A pesar de ello, Claudia Sheinbaum recurre a ambas figuras al poner a un "súper secretario" en una "súper secretaría", a través de la figura de Omar García Harfuch, y la inteligencia como su principal instrumento de acción.
Al igual que Genaro García Luna, Omar García Harfuch es un policía con amplia formación y experiencia en gabinete y campo y, principalmente, cuenta con toda la confianza política de la presidenta. Es decir, tiene su venia para convertirse en el principal responsable de la seguridad pública de este país. No sólo eso, como en los tiempos de Peña Nieto, ahora el secretario dispone de bastantes “dientes” para operar.
Si la Defensa (que hasta hace una semana se llamaba Sedena), controla la Guardia Nacional, García Harfuch, gracias a la reformas al artículo 21 de la CPEUM, formalmente se ha convertido en el máximo definidor y coordinador de la política de seguridad pública a nivel nacional, por encima de los militares, sumando las mismas capacidades de investigación que la Guardia Nacional y contando con el control de la inteligencia.
¿Cómo evitar que la historia de García Luna y la de la Secretaría de Gobernación de Peña Nieto se vuelvan a repetir? Me parece que la clave está en el uso estratégico, político y técnico, precisamente de la inteligencia frente a tres desafíos nodales: mantener el estatus quo de los militares, acabar con la violencia que dejan las guerras criminales y frenar las consecuencias de la política de seguridad pública de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump; aquí algunos apuntes.
Mantener el estatus quo de militares
Los militares son los únicos actores con la capacidad de sabotear la política de seguridad de Sheinbaum. No sólo porque detentan el control de la Guardia Nacional, sino también porque encabezan multitud de áreas estratégicas para el desarrollo económico, como infraestructura o aduanas. En pocas palabras, cuentan con amplios recursos de negociación para someter al Ejecutivo federal.
Omar García Harfuch deberá explotar sus capacidades de coordinación e inteligencia sin atentar contra los intereses políticos de una institución que no está acostumbrada al mandato civil y que con la reelección de Rosario Piedra también tienen mayor margen de impunidad en la violación de los Derechos Humanos. Me parece que si la inteligencia favorece a las cúpulas militares —aliviando las presiones que ejercen las tropas frente a los abusos y la sobreexplotación—, entonces existe la posibilidad de encontrar un punto de equilibrio que impulse la estrategia de seguridad.
Acabar con la violencia de la guerra criminal
En principio, las detenciones relevantes son el sello de la política de seguridad en este arranque de sexenio. El pasado martes, García Harfuch presumió la captura de poco más de tres mil personas, en donde se incluyen operadores clave del Cártel de Sinaloa en diferentes entidades e incluso, ese mismo día por la tarde, se dio a conocer la detención de uno de los responsables del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Sin embargo, de nada sirven las detenciones si continúa la violencia criminal y homicida.
En las últimas semanas, la agresividad del crimen organizado se ha recrudecido. Por ejemplo, en Sinaloa no cesan las ejecuciones entre sicarios y en contra de líderes gremiales; y las masacres por las disputas de diversos mercados ilícitos se extienden a entidades como Querétaro o Estado de México.
El principal reto de García Harfuch es convertir a la inteligencia en el eje articulador del sistema de seguridad pública en su conjunto y orientar toda la maquinaria a la desarticulación efectiva e integral del crimen organizado, incluyendo al sicariato y el flujo de armas; en caso contrario, las detenciones no serán más que propaganda del régimen. Habrá que unificar a los ejecutivos y judiciales de todos los niveles de gobierno.
La amenaza de Trump
El presidente Donald Trump no tienen ningún incentivo para moderarse en su lucha contra los grupos criminales mexicanos. Hará todo lo que pueda para alimentar a su electorado. Además de ataques frontales, eso incluye saltarse recurrentemente al Estado mexicano para pactar directamente con organizaciones criminales para desmantelar a sus rivales, como ocurrió con la detención de “El Mayo” Zambada. ¿Las consecuencias? Una reconfiguración violentísima del control territorial del crimen organizado que solamente le deja costos políticos, económicos y sociales a México, véase el caso de Sinaloa.
