Hace unas semanas apunté que uno de los aspectos más positivos de la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Sheinbaum es que al fin reconoce oficialmente la existencia del régimen criminal. Esto queda evidenciado al plantearse la neutralización de redes criminales al desactivar sus redes de protección institucional. La semana pasada vimos el primer golpe sobre la mesa con el despliegue de la operación Enjambre en el Estado de México, que derivó, en un día, en la captura de siete funcionarios públicos municipales de alto nivel, por facilitar la operación de diversos grupos criminales.
Las duras realidades que revela la operación Enjambre
El operativo es la primera gran muestra de autoridad de la presidenta Sheinbaum y un ejemplo de articulación entre policías y militares bajo un mando civil… pero tenemos nuestras reservas.
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No cabe duda de que el operativo es quizá la primera gran muestra de autoridad de la presidenta Sheinbaum. Encerró a políticos y funcionarios de Morena y de oposición y afectó operaciones de La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros. También es un gran ejemplo de cómo lucen, bien ejecutadas, la inteligencia y la articulación entre policías y militares bajo un mando civil. Más allá de los enormes méritos y también de las reservas que existen sobre la intervención —las cuales comento más adelante—, Enjambre revela desde la intervención gubernamental varias realidades que no pueden quedar desatendidas y que la agenda pública debe continuar problematizando.
La seguridad pública municipal al servicio del crimen
La mayoría de los funcionarios arrestados el pasado viernes se desempeñaban como altos mandos en las dependencias de seguridad pública municipal. En otras palabras, contaban con la capacidad directa de movilizar a las policías a nivel de campo para favorecer las operaciones de grupos criminales. En lugar de fungir como el primer contacto del ciudadano con el aparato judicial del Estado, las policías municipales pueden convertirse en una trampa directa hacia las fauces del crimen organizado. A mi parecer, ésta es la expresión máxima de vulnerabilidad institucional frente a la corrupción o la violencia misma. La gran pregunta es: ¿en cuántos municipios la población que recurre a la policía en realidad está cayendo en las garras de las agrupaciones delictivas?
Ausencia de homicidios no significa mayor seguridad
El homicidio doloso es el mejor indicador para medir violencia intencional. En ese sentido, es imprescindible para monitorear la reconfiguración del régimen criminal a nivel regional y estatal, como ocurre actualmente en Sinaloa o Tabasco. Sin embargo, definitivamente no capta todas las dinámicas del crimen organizado. En otras palabras, la ausencia de homicidios no significa necesariamente mayor seguridad. Centrar exclusivamente la discusión, las políticas y el discurso oficial en el comportamiento de dicho indicador invisibiliza las mutaciones del crimen organizado.
Al respecto, en tres (de seis) de los municipios en donde las autoridades de seguridad facilitaban las operaciones del crimen organizado (Texcaltitlán, Tonatico y Amanalco) no se ha registrado ningún homicidio doloso en lo que va del año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, en Tejupilco únicamente se ha registrado un asesinato en los últimos diez meses. En resumen, necesitamos otras métricas para identificar y estimar el tamaño del control territorial del crimen organizado.
El régimen criminal está ampliamente extendido
Cuando decimos régimen criminal es probable que pensemos en entidades con altos niveles de violencia política como Guerrero, Chiapas y Michoacán; o con niveles desbordados de violencia homicida en general, como Colima o Baja California. La realidad es que dicho fenómeno está ampliamente extendido a lo largo y ancho del país.
El Estado de México registra una tasa de homicidios dolosos por debajo de la media nacional con una tendencia a la baja y, en las elecciones de 2024, no se encontró entre las más violentas contabilizando todas las víctimas. No obstante, grupos como la Familia Michoacana, la Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación controlan territorios completos. Es claro que la corrupción es uno de los mecanismos clave para la construcción del régimen criminal y mientras dicho problema no se desactive, la estrategia de seguridad pública continuará como un mero paliativo.
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Algunas reservas a la operación Enjambre
¿La operación Enjambre acaba con el régimen criminal? Es un paso adelante, pero la respuesta precisa es que no, por cinco motivos que pueden subsanarse (lo que es una buena noticia).
1) La detención no es sinónimo de justicia.
2) Si las detenciones no reducen la violencia criminal en todas sus formas, entonces son mero populismo punitivo.
3) Las detenciones pueden detonar las disputas de territorios, provocando enfrentamientos violentos entre grupos criminales.
4) Es urgente que dicha operación se lleve a cabo en toda la república mexicana o perderá muy rápido su legitimidad.
5) Romper las redes de protección es condición necesaria, pero no suficiente, para acabar con el régimen criminal. Para ello, se requieren intervenciones integrales, como por ejemplo, fortalecer a las policías, a partir de la dignificación de sus condiciones laborales.
Si lo anterior es tomado en consideración, la operación Enjambre podría ser una de las poquísimas luces que ha dejado este obscuro inicio de sexenio.
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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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