#Opidemia | Legalidad en suspenso

El problema es que se han emprendido una serie de reformas constitucionales que implican complejos reacomodos no sólo de los entramados jurídicos, sino también institucionales. Hay una sensación de que las modificaciones están debilitando las instituciones, cuando se esperaría un efecto contrario.

Un primer ejemplo, ineludible, tiene que ver con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI. Se produce una situación muy compleja cuando sus funciones, en su calidad de organismo constitucional autónomo, deben trasladarse ahora a una secretaría de Estado, a la de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Con el rediseño institucional se crea un órgano administrativo desconcentrado, adscrito a la referida secretaría, con el nombre de Transparencia para el Pueblo. Esto implica una pérdida enorme en cuanto a capacidades en razón de la naturaleza institucional de quien será responsable de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Después de contar con autonomía plena, lo que era el INAI se ve ahora reducido a un órgano que no contará ni siquiera con personalidad jurídica ni patrimonio propios. De ese nivel será la dependencia que tendrá de la secretaria Raquel Buenrostro.

La gestación de Transparencia para el Pueblo se califica como “uno de los aspectos más positivos” de esta nueva reforma. Puede leerse en el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria del 20 de marzo: “tendrá en el ámbito federal las mismas atribuciones que las demás autoridades garantes y adicionalmente conocerá y resolverá los recursos de inconformidad que interpongan las personas particulares en contra de las resoluciones emitidas por las otras autoridades garantes federales o de las entidades federativas siempre que la solicitud de información se encuentre relacionada con el uso de recursos públicos federales” (p. 15).

Un órgano desconcentrado resolviendo los recursos de inconformidad derivados de que la ciudadanía considera que no recibió una respuesta adecuada a su solicitud de información del gobierno federal no puede generar más que inquietud. Hay una pérdida de independencia frente al Ejecutivo federal, se duda de la imparcialidad del órgano garante y no puede verse de otra manera más que como una recentralización del poder en favor del presidente en turno.

La reforma judicial también es un excelente ejemplo para evidenciar un limbo en materia de justicia que se ha generado a partir de la alteración del enrevesado entramado jurídico mexicano que ha emprendido el proyecto de la Cuarta Transformación. Si el INAI es un caso muy mediático, existen otros a los que no se les ha dado la difusión que merecen por los efectos que los recambios legales podrían tener.

En julio de 2020, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), defendía la existencia de la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca como un paso histórico: “Esta perspectiva de pluralismo jurídico sin duda alguna da el marco teórico para desempeñar la labor de impartir justicia, estamos superando las visiones teóricas del monismo jurídico para transitar a una visión donde se retoma, se respeta y se pone en práctica el pluralismo jurídico, lo que implica justamente el reconocimiento a la diversidad de sistemas jurídicos que coexisten en el estado de Oaxaca en un marco de armonía y complementariedad con el derecho estatal”.

Regino Montes sigue siendo director general del INPI, pero entre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum hubo un cambio sustancial: ya no se cree, al parecer, en esa perspectiva plural, no se defiende la diversidad de los sistemas jurídicos oaxaqueños.

Existe ahora mismo confusión sobre si la reforma judicial significará la desaparición de la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca, sin cumplir ni siquiera 10 años de vigencia. Se originó a partir de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Oaxaca en diciembre de 2015, que derivó en su instalación en marzo de 2016. Hoy se genera incertidumbre y un vacío legal porque no se tiene certeza sobre lo que ocurrirá con los casos que le competían, incluso pudieran ponerse en riesgo los sistemas de justicia indígena.

Organizaciones civiles insisten en hacer llamados a que no se suprima la sala, en tanto que legisladores del congreso local de Oaxaca aseguran que la reforma que recién aprobaron no la desaparece.

Las reformas en el Poder Legislativo deberían fortalecer el Estado de derecho, no producir la sensación de que se está vaciando de sentido. Se vive un periodo de tránsito en el que el entramado jurídico debe articularse con el institucional. Ojalá que este proceso concluya pronto y que las modificaciones hayan sido las que se requerían. Ya se verá.

____

Nota del editor: Javier Rosiles Salas ( @Javier_Rosiles ) es politólogo. Doctor en Procesos Políticos. Profesor e investigador en la UCEMICH. Especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.