En esta avalancha temática que se ha originado desde la elecciones del 2 de junio, en la que hemos transitado desde asimilar los resultados, dimensionar el nuevo y abrumador mapa político, hasta dar el debate sobre las reformas constitucionales, particularmente la del Poder Judicial, buscar salidas para evitar la sobrerrepresentación en el Congreso, y nuevamente asimilar y entender la reforma Judicial y cómo se van a realizar unas elecciones que son inéditas para México y el mundo, es muy probable que no hayamos dimensionado la magnitud de las implicaciones de la reforma, los costos que nos traerá como ciudadanos y como país, algunos de ellos inmediatos y otros en el mediano y largo plazo.
#ApuntesElectorales | Los costos de la reforma judicial
El Poder Judicial comenzará a perder talento humano cuya sustitución, en cuanto a capacidades, experiencia y conocimiento, tomará años remplazar.
@EspinosaSilis
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Ayer, domingo, presenciamos un vergonzoso y lamentable ejercicio de arbitrariedad e improvisación en el Senado de la República. A través de una “tómbola” determinaron que 711 personas que actualmente encabezan un juzgado o integran un tribunal se quedarán sin trabajo a partir del 1 de septiembre de 2025, sí, eso es, definieron su continuidad a partir de una rifa, juzgadores y juzgadoras que tienen años de experiencia, que cuentan con posgrados y especialidades, que han desarrollado una trayectoria de años dentro de la justicia, fueron seleccionados a partir de una rifa, y ahora su puesto será sujeto a elección popular.
De esta manera el Poder Judicial comenzará a perder talento humano cuya sustitución, en cuanto a capacidades, experiencia y conocimiento tomará años remplazar. Imaginemos que esto pase en una empresa del sector privado, que a sus directivos los corran a partir de una “tómbola”.
Esta es solo la punta del iceberg, la reforma tendrá impacto y costos respecto de la impartición de justicia. Son miles, probablemente millones, los asuntos que están actualmente en los juzgados en sustanciación y con resoluciones pendientes, unos con más avance que otros, pero que se sabe que son del conocimiento de personas que tiene los méritos – intelectuales y profesionales – para estar ahí y emitir una resolución.
Pues olvidémonos de eso, a partir del 15 de septiembre de 2025 llegará una nueva camada de juzgadores a conocer, por primera vez, estos asuntos, muchos de ellos probablemente nunca han elaborado una sentencia o realizado trabajo jurisdiccional alguno, con suerte tendrán cierto conocimiento sobre la materia del juzgado al que los adscribieron, tendrán una curva de aprendizaje, como la de la ministra Batres.
Esto tendrá un impacto negativo en los tiempos de resolución de los juicios, así como en los criterios que se adopten, pues la reforma obliga a interpretar únicamente conforme a la letra de la ley, y cualquiera que conozca de la materia jurídica sabe que la ley no te da todas las respuestas a los conflictos que conocen los juzgadores, por lo que tendremos que atenernos a lo que nuestro nuevo juzgador electo popularmente, en una elección probablemente con baja participación, juzgue a través de su escasa experiencia y capacidad no comprobada. Esto generará un retroceso en el ejercicio de los derechos, lo que traerá un costo social que habrá que observar.
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Sumado a esto hay que tener en cuenta los costos económicos, no solo el que tendrá la elección judicial, mismo que el INE no ha determinado aún, sino además el impacto económico respecto de los juicios que están pendientes de resolver y que gracias a esta reforma tardarán más en llegar a su fin, pero que además ahora se resolverán en total incertidumbre jurídica por una persona que responderá a intereses de sus electores o de sus patrocinadores.
Los costos comerciales también habrá que analizarlos, pues todo ello pasará en un país que, si bien en el papel es atractivo para las inversiones y los negocios, principalmente por su cercanía con la economía más grande del mundo, en los hechos es hostil por la inseguridad y violencia, la falta de vías de comunicación idóneas, la insuficiencia en la generación de energía y la corrupción, a lo que habrá que sumarle la inseguridad jurídica producto de esta nueva reforma judicial, el escenario puede poner a pensar a más de uno que busque invertir en nuestro país.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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