Una elección DEMOCRÁTICA conlleva un proceso que se compone por una serie de etapas y cientos de actos que son necesarios para el éxito de los comicios.
La preparación de una elección implica desde tener claras y definidas con antelación las reglas del juego, lo cual constituye una premisa básica, hasta contar con los recursos humanos y económicos suficientes para poder llevar a cabo el proceso electivo.
A lo largo de las diferentes etapas para organizar los comicios se llevan a cabo cientos de actividades que se realizan durante la etapa electoral, e incluso algunas de ellas de manera previa. Por mencionar ciertas actividades que son fundamentales: la revisión y definición de la geografía electoral, la conformación e instalación de los órganos electorales que abarcan la totalidad de la geografía electoral, la capacitación de quienes estarán en las calles buscando a las y los funcionarios de casilla, y que a su vez los van a capacitar para que el día de la jornada electoral puedan desempeñar su función, el diseño e impresión de los materiales y la documentación electoral (las mamparas en las que votamos, las diferentes actas en las que se da cuenta de lo acontecido el día de la jornada electoral, y por supuesto las boletas electorales), la organización de debates, la previsión del voto desde el extranjero, la administración de los tiempos de radio y televisión, el conteo de votos y la difusión de resultados, y desde luego la promoción de la participación ciudadana y el voto, lo cual constituye uno de los factores de legitimación más importante.
Además de estas actividades, existen otras que son igual de relevantes, en las cuales la autoridad electoral constituye un regulador y supervisor de la actuación de los participantes en la elección, entre estas están: los procesos de selección de candidaturas y el registro de las mismas, los ejercicios de redición de cuentas a través de la fiscalización, la resolución de denuncias y controversias que se suscitan durante el proceso electoral, entre otros.
El 1 de junio de 2025 casi 100 millones de mexicanos y mexicanas podremos salir a votar por 881 juzgadores y juzgadoras en todo el país, lo que implica que deberemos seleccionar entre 5,379 candidaturas de licenciados y licenciadas en Derecho que busquen ocupar un cargo dentro de la judicatura del Poder Judicial a lo largo de todo el país. No podemos perder de vista que además habrá elecciones municipales en Veracruz y Durango y elecciones en al menos tres entidades, hasta ahora, en las también se podrá votar por la judicatura local.
Esta elección es inédita, pues será la primera vez que tengamos la posibilidad de elegir a los jueces y juezas del país, y además por sus dimensiones es única en el mundo. En septiembre de este año, con la reforma constitucional recién aprobada y todavía sin reglas claras, el INE declaró el inicio del proceso electoral, sin tener garantizado el presupuesto necesario, sin contar con la estructura humana suficiente y con más interrogantes que certezas, a lo que se sumó la ola de controversias jurídicas que ordenan la suspensión del proceso. Bajo este escenario, la autoridad electoral tiene el enorme reto de organizar una elección contra reloj y sin los recursos suficientes.
Además, nos piden participar sin tener claridad sobre cómo será la campaña, qué tipo de recursos podrán usar los candidatos y candidatas, cómo será la boleta electoral y cómo se contarán los votos y anunciarán los resultados. Con criterios sumamente discrecionales para elegir a los diferentes perfiles, bajo lógicas más políticas que jurídicas, tendremos una elección que pretende ser democrática y cuyos resultados impactarán directamente en el acceso y la impartición de judicial.
En estas condiciones, ¿qué podría salir mal?
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