En este contexto, comprender cómo ha evolucionado la visión del juzgador y cuáles son los desafíos actuales resulta fundamental para quienes toman decisiones en ámbitos económicos, empresariales y tecnológicos, pues el sistema judicial no sólo regula las relaciones sociales, sino que también influye en la estabilidad y el desarrollo de los mercados y las instituciones.
De la autoridad divina a la interpretación contextualizada
En los primeros tiempos, bajo el Estado absolutista, el juez era un mero instrumento del poder divino, actuando en nombre del rey sin necesidad de motivar sus decisiones. La legitimidad de sus resoluciones residía en la autoridad suprema, y la ley era una declaración de la voluntad del monarca, sin espacio para la interpretación o el debate. La transición hacia el Estado de Derecho, impulsada por las revoluciones francesa, inglesa y la independencia norteamericana, marcó un cambio radical: los jueces pasaron a ser aplicadores de normas, limitados a la interpretación literal de la ley, en un sistema que favorecía la codificación y la seguridad jurídica.
Este modelo, aunque estableció un marco de previsibilidad, dejó de lado la flexibilidad necesaria para resolver casos complejos o novedosos. La aparición del tribunal constitucional y la incorporación de principios de jerarquía normativa y control constitucional permitieron que la interpretación del derecho fuera más sistemática, pero aún limitada a la letra y la estructura normativa. Sin embargo, la historia nos enseñó que la literalidad no puede ser suficiente para abordar la complejidad social y política de los conflictos contemporáneos.
El Estado Social de Derecho y la interpretación funcional
Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, emergió el Estado Social de Derecho, que introdujo una visión más humanista y contextualizada del derecho. La interpretación dejó de ser únicamente sistemática y gramatical para incorporar un enfoque funcional, que considera los fines de la norma, su contexto histórico, la intención del legislador y las consecuencias sociales de la decisión judicial. Este cambio refleja una mayor sensibilidad hacia los derechos humanos y la necesidad de que la justicia sea un instrumento de protección efectiva de la dignidad y las libertades fundamentales.
Para los actores económicos y tecnológicos, esta evolución implica que las decisiones judiciales no pueden limitarse a una lectura mecánica de las leyes, sino que deben considerar el impacto social y los valores en juego. La justicia ya no es sólo un mecanismo de resolución, sino un actor que debe adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos para mantener su legitimidad y eficacia.
Transformaciones actuales: justicia cercana, ética y tecnología
En la actualidad, la sociedad demanda que las y los juzgadores sean más cercanos, transparentes y éticos. La cercanía implica tanto presencia física, como también una comprensión profunda de las realidades sociales y culturales, especialmente de los grupos vulnerables.
