Muchas y muchos leímos Ensayo sobre la ceguera de José Saramago en algún momento de nuestra vida. En esta obra, una epidemia de ceguera súbita sumerge a una sociedad en el caos, revelando cómo la falta de visión, literal y simbólica, desata miedo, incertidumbre y desesperación. Más allá del argumento, el libro nos invita a reflexionar sobre lo que implica vivir sin ver, sin entender, sin saber.
El desmantelamiento de la transparencia y la justicia a ciegas
La reforma al Poder Judicial se vendió como un paso hacia una justicia más cercana, humana, plural y democrática, sin embargo, en los hechos, ha debilitado los contrapesos.
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Ese texto resuena hoy con fuerza frente al panorama en México de retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información y nos hace plantearnos una pregunta urgente: ¿qué tan conscientes somos del papel que juega el acceso a la información pública, veraz y transparente en nuestras vidas? La información no es un lujo, es una herramienta esencial para ejercer otros derechos, tomar decisiones informadas y exigir cuentas a quienes ejercen el poder.
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Desde conocer la política de salud en nuestra comunidad, cuántas escuelas hay en México y su ubicación, qué medicamentos tienen desabasto en los hospitales públicos, cuánto le cuestan al Estado y con quién los adquiere; conocer el presupuesto para obras públicas, quiénes participan y ganan las licitaciones, hasta decidir por quién votar con base en los perfiles de las personas candidatas a puestos de elección popular, son ejemplos de cómo el acceso a información clara y oportuna transforma la apatía en participación activa de la ciudadanía.
En México, aunque el derecho de acceso a la información está reconocido en la Constitución, hoy su garantía pende de un hilo. La reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024 supuso la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el único órgano autónomo dedicado a salvaguardar este derecho a nivel federal. En su lugar, se instauró un nuevo modelo institucional fragmentado, encabezado por el órgano “Transparencia para el Pueblo”, dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, con competencias limitadas exclusivamente a la administración pública federal. El resto de los sujetos obligados como otros poderes, organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos quedaron bajo la tutela de diversas autoridades, lo que nos obliga como ciudadanía a tener que tocar diferentes ventanillas para ejercer nuestro derecho a la información. A este panorama todavía hay que sumarle lo que pasa en el ámbito local.
Las consecuencias de la reforma en materia de transparencia ya se sienten, ejemplo de esto es que en pleno proceso de elección de personas juzgadoras para el Poder Judicial de la Federación, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, los dos poderes que impulsaron y aprobaron esta reforma, publicaron en tiempo la lista de personas postulantes, incumpliendo flagrantemente sus obligaciones de transparencia. Mientras tanto, existen denuncias de actos anticipados de campaña, candidaturas de personas con perfiles opacos que están presuntamente vinculadas al crimen organizado, e incluso aspirantes acusados de graves violaciones a derechos humanos, asesinato de personas periodistas y la extorsión de comunidades indígenas.
El proceso electoral avanza y el 1 de junio, día de la votación de personas juzgadoras del ámbito federal, está a la vuelta de la esquina, pero el panorama es incierto todavía. Surgen preguntas como: ¿participará la ciudadanía en general o solo quienes son movilizados por quienes hoy detentan el poder?, ¿tendrán peso real las campañas con propuestas estructuradas de las personas candidatas, frente a aquellas con frases absurdas como “estoy más preparado que un chicharrón” para ganarse el voto popular?, ¿en manos de cuántos quedará la decisión de definir a quienes juzgarán en este país?
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La reforma al Poder Judicial se vendió como un paso hacia una justicia más cercana, humana, plural y democrática, sin embargo, en los hechos, ha debilitado los contrapesos, centralizado el control y generado condiciones para que quienes juzguen, lo hagan bajo la sombra de los intereses de la administración en turno, lo que representa un riesgo enorme para la democracia mexicana.
Necesitamos actuar hoy más que nunca, difundir perfiles, exigir transparencia y acompañar los procesos de selección. Iniciativas como la del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que impulsa la presentación de la declaración 3 de 3 por parte de las personas candidatas, son un paso en la dirección correcta. Aún hay tiempo para conocer quiénes aspiran a juzgar, qué representan y a quiénes sirven.
Ya sea que salgamos a votar o no, exijamos transparencia en el proceso, porque sin información, no hay vigilancia y sin vigilancia, volvemos a la ceguera.
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Nota del editor: Teresa López Barajas es investigadora anticorrupción en Ethos Innovación en Políticas Públicas. Síguela en LinkedIn y en X como @tereLpez . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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