¿Pero cuáles son los retos políticos que pueden comprometer los resultados de la estrategia? Aquí planteo los dos principales.
1. El poder militar
Las Fuerzas Armadas no son entes homogéneos y mucho menos pasivos. Son actores con intereses diversos que constantemente se encuentran promoviéndolos. De esa manera han acumulado responsabilidades de forma desmedida, incrementando notablemente su poder político y económico. Nunca antes la federación y las entidades habían sido tan dependientes de la voluntad y capacidades del Ejército.
Hoy los militares no sólo son dueños de la Guardia Nacional, sino de la seguridad pública en varias entidades y de la ejecución de las obras insignia de la Cuarta Transformación, así como de multitud de otras tareas, como lo evidencia el Inventario Nacional de lo Militarizado.
Para decirlo directamente: la subordinación al poder civil mediante la inteligencia, tal como lo plantea la estrategia de seguridad de la presidenta, es mera ficción. La cooperación será posible mientras los intereses militares no se vean afectados. El inicio del sexenio ya pinta un panorama sombrío.
En los primeros días del nuevo Gobierno hemos visto atroces violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, incluyendo una masacre contra migrantes en Chiapas y el asesinato de civiles que quedaron en medio de un operativo de seguridad en Tamaulipas. Nada de esto ha ameritado un pronunciamiento contundente a favor de las víctimas por parte de la presidenta.
¿Acaso solapará a las corporaciones militares para no reducir su margen de maniobra?
2. El poder criminal
Los recursos de las organizaciones criminales exceden sus considerables capacidades financieras y de fuego. Estos actores cuentan con enorme capital social, apoyo ciudadano y respaldo gubernamental, para promover sus intereses. Basta con recordar cómo el año pasado “Los Ardillos” obligaron al gobierno del estado de Guerrero a negociar en una plaza pública mediante la movilización de sus bases sociales o cómo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se expandieron de manera desproporcionada bajo el amparo de las autoridades locales.
Los recursos materiales, sociales y políticos de los actores criminales son tan amplios que en varios territorios son quienes aspiran al ejercicio real del poder, por encima de la autoridad del Estado. Así lo evidencia el asesinato reciente del alcalde de Chilpancingo, Fernando Arcos, quien, de acuerdo con las investigaciones periodísticas , quedó atrapado en medio de la disputa de poder entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.
A pesar del inmenso poder que aparenta detentar la presidenta Sheinbaum por su control en ambas cámaras del congreso, en la mayoría de gubernaturas, congresos estatales y cientos de ayuntamientos, el crimen continúa impune y la violencia política no cede en el país. (Esta misma semana, por lo menos, ya cuenta el asesinato de otro alcalde: Román Ruíz, de Candelaria Loxicha, en Oaxaca).
En resumen: el poder político del crimen organizado puede hacer irrelevante cualquier estrategia de debilitamiento operativo basada en la mera detención de los objetivos criminales.
