Hay pocas organizaciones con mayor poder de movilización en México que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Los capitalinos nos habíamos olvidado de esto porque durante el sexenio de López Obrador la CNTE no realizó grandes manifestaciones de larga duración en la Ciudad de México. Sin embargo, los últimos días nos han recordado que en efecto los maestros son capaces de paralizar las vías más importantes de la capital, incluidos el centro histórico y el aeropuerto internacional.
La CNTE y la crisis educativa de México

Otras entidades no fueron tan afortunadas como la CDMX durante el sexenio pasado y, por el contrario, el magisterio paralizó importantes carreteras, vías férreas y avenidas en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Sin embargo, en comparación con épocas anteriores, en el gobierno de López Obrador la CNTE mantuvo un grado de movilización mucho menor y fue más accesible al diálogo con las autoridades gubernamentales. La relativa paz entre el sindicato y el gobierno federal respondió al matrimonio político de López Obrador con los maestros. Hoy, parece que la unión entre Morena y el magisterio se ha roto y la presidenta Sheinbaum tendrá que lidiar con las consecuencias de ello.
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No obstante, es importante que el desastre vial y las pérdidas económicas que producen las movilizaciones de los maestros no opaquen el corazón del problema que las manifestaciones magisteriales ponen de relieve: la podredumbre de nuestra educación pública. También es fundamental que los análisis políticos sobre las negociaciones entre la CNTE y el gobierno federal no eclipsen el enorme dilema al que el Estado mexicano se enfrenta: ¿cómo recuperar el control del sistema educativo, garantizar los derechos laborales de los profesores y brindar una educación de calidad a los estudiantes al mismo tiempo y con finanzas públicas estrechas?
La educación pública en México está en una crisis profunda. La crisis viene de tiempo atrás. No es nueva. El gobierno de Peña Nieto intentó solucionarla disciplinando al magisterio e impulsando un programa educativo y un sistema de ascenso magisterial presuntamente sometido a estándares meritocráticos. En parte por las demandas legítimas de los maestros y en parte debido al aprovechamiento político de esas causas por parte de López Obrador y varios líderes magisteriales, la reforma de Peña Nieto quedó trunca y la crisis se agravó.
Yo concuerdo con los maestros en cuanto a que la reforma peñista establecía estándares muy altos para ellos sin solucionar la precariedad laboral en la que se encuentra el magisterio mexicano. Sin embargo, el manejo oportunista de la coyuntura por parte de AMLO y algunos líderes magisteriales canceló cualquier posibilidad de negociación de esa reforma para elevar, al mismo tiempo, la calidad docente y los derechos laborales. Así, la crisis del sistema educativo persistió y se profundizó durante el sexenio de López Obrador, quien otorgó algunas concesiones a las demandas del magisterio sin solucionar el dilema de fondo: la elevación simultánea de la calidad docente, de las exigencias para los profesores y de las condiciones de trabajo de los maestros.
Como nos recordó Luis Hernández Navarro , los trabajadores de la educación perciben ingresos 17 por ciento más bajos del que obtienen las personas con título universitario en México. Además, nuestro país es uno de los miembros de la OCDE con peores salarios magisteriales: en 2023 eran 23 por ciento menores que el promedio.
Los maestros tienen razón en demandar mejores salarios, mejores condiciones de retiro, más prestaciones y un arropamiento más integral por parte del Estado. El gobierno federal debe dejar de ver al magisterio como una fuente de movilización electoral y votos. Más bien, debería observar a los maestros como un grupo de trabajadores que merecen las condiciones más dignas para realizar una función esencial para el desarrollo social del país y para el crecimiento personal de millones de niñas, niños y jóvenes.
No se puede tener una educación pública de calidad sin condiciones de trabajo dignas y decorosas para los maestros. Pero tampoco se puede tenerla si los maestros se niegan a someterse a estándares de profesionalización y capacitación más estrictos y si los líderes sindicales trafican con las plazas magisteriales como si fuesen su patrimonio y como si la educación de millones de niños y niñas no estuviera de por medio. Ambas partes —el Estado y el magisterio— deberían entenderlo. Ambas partes deberían poner por delante el interés público: es decir, la educación de los y las estudiantes. Sin embargo, esto no se ve viable: para Morena, su aliado político y su clientela electoral lo está traicionando; para la CNTE, el partido que lo empoderó y lo acompañó en sus luchas —las justas y las injustas— ahora no quiere cumplir sus compromisos.
Y si a esto le sumamos un entorno de “austeridad republicana”, el cambio desorganizado y mal diseñado hacia la Nueva Escuela Mexicana y la inacción del Estado para reparar el daño educativo causado por la pandemia, estamos frente a una crisis mayúscula de la educación pública en México. La movilización de la CNTE es sólo una arista de este problema mucho más grande y el Estado no parece tener voluntad para reconocerlo.
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Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.