La “informalidad” es un término ambiguo. Mucha gente cita datos de informalidad laboral, para luego referirse a la “economía informal” y a personas que “no pagan impuestos” y no cumplen con normas y disposiciones para la actividad económica.
El dato es escandaloso. Al menos desde 2005 que tenemos datos constantes, más de la mitad de la población ocupada tiene trabajos informales (54% a fines de 2024).
La fuente del dato es la Encuesta de Ocupación y Empleo del Inegi. Lo más importante es que el dato no refiere a una situación fiscal sino a una condición laboral precaria: sin derechos laborales, sin prestaciones, sin afiliación al seguro social y sus protecciones: servicios de salud, ingreso en caso de incapacidad, enfermedad, maternidad y jubilación, guarderías, ahorro para el retiro, ahorro y crédito para vivienda. Informales son los trabajos, no las personas.
Generalizar es un error, los trabajos informales son muy diferentes. Son el resultado de diversas situaciones: estrategias de sobrevivencia, medios de generación de ingresos complementarios, trabajos a tiempo parcial o en negocios familiares, modelos de negocio que evaden la relación “obrero-patronal” para maximizar ganancias.
Los trabajos informales están presentes en todo tipo de unidades económicas, desde el trabajo en los hogares (que constituyen el “sector informal”) hasta empleos en empresas formales y entidades de gobierno.
Para dar idea de la diversidad de trabajos informales, unos ejemplos: campesinos pequeños productores en la agricultura de subsistencia, trabajadoras del hogar sin seguro social, grupos familiares que preparan alimentos en sus cocinas o tienen talleres en sus patios y casas.
Personas vendiendo billetes de lotería, chicles, dulces y cigarros, limpiando parabrisas, en puestos de comida semifijos, en locales en mercados, tianguis y zonas de mucho tránsito de personas.
Personas que trabajan horas o días en el negocio familiar, estudiantes con trabajos parciales y la multiplicidad creciente de trabajos independientes y “free lance”.
Personas que usan plataformas tecnológicas de grandes empresas transnacionales para servicios de transporte de pasajeros y reparto de comida, personas que trabajan en el gobierno por honorarios y en general quienes trabajan y carecen de afiliación al seguro social.
Algunas pagan impuestos, otras no. Pero dado su nivel de ingreso y diversidad, el problema central no es ese. El problema de fondo de la informalidad es trabajar sin derechos laborales y sin seguro social, es decir, trabajos que producen pobreza.
La edición más reciente de la ENOE del Inegi muestra el siguiente panorama:
De 32.4 millones de personas con trabajos informales, 58% son hombres y 42% mujeres.
98% carecen de afiliación al seguro social (porque 2% no está especificado).
39% trabajan en servicios y 21% en el comercio.
55% tienen trabajo subordinado (empleo) y 34% trabajan por cuenta propia (autoempleo).
33% tienen secundaria incompleta o menos, solo 29% secundaria completa y 5% bachillerato incompleto.
60% trabajan en micronegocios.
33% trabajan solos (1 persona ocupada) y 54% en unidades con 2 a 10 personas ocupadas.
Más de la cuarta parte (27%) no recibe ingresos y más de la mitad (55%) recibe ingresos menores al costo de dos canastas básicas (umbral de pobreza salarial).
En conclusión, la informalidad es precariedad laboral. Es también capacidad productiva potencial. Millones de personas podrían sumarse a empleos formales si están bien remunerados. Pueden ser la respuesta ante la “crisis de vacantes”. La iniciativa empresarial por ingreso digno (ver mi texto en Expansión 21/03/2025) también puede contribuir a reducir el trabajo informal.
El cambio de fondo para evitar la informalidad requiere revisar el modelo de seguro social que se financia con un impuesto al trabajo llamado “cuotas obrero patronales”. El acceso a servicios de salud debiera ser un derecho humano financiado con impuestos generales y no una “prestación laboral”. Ese cambio cambiaría de raíz el tamaño y la dinámica de la informalidad. Pero por su complejidad esa discusión queda para después.
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Nota del editor: Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
