local.

Más allá del corto plazo, este tipo de acciones unilaterales generan un efecto de enfriamiento económico en barrios populares y sectores altamente dependientes del trabajo migrante, además de aumentar la incertidumbre para empleadores, inversionistas y gobiernos locales. Comprender el alcance de estos impactos permite dimensionar las consecuencias materiales de políticas migratorias restrictivas, no solo en términos sociales o legales, sino también en relación con la estabilidad económica urbana y regional.

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Nota del editor: José María Ramos es especialista en relaciones México-EU Especialista en relaciones México-EU y Profesor del colegio de la frontera norte, Tijuana. Analista de gobernanza, políticas y gestión estratégica para el desarrollo y de la cooperación transfronteriza MexUS./ Dr. en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, España. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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